Esperanzada apertura carcelaria

La habilitación de la nueva cárcel de Punta Rieles aporta elementos favorables pero no despeja dudas sobre si se convertirá en un centro modelo de reclusión. Un avance es que se trata del primero y único resultado tangible hasta ahora de la ley de participación público privada (PPP).

Fue aprobada hace más de cuatro años como panacea para atraer inversión privada en asociación con el Estado, pero la complejidad burocrática de los trámites frustraron casi la totalidad de los proyectos concebidos. El gobierno confía en que la tardía puesta en marcha de la PPP lo ayudará a asegurar financiación para las obras de infraestructura que está obligado a concretar, de las que depende que UPM confirme la construcción de la nueva planta de celulosa.

El gradual traslado de presos a la nueva cárcel moderna desde la semana próxima tendrá el efecto impostergable de descongestionar los peores centros de reclusión, en los que se hacinan gran parte de los 11 mil reclusos que hay en el país. Y por primera vez en la historia reciente operadores privados estarán a cargo del funcionamiento de algunas áreas del penal.

La empresa privada concesionaria y constructora del vasto edificio para casi 2.000 reclusos manejará en los próximos 27 años los servicios de alimentación de presos y funcionarios, lavandería de ropa de cama y vestimenta, limpieza de las instalaciones y control de plagas. La reeducación y salud de los internos seguirá en manos del Estado, permaneciendo además a cargo del Ministerio del Interior las tareas de vigilancia y otros aspectos de la seguridad.

Este último punto genera incertidumbre por la inconveniente persistencia de esas funciones en manos de la Policía. Desde hace décadas ronda en los despachos oficiales la opción de poner la seguridad en manos de un cuerpo especializado por fuera de la Policía, para evitar los casos de amiguismo y corrupción que se han registrado varias veces con guardias penitenciarios en connivencia con reclusos, especialmente poderosos narcotraficantes, a los que proveían de drogas, celulares y alguna vez hasta armas.

El mismo riesgo persiste con la guardia policial en Punta de Rieles, ya que basta la claudicación de unos pocos para quebrantar la seguridad del penal.

Presumiblemente se seleccionará a los presos menos peligrosos para alojarlos en Punta de Rieles, para disminuir los desórdenes de todo tipo que han convertido a algunos módulos del Comcar y al penal de Libertad en degradados centros de violencia.

Este riesgo existe especialmente con los muchos líderes del tráfico de drogas, que están tras las rejas pero que siguen controlando a sus secuaces con celulares desde sus celdas y que más de una vez se enfrentan entre ellos dentro de los penales, generando hasta asesinatos. La esperanza es que la nueva cárcel se convierta en ejemplo de mejora del precario sistema carcelario, que le ha generado al país embarazosas condenas de Naciones Unidas.

Para que esa esperanza se concrete, sin embargo, no basta con la apertura de Punta de Rieles. Dependerá de cómo se administre por parte de los operadores privados y del Estado, especialmente en materia de seguridad y en áreas claves como mejorar la educación de reclusos socialmente rescatables, el aprendizaje de oficios, la atención de su salud, el mantenimiento ordenado de los servicios y evitar el deterioro de las instalaciones que caracteriza a otros penales.