El gobierno de España aprobó una nueva reforma de la Ley de Extranjería que potencia los procedimientos de control y expulsión de inmigrantes ilegales, aumenta las obligaciones de los transportistas y confiere al visado la consideración de permiso de trabajo y de residencia.
Las empresas deberán comunicar el nombre, los apellidos, la fecha, el lugar de nacimiento, la nacionalidad y el número de pasaporte de los pasajeros. También deberán comprobar "debidamente" su documentación. De lo contrario, por este incumplimiento podrán recibir sanciones de entre 3.000 y 6.000 euros por cada viajero.
Acebes también dijo que otra de las novedades de la reforma es que "se incorporan criterios generales de inscripción en el padrón para los extranjeros, y se regulan cuales son los documentos acreditativos de la identidad de los inmigrantes para tener acceso a su inscripción en el padrón".
(En base a diarios españoles)
