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Equipos de radioterapia de “última generación” incorporados por ASSE hace más de 4 años aún no están funcionando
Con el 2018 orillando su final, tras un proceso que se había iniciado al menos un par de años antes, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) adjudicó a la empresa Tera Ingenieros (que representa al fabricante Varian) la compra de tres equipos de radioterapia de “última generación” por US$ 3.975.000.
El objetivo era que los equipos sustituyeran a los aparatos antiguos y defectuosos que hay tres centros de referencia a nivel público: el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), el Hospital Pereira Rossell y el Hospital de Tacuarembó, pero esto aún no ocurrió pese a que la compra fue realizada hace más de cuatro años.
Según supo El Observador a partir de fuentes de ASSE, la demora obedeció a varias razones.
Primero, porque el pliego de la licitación no contempló los programas informáticos ni la inclusión de software de control y medición de la radiación, una situación detectada en 2020 y que tuvo que ser atendida por el nuevo gobierno. A su vez, el Pereira Rossell no tenía construido el búnker donde funcionará el acelerador, por lo que el equipo permaneció en cajas durante meses.
Estos problemas están prácticamente solucionados, ya que los programas informáticos y el software en algunos casos fue adquirido por ASSE y en otros donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Pese a esto, los equipos aún no tienen la autorización de funcionamiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR) del Ministerio de Industria (MIEM).
Los aceleradores (dos duales de alta y baja energía de fotones, y uno de baja energía) llegaron con un período de garantía, el cual ya se venció, y ahora el regulador, tal como establece la normativa, planteó que para aprobarlos era necesario que se acordaran contratos de "mantenimiento preventivo" con el objetivo de no suspender los tratamientos –por períodos largos– una vez que los equipos estén en marcha.
Esas exigencias llevaron a ASSE a una negociación con la empresa –que es monopólica en el mercado– que se ha extendido por varios meses y que también incluye una serie de repuestos.
La preocupación por la demora quedó de manifiesto en la última reunión de despacho de ASSE, cuando las autoridades solicitaron al gerente administrativo, el contador Juan Behrend, intensificar las negociaciones con Tera para firmar cuanto antes los contratos.
Uno de los últimos puntos que motivó controversia surgió cuando la empresa pidió que el gobierno adelantara una parte de los montos, algo que ASSE no puede hacer debido a que está prohibido por el Tocaf (la normativa que regula las compras públicas).
En el caso del Hospital de Tacuarembó, el director Ciro Ferreira exigió una revisión al equipo dado que tiene una pérdida de gas, que también será evaluada.
El contrato por los tres equipos se ubica en el entorno de los US$ 500 mil, dijeron las fuentes, que agregaron que la negociación está próxima a terminar.
Equipos viejos
A fines de 2020, tras diversos pedidos de acceso a la información pública, ASSE informó a El Observador que el equipo que el Hospital Pereira Rossell tiene en funcionamiento tiene 19 años, y presenta problemas técnicos en forma periódica que dificultan su correcto funcionamiento.
A su vez, el Hospital de Tacuarembó opera con un aparato de 25 años de antigüedad, mientras que el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) utiliza el acelerador que tiene rentado desde 2014 que tiene 15 años.
El hecho de tener equipos tan viejos, que se rompen con mayor frecuencia, también ha sido discutido en el directorio de ASSE, que en algunos casos ha tenido que autorizar compras directas a privados porque los servicios públicos no alcanzan para atender a todos los pacientes.
En una entrevista con El Observador en marzo de 2021, el director de la ARNR, el físico Gabriel González, dijo que lo que "muestra" esta situación es que "hay una gran fragilidad en el sistema" que tiene que ver con la "poca inversión que se hizo en los años anteriores".
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estableció en su manual práctico de 2010 que la vida útil de los equipos no puede superar la década, aunque hay otras publicaciones que conceden que ese límite puede marcarse hasta los 12 años.
