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Error confirmado en la salud
La creación de una comisión parlamentaria para investigar las muchas flaquezas obvias del sistema de salud ratifica el profundo error de la primera administración del Frente Amplio al implementar una innecesaria reforma costosa, enredada y que sigue a los tumbos después de 11 años. Cuando se la pergeñó El Observador señaló reiteradamente que era mucho más sencillo, efectivo y barato apuntalar el sistema mutual y mejorar los servicios gratuitos del Estado.
Pero el Ministerio de Salud Pública de la época insistió en introducir el Sistema Nacional Integrado de Salud cuyo único logro perceptible ha sido ampliar la cobertura a sectores de población que no la tenían.
Esta ventaja se podía haber alcanzado sin necesidad de la reforma, por lo que es un débil contrapeso a la abrumadora acumulación de claudicaciones. Incluyen delitos probados o presuntos, fundadas denuncias de irregularidades en contratos y tercerizaciones y carencias asistenciales en plazos de consultas médicas y cirugías y en provisión de medicamentos, especialmente los de alto costo.
Adicionalmente se ha castigado el bolsillo de vastos sectores de la población al forzar a todos a aportar al Fonasa aunque no lo quieran ni lo utilicen, incluyendo la obligación de los jubilados de incorporarse al sistema, resuelta hace un año.
Perdida su mayoría en Diputados, el Frente Amplio finalmente ha tenido que aceptar que se investiguen los tropiezos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), después de haberlo impedido dos veces, en 2011 y 2013. El cada vez más deteriorado funcionamiento de ASSE se agudizó en 2014 cuando la Justicia procesó sin prisión a un miembro de su directorio, Alfredo Silva, y con prisión al dirigente sindical Heber Tejeira por acciones indebidas en contratación de servicios y pagos de coimas.
Ahora se investigarán, entre otros temas, irregularidades en ese tipo de contratos, acusaciones a médicos de ASSE de favorecer a sus propias empresas privadas y la sonada estafa reciente al Fonasa.
La creación de la comisión investigadora fue promovida por el diputado de la izquierdista Unidad Popular, Eduardo Rubio, con apoyo de la totalidad de la oposición. Su iniciativa se basó en situaciones conocidas y en el resultado de una auditoría externa realizada en 2014. En esa instancia, de las más de 70 unidades ejecutoras de ASSE solo 29 suministraron información. Y de ese total, 27 mostraron irregularidades de diferente tipo, según señala la presentación de Rubio.
El diputado ha destacado también que la voluminosa estafa al Fonasa no se pudo haber realizado sin complicidad interna en información filtrada a los perpetradores de la maniobra desde dentro del organismo, ya que los datos que permitieron la estafa están resguardados en una base presuntamente secreta.
La bancada oficialista dudó hasta último momento en modificar sus anteriores rechazos a que se investigara a ASSE, pero cedió ante la seguridad de una derrota en Diputados y por el desprestigio político que hubiera supuesto seguir defendiendo lo indefendible. Eliminar la equivocada reforma ya no parece factible. Pero al menos la investigación por una comisión parlamentaria debe conducir a que se corrijan las profusas turbiedades, los manejos cuestionados o errados de los vastos recursos fiscales del sistema y la aguda pobreza de gestión que sigue caracterizando a ASSE.
