En medio del caso Astesiano, una mancha difícil de remover para este gobierno, que puso en evidencia un fallo sistémico grave que va desde el Ministerio del Interior hasta la Presidencia, a los ediles capitalinos de la oposición se les ocurrió que era hora de hacerle saber a la ciudadanía que no están conformes con la manera en que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, los considera (o, según dicen, los desconsidera). Para hacerlo decidieron iniciar un juicio político, una medida contemplada en la Constitución que tiene escasos antecedentes y que, según el consenso político incluso de integrantes de la coalición, es una decisión destemplada y, además, inútil.
Es difícil intentar decodificar la estrategia de un grupo de ediles que tomó una decisión de este tipo sin consultar a la orgánica de sus partidos, no solo porque la movida en sí misma es extrema y exagerada, sino sobre todo porque -a la luz de todo lo que pasó y sigue pasando a raíz de la detención del ex jefe de seguridad del presidente- no podían haber elegido peor momento.
A un error mayúsculo se suma una torpeza mayúscula, todo en cuestión de días; en ambos casos quedan al descubierto las mismas debilidades: ausencia de coordinación y canales de comunicación con demasiadas interferencias.
Todo lo anterior es un golpe importante para un gobierno que está a mitad de camino, que viene con apoyo popular más que razonable, que sorteó una pandemia en la que la oposición no restó demasiado pero tampoco sumó demasiado, y que en este segundo tiempo debe demostrar que la casa está en orden y recuperándose de un cimbronazo mundial que se manifiesta en forma de mayor inflación y aumento de la pobreza, entre tantas variables.
El presidente Luis Lacalle Pou y su gobierno ya tenían suficientes problemas a la hora de descifrar cómo se les “escapó” tanta metida de pata de un funcionario de confianza cercanísimo al mandatario; en el camino apareció un juicio político que de antemano se sabe -por un cálculo numérico básico- que no prosperará y que, para colmo de males, le abrió la puerta a la intendenta y al Frente Amplio para hacer una oposición que supera ampliamente el nivel departamental. Un pedido de juicio trasnochado convirtió a Cosse en víctima inesperada por unos días, además de abrir otra fuente de críticas en un momento en que la oposición nacional ya tenía suficiente para criticar al gobierno.
Los argumentos de los ediles son atendibles, pero a la luz de un pedido de juicio político quedan inevitablemente en segundo plano comunicativo. En primer lugar alegan que la intendenta no podía estar representada por otros jerarcas, porque la sesión del viernes 7 se realizó a raíz de la falta de respuesta a pedidos de información. La intendenta ha dicho que se han respondido la mayoría de estos pedidos, mientras que los ediles opositores sostienen que Cosse “ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor” desde que asumió la Intendencia y “faltó a la verdad” cuando dijo en una conferencia de prensa que el 100% de los pedidos habían sido contestados.
La decisión de iniciar juicio político está sustentada en el artículo 285 de la Constitución, que establece que “La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor”. Todavía hay discusión sobre las aristas reglamentarias que supone este artículo, pero lo que no previeron los ediles -y llama la atención- es que solicitar una medida tan grave como un juicio política por una inasistencia para hablar de pedidos de informes, era un boomerang que les terminó pegando a ellos, pero también al gobierno, que en estos días no necesita ni un golpe más.
Desde el oficialismo gubernamental hubo algunos apoyos, bastante silencio y unos cuantos revoleos de ojos ante una medida que no colabora y, todo indica, tampoco generará ningún cambio, porque este juicio no tiene chances de que sea aprobado en el Poder Legislativo. Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Defensa, Javier García, quien cuestionó la decisión de los ediles por considerarla “muy extrema” desde el punto de vista político.
García tiene muchos años de político y Parlamento y comprendió de inmediato que la movida creaba una víctima y sumaba más problemas para su partido y su presidente. Por eso también aclaró que “no hubo una consulta orgánica” por parte de los ediles a las autoridades del Partido Nacional, así como tampoco a la coalición de gobierno. La vicepresidenta Beatriz Argimón consideró algo similar.
Lo que tal vez intentó ser una medida ejemplificante, terminó en un circo que además continuará: la comisión del Senado que procesará este juicio deberá citar a la parte acusada, Cosse, y luego de un período de pruebas, se presentarán los alegatos de las dos partes. Todo terminará con un informe de la comisión, o dos, uno por parte de la minoría y otro por la mayoría. Todo con el telón de fondo del otro escándalo verdaderamente importante y en el que el gobierno debe invertir todo su poderío comunicacional para intentar frenar los cuestionamientos de la oposición y que, en el mejor de los casos, solo la Justicia podrá evacuar definitivamente.
Mientras tanto la intendenta encontró un canal que seguramente no tenía previsto para plantear sus críticas al gobierno. “La preocupación por el trabajo, la economía, por los precios que suben, por la inseguridad por la decenas de homicidios, por la falta de medicamentos en los hospitales, por los miles de uruguayos que se alimentan en las ollas populares mientras el Mides ataca a las organizaciones de las ollas, por el aumento de la pobreza en los niños de 0 a seis años, por los niños que pasan hambre en el Uruguay no va a desaparecer a pesar del humo que se genere con este hecho”, dijo Cosse en un video que difundió poco después de que la Junta votara el juicio político. No olvidó señalar que “por si esto fuera poco estamos viviendo una situación muy compleja relativa al gobierno nacional en la cual estamos asistiendo a la entrega de pasaportes falsos desde la sede principal de la institucionalidad democrática, la entrega de un pasaporte expres a un narcotraficante preso por usar pasaporte falso y la entrega de beneficios de manera directa a la industria tabacalera”.
Los ediles le abrieron la puerta a una batería que ya estaba bien cargada y así permitieron que lo que es una crisis gubernamental de peso, con altos costos políticos, se amplifique aún más.
“Estamos viviendo momentos muy complejos de la institucionalidad democrática”, dijo la intendenta en el mismo video, una exageración por su parte, como lo es el juicio político que ahora pesa sobre ella.
