En Uruguay algunos creen en el empate eterno

Posiblemente en la final de la Copa de Namibia del 2005, el árbitro del partido haya estado tentado a decretar un empate. Los futbolistas del "KK Palace" y de los "Civics" habían empatado 2 a 2 esa final y luego de patear 46 penales seguían iguales. Pero no hubo decreto de empate, siguieron tirando penales, el KK Palace convirtió gol y los Civics no; la copa fue para el primero que ganó por 17 a 16.

No existe el torneo del empate eterno. A veces la definición demora, y aunque haya deseos de terminar de una buena vez sin vencidos ni vencedores (como en la paz de 1851), siempre hay una forma de dilucidar quién gana y quién pierde.

En Uruguay hay cierta afinidad al pensamiento mágico sobre la economía, como si se pudiera digitar todo de forma de que todos queden contentos.

Cada vez que se reaviva la discusión presupuestal, mucha gente apoya aumentos de gastos por entenderlos justos, sin darse cuenta que eso tiene una contrapartida, y que si el Estado quiere beneficiar a determinado sector de la sociedad, eso no lo pagará un ente extraño, sino que saldrá de los bolsillos de otros.

Así, la gente apoya extensiones de seguro de paro en el tiempo, aumentos salariales a gremios que reclaman, más inversión en educación, más carreteras y puentes, mayor seguridad pública, mejores planes de salud, más recursos para la Justicia, ampliación de ayuda a los más pobres, y otras áreas de servicios públicos, a lo que se suma la adhesión a múltiples causas, muchas con argumento justificado y otras que no se entienden.

¿Usted cuánto está dispuesto a poner para que el Estado aumente el gasto y la inversión en todos esos rubros? No es difícil imaginar la respuesta: "Ah no, a mí ya me sacan mucho con impuestos y tasas; eso que lo pague otro". Y entonces, ¿hay otro que sí quiera ponerla?

Ahí radica la lógica de la "política impositiva" para que la gente tenga la "imposición" de aportar dinero más allá del gesto que pudiera hacer en forma voluntaria.En Uruguay cuesta entender la lógica de la "partida doble".

Cuando el presidente Tabaré Vázquez anunció el lunes 26 que encargó a los ministros de Economía y de Trabajo una fórmula para atender el reclamo de "los cincuentones", desde la representación sindical en el BPS se exponía el caso como si fuera de "ganar-ganar": nadie pierde.

Hace meses que esos trabajadores reclaman que los pasen del régimen mixto (capitalización de ahorro en AFAP y reparto en el BPS) al sistema anterior de la reforma de 1995 (sólo bolsa de reparto), porque de no ser así, van a perder mucho dinero.

El director del BPS en representación de trabajadores destacaba el lunes que con la nueva ley, esos trabajadores van a cobrar mejores jubilaciones, que el BPS recibirá millones de dólares y que el Estado podrá invertir en obras... Una maravilla. Todos ganan, nadie pierde. ¿Nadie?

Pero entonces, si ellos festejan, si ahora no van a perder, si el Estado va a ganar dinero, ¿nadie pierde?

El presidente Vázquez atendió un problema generado por la transición de un sistema a otro, que afecta a menos personas de las que se cree.

Hay muchos casos que miran sólo la pasividad que generarán, pero se olvidan que la reforma les benefició por tener que hacer menos aportes de los que hicieron, y que si "vuelven" al BPS deberán devolver el dinero que cobraron estos años.

Para los que están sólo en BPS, el aporte es sobre todo el sueldo, pero para los que pasaron al régimen de AFAP, el descuento es sobre el salario nominal topeado. Eso implica que para sueldos altos, cobraron un dinero cada mes que si estaban sólo en BPS no hubieran percibido.

Es sólo una cuestión, como para entender que no es tan lineal eso de perjudicados y beneficiados.

Además, no todos los que protestan o presentaron recursos se verán perjudicados, porque eso depende de la edad de retiro.

El caso es complejo, por eso Vázquez y Astori están de acuerdo en que la solución sea caso a caso. Otros en el gobierno piensan distinto, porque su objetivo es eliminar las AFAP (como hizo en Argentina el gobierno de Cristina Kirchner), y que el dinero de las cuentas personales de los trabajadores pase a la bolsa de reparto del BPS. Pero Vázquez no está en eso.

Ahora, habrá que esperar a ver cuál es la fórmula del gobierno, pero lo que sí está claro es que si alguien gana, habrá alguien que pierda, sean los contribuyentes de ahora o los del futuro.

Y todo se da en un tiempo de alerta dada por el propio gobierno en su proyecto presupuestal.

La Ley Nº 18.395 de noviembre de 2008 que flexibilizó las condiciones para jubilarse, hecha en el auge económico, generó un costo muy superior al previsto. "El BPS había hecho una proyección sobre cuál sería el número de altas incrementales por el efecto de la nueva ley y las mismas rondaban las 37.000 acumuladas desde 2009 a 2015", recuerda el Poder Ejecutivo en su Rendición de Cuentas.

¿Y qué pasó con eso? Los que decidieron o apoyaron esa reforma en base a esas previsiones ahora comprueban que en el BPS le erraron por un pelito...

"En base a la información actualmente disponible, las mismas (jubilaciones por ese caso) ascenderían a 103.000, quiere decir que son casi tres veces las proyectadas", dice el gobierno.

Y eso, ¿habrá tenido algún costo? Parece que sí: "Este número de altas implicaría un costo adicional no proyectado de alrededor de US$ 330 millones anuales en 2016".

¿Y quién lo paga? Lo paga la gente con impuestos o se paga quitando recursos de otras áreas (educación, seguridad), o se paga con deuda. Siempre alguien paga.

Por eso, ahora que se trabaja en una nueva ley, importa mucho que al legislar se consideren todos los impactos, porque aunque algunos quieran creer que puede haber empate permanente, en realidad podrá ser que el costo de una medida no se visualice en el presente, pero en algún momento, alguien la paga.