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En medio de cuestionamiento empresarial, privados abren negociación salarial

El Ministerio de Trabajo no tendrá voto en las negociaciones que involucran a 300.000 asalariados y que a sugerencia del gobierno buscan adelantar el pago del correctivo por inflación pasada

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23 de abril de 2022 a las 05:04

El Consejo Superior Tripartito del sector privado se reunió el viernes por la tarde. Allí el Poder Ejecutivo presentó oficialmente el planteo realizado a comienzo de semana: que empleadores y trabajadores negocien el pago en julio de un correctivo por inflación en aquellos sectores que no lo tienen incorporado en los convenios vigentes.

Se trata de una sugerencia que realiza el gobierno y la incorporación de esa cláusula queda librada a lo que decidan las partes cómo resultado de un acuerdo. La idea del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es que las mesas de negociación —alrededor de 80 que abarcan a 300 mil asalariados— se instalen y discutan este punto en las próximas semanas para buscar consensos. A diferencia de las instancias habituales de los consejos de salarios, el Poder Ejecutivo no tendrá voto en esas negociaciones.

Y como pasa habitualmente en todas las negociaciones salariales, la realidad de los sectores y de las empresas es muy heterogénea. Las gremiales empresariales ya señalaron en los últimos días que habrá rubros en condiciones de otorgar el correctivo, y otros en que las empresas intentarán mantener lo acordado el año pasado, es decir pagar el correctivo recién a mitad de 2023 como se pactó originalmente. Esto es algo a lo que los sindicatos se oponen desde un principio, cuando en sus plataformas dejaron a entrever la falta de credibilidad en las metas oficiales de inflación que planteó el gobierno en los lineamientos. Factiblemente los correctivos que se pagarán a mitad de año estarán mayormente entre 2% y 3%.

Esta semana el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, aseguró que le "sorprendió" la sugerencia para negociar cuando hay convenios que están vigentes. "En un momento complejo donde mientras nos piden que cuidemos precios, en paralelo nos piden corrijamos salarios por inflación", había dicho a El Observador

Asimismo, en el sector comercio también se han realizado algunos cuestionamientos a la propuesta, porque se considera que abrir la negociación supone "un cambio de reglas de juego", supo El Observador.

El adelanto del pago deberá negociarse en empresas de limpieza, estaciones de servicio, inmobiliarias, ganadería, agricultura y tambos, transporte de bebidas, talleres mecánicos, casas de cambio, industria del cuero, vestimenta y  plantas de procesamiento de pescado, entre otras.

Y hay otro grupo de mesas que ya  tienen incorporado un primer correctivo por inflación pasada  para julio, porque en la negociación de 2021 no se plegaron al lineamiento oficial y acordaron por fuera. Aquí hay  sectores del comercio como tiendas y  supermercados, trabajadoras de servicio doméstico, molinos, bebida, metalúrgicos y enseñanza privada, por ejemplo. El haberse apartado de la pauta implica además que en algunos casos hay establecidos porcentajes de recuperación salarial hasta 2023 mayores al 1,6% que planteó el gobierno.

Funcionarios  públicos

El viernes también se reunió el Consejo Superior del sector público. Durante el encuentro se acordó la instalación de las distintas mesas de rama, para que en cada una de ellas se defina cómo se computará el ajuste de 2% anunciado por el gobierno para julio próximo.
El aumento de enero de 2023 tiene tres componentes: inflación proyectada, correctivo por inflación del aumento otorgado en 2022, y recuperación de salario perdido. Para el sindicato de COFE, el 2% se debería computar como recuperación y no como adelanto del próximo ajuste anual.
“Si se imputa a la pérdida se achica y es una buena noticia para nosotros”, afirmó el dirigente Joselo López en rueda de prensa. El mes próximo se instalarán las mesas de los entes, administración central, artículo 220 de la Constitución, educación  y Poder Judicial.
El dirigente añadió que primero hay que intentar acordar cuál es la pérdida que ha tenido el sector de trabajadores públicos, porque según dijo, hay diferencias respecto a lo que plantea el Poder Ejecutivo.

 

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