Opinión > OPINIÓN
Entre lo correcto, necesario e inevitable
n el marco del acercamiento comercial entre el Mercosur y la Comunidad Andina, proceso que culminó con la firma de un acuerdo comercial en el año 2004, comenzó a manejarse con mayor fuerza la posibilidad de una convergencia entre los dos bloques suramericanos. Cabe recordar que en aquel momento no existía la Alianza del Pacífico y Venezuela aún formaba parte del bloque andino.
Es así como, en la reunión de presidentes realizada en la ciudad de Cuzco en diciembre de 2004, se crea la Comunidad Sudamericana de Naciones, un mecanismo de integración que tenía entre sus principales objetivos acelerar la convergencia entre los dos principales bloques comerciales de la región, además de apostar a la concertación y coordinación política, la armonización de políticas de desarrollo rural y agroalimentario y la cooperación en áreas muy diversas como la educación, la ciencia, la cultura y la integración física y digital.
Paralelamente a la creación de la nueva organización regional, los perfiles de los gobiernos de izquierda de la región comenzaban a dar señales de una enorme carga ideológica en sus definiciones de política exterior, lo que llevó a la aprobación del acta de defunción del ALCA con la conocida firma de la declaración de Mar del Plata de 2005, la paralización de las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea y el inicio de una profunda crisis en la Comunidad Andina con la salida de Venezuela y su ingreso al Mercosur. Ese mismo proceso liderado por los presidentes Lula, Kirchner y Chávez derivó en el lanzamiento de la Unasur, creada en 2008 con el objetivo primordial de contrarrestar las acciones del Sistema Interamericano liderado por la OEA.
La Unasur fue también una pieza clave de la estrategia diplomática de Brasil, que pretendió contar con un espacio que solo esté conformado por países de América del Sur, excluyendo expresamente a México, que es la otra potencia latinoamericana y por supuesto a Estados Unidos. Se trata de una estrategia más amplia que tiene que ver con la aspiración de Brasil de ocupar una silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para lo cual es necesario liderar una subregión como América del Sur.
Con el precio internacional de los commodities en niveles históricos y con un alineamiento ideológico en los países de América del Sur, la Unasur contó con el respaldo suficiente para desarrollarse, con reuniones regulares y la constitución de Consejos que tenían las mismas funciones que otros instrumentos de la OEA. De hecho, mientras existieron afinidades políticas entre los miembros, el bloque suramericano gozó de una relativa buena salud, realidad que comenzó a cambiar con el estallido de la crisis en Venezuela y la asunción de gobiernos de derecha en la región.
Uruguay integró la Unasur y desde su constitución apoyó su desarrollo. Con el cambio de gobierno y debido a la crisis que atraviesa la organización, recientemente el canciller Talvi tomó la correcta decisión de salir de la Unión, la que ya solo contaba con Venezuela, Surinam y Guyana. La decisión es coherente con lo planteado por el presidente Lacalle Pou en cuanto a que en la política exterior no se priorizarán las afinidades ideológicas, por lo que es esperable que no se ingrese al Prosur, un bloque liderado por Chile y Colombia que también tiene una importante carga ideológica. Al mismo tiempo que se retira de la Unasur, el canciller Talvi anunció que Uruguay regresará al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1947 y que fue abandonado por Uruguay debido a su activación por la crisis en Venezuela en 2019.¿
El necesario regreso al acuerdo tiene que ver con la definición tomada por el actual gobierno respecto a fortalecer la OEA, lo que también hace dejando el Mecanismo de Montevideo y dándole el respaldo a la organización interamericana en la resolución del conflicto venezolano. Respecto al TIAR, debe hacerse el esfuerzo por entender el alcance de este acuerdo de forma más moderna y no con una lógica de la Guerra Fría. Integrar el TIAR no implica que Uruguay acepte el uso de la fuerza para resolver el conflicto en Venezuela, sino que entiende que es necesario contar con un instrumento de cooperación donde los países de la región puedan debatir los nuevos asuntos sobre seguridad nacional que serán cada vez más importantes.
Otra definición tomada por el gobierno uruguayo es el apoyo a la reelección del Almagro como Secretario General de la OEA, algo que parece inevitable dada su nacionalidad y el sostén de dos potencias como Estados Unidos y Brasil. Además, si bien con un perfil polémico, dado su involucramiento personal en los intercambios con Maduro, es necesario contar con un secretario que siga sosteniendo una política condenatoria contra el régimen, continuidad que no está garantizada con los otros dos candidatos. De ser reelecto, Almagro también tendrá el desafío de ampliar la agenda de la OEA más allá de la crisis en Venezuela.
No es habitual que un nuevo gobierno en Uruguay tome decisiones que van tan en contrario de la administración anterior, pero dado el desvío histórico generado en la política exterior en particular en los asuntos políticos, fue necesario corregir el rumbo.
Ignacio Bartesaghi es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la misma Universidad. Doctor en Relaciones Internacionales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
