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Entre la angustia y la ley: otra pensión irregular fue desalojada
Parecían dos bandos enemigos. Por un lado, las familias desalojadas -unas 15 personas, algunas uruguayas y otras inmigrantes- y una representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Por el otro, la alguacil de la zona, unos policías y la abogada del propietario de esa antigua casona cercana al Mercado del Puerto, en la calle Piedras.
Los desalojados reclamaban que iban a quedar en la calle a pesar de haber pagado buena parte de su tiempo el alojamiento. La parte actora, por su parte, exigía que se cumpliera la orden judicial. Unos acusaban a los otros de ser insensibles y pensar solamente en el lucro. Los otros, expediente en mano, buscaban someterse a la ley. Pero el responsable de gestionar esa pensión ilegal no estaba en el lugar.
Los desalojados que fueron consultados por El Observador aseguraron que pagaban entre $6 mil y $16 mil por alquilar una habitación. Sin embargo, entre 2016 y 2017 comenzaron a percibir irregularidades: quién les cobraba no era el verdadero propietario del lugar. Cuando se percataron de eso, dejaron de pagarle. Según dicen, el hombre desapareció y no volvió más. Desde ese momento, pasaron a ser "ocupantes de buena fe" y en esa condición se han mantenido desde 2017. Hasta este miércoles.
La abogada del propietario explicó que quien les cobraba a los inquilinos era el único verdadero inquilino que hubo en los últimos años en la casa y que se había retirado en 2016. Según recordó, éste les explicó que se iba de la casa porque los ahora ocupantes lo habían golpeado y expulsado del lugar. Agregó que este hombre tenía otras pensiones en la ciudad.
"Es una situación similar a la que ocurrió la semana pasada en Pocitos y que se está repitiendo permanentemente en la ciudad y que pasaba desapercibido. Es un problema que está asociado, por un lado, a la ausencia del Estado en el control de las pensiones, creemos que ahí hay un debe enorme por parte de la autoridad, porque hay muchos abusos en las pensiones, hay irregularidades, entre particulares terminan generándose arreglos que no son los adecuados y en estos casos, las personas que quedan en situación de mayor vulnerabilidad siempre son los que tienen menores herramientas para defenderse", resumió Valeria España, del CDH.
En mayo de 2017, después de que el verdadero inquilino se fue, el propietario del local comenzó un proceso judicial para desalojar a los que se habían convertido en ocupantes. Pasaron dos años y cinco prórrogas. Este miércoles, a pesar de una nueva prórroga que el juez desestimó, el lanzamiento se concretó.
Uno de los desalojados se llama Diego Ferrer. Es oriundo de San José, vive en Ciudad Vieja hace 16 años, pero en esa pensión irregular desde hace 4. Pagaba $12 mil. "Voy a dejar estas cosas en la casa de un amigo", dijo mientras junta muchos artículos de mecánica automovilística. "Hicieron tanta maldad acá dentro", agregó, haciendo alusión al inquilino y "otros más" que lo acompañaban pero no recuerda sus nombres.
Claudia Méndez, montevideana, es otra de las que este miércoles tuvieron que dejar el lugar. Vivía con un nieto de 5 años y una nieta de 6. "El que decía ser el dueño nos estafó, terrible estafador", señaló. "Conseguimos un lugar para hacer el aguante, sino quedábamos en la calle", contó.
Alexander Travieso, un inmigrante proveniente de República Dominicana, sacaba sus cosas de la antigua casona mientras conversaba con El Observador. 4 años acá. "Alquilamos a una persona. Entramos pagando $6 mil y terminamos pagando $10 mil. No sabemos donde ir. Lo único que sabemos es que tenemos que sacar las cosas de acá", explicó.
"Estamos deseando que aparezca algo. Porque para nosotros, los dominicanos, está difícil conseguir algo. Cuando llevamos las garantías y hablamos con los dueños de las casas, nos dicen que sí, pero después que te identifican como dominicano te dicen que no. Porque ellos dicen que los dominicanos llegamos de a uno pero después traemos a muchas más personas", dijo y se quejó de los prejuicios uruguayos.
El problema con las pensiones que funcionan de forma irregular es un tema recurrente para el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República que interviene en todos aquellos casos en los que los afectados tienen bajos o nulos ingresos. La informalidad en la que operan muchas de las pensiones de Montevideo hace que los problemas de convivencia y los abusos por parte de los administradores sean frecuentes. Actualmente, la Intendencia de Montevideo trabaja en un proyecto de decreto para introducir modificaciones a la normativa que regula este tipo de alojamientos.
