Economía y Empresas > INVERSIONES
Estudio pide más transparencia en contratos entre Estado y privados
Trabajo analiza aquellas superiores a US$ 80 millones más recientes
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21 de agosto de 2015 a las 05:00
Ni bendición ni maldición. Las grandes inversiones, desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, no necesariamente deben analizarse desde este ángulo. Esa es una de las conclusiones a las que arriba el Cuaderno sobre Desarrollo Humano N° 7 titulado Grandes inversiones en Uruguay: oportunidades y riesgos, de la serie El futuro en foco, editado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay. Entre los desafíos pendientes, los autores plantearon mejorar la transparencia de los acuerdos alcanzados con grandes empresas.
El trabajo –llevado a cabo por un equipo del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República– analiza las inversiones mayores a US$ 80 millones realizadas en el periodo 2005 - 2012. Este tipo de inversiones, señala el informe, son llevadas adelante en Uruguay esencialmente por firmas privadas extranjeras o por empresas públicas locales. Una parte importante de ellas se vuelcan a la explotación de recursos naturales en los que el país ya es o podría ser rico. El trabajo distingue dos grandes grupos: extracción de recursos del subsuelo e industrialización de producciones agropecuarias.
Se resaltan tres desafíos principales para la gestión de estos recursos y la preservación del medio ambiente: la gestión de los recursos no renovables, el manejo de los efectos ambientales del crecimiento y la generación de más y mejores instrumentos de evaluación y monitoreo. Como dato, se aporta que a febrero de 2012, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) tenía 18 técnicos para dar las autorizaciones ambientales.
Desde 2007 no se tiene conocimiento de propuestas de grandes inversiones que hayan sido rechazadas por las autoridades por temas de regulación económica, laboral o ambiental.
Zonas francas y promoción Uruguay, indica el trabajo, tiene un abanico grande de herramientas para atraer inversiones, dentro de las cuales se destacan el régimen de zonas francas y el de promoción de inversiones. Este último, se añade, es "ampliamente utilizado" por firmas con proyectos de inversión relativamente grandes, pero las "muy grandes" tienden a negociar mano a mano con el Poder Ejecutivo. En este terreno, uno de los pocos contratos de este tipo que se han conocido es el celebrado entre Uruguay y la empresa Montes del Plata.
Además, resalta la aparición con fuerza de acuerdos bilaterales de protección y promoción de inversiones. De las 18 inversiones que contempla el estudio, por lo menos ocho están amparadas en este tipo de acuerdos. A la hora de nombrar cuáles son las áreas a fortalecer a nivel de las políticas públicas, se mencionan las cláusulas de confidencialidad en los contratos entre empresas y el Estado, porque "parecen contemplar demasiado las preocupaciones de inversiores privados y descuidar relativamente las de la ciudadanía". En este sentido, en una charla con periodistas esta semana, dos de los autores del informe (Andrés Rius y Carlos Bianchi) sostuvieron que si bien hoy existe más "control ciudadano" sobre estos proyectos, aún resta definir formas de diálogo organizadas previas a la explosión de un conflicto ante la posible concreción de una inversión de este tipo.
También se apunta que la política ambiental tiene todavía espacio para desarrollarse "y requiere una inserción institucional que le permita cumplir su rol". Los autores consideran que es fundamental, para que estas inversiones ayuden al desarrollo humano sustentable, la cautela y la difusión de información y promoción de la participación de diferentes actores.
El trabajo –llevado a cabo por un equipo del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República– analiza las inversiones mayores a US$ 80 millones realizadas en el periodo 2005 - 2012. Este tipo de inversiones, señala el informe, son llevadas adelante en Uruguay esencialmente por firmas privadas extranjeras o por empresas públicas locales. Una parte importante de ellas se vuelcan a la explotación de recursos naturales en los que el país ya es o podría ser rico. El trabajo distingue dos grandes grupos: extracción de recursos del subsuelo e industrialización de producciones agropecuarias.
Se resaltan tres desafíos principales para la gestión de estos recursos y la preservación del medio ambiente: la gestión de los recursos no renovables, el manejo de los efectos ambientales del crecimiento y la generación de más y mejores instrumentos de evaluación y monitoreo. Como dato, se aporta que a febrero de 2012, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) tenía 18 técnicos para dar las autorizaciones ambientales.
Desde 2007 no se tiene conocimiento de propuestas de grandes inversiones que hayan sido rechazadas por las autoridades por temas de regulación económica, laboral o ambiental.
Zonas francas y promoción Uruguay, indica el trabajo, tiene un abanico grande de herramientas para atraer inversiones, dentro de las cuales se destacan el régimen de zonas francas y el de promoción de inversiones. Este último, se añade, es "ampliamente utilizado" por firmas con proyectos de inversión relativamente grandes, pero las "muy grandes" tienden a negociar mano a mano con el Poder Ejecutivo. En este terreno, uno de los pocos contratos de este tipo que se han conocido es el celebrado entre Uruguay y la empresa Montes del Plata.
Además, resalta la aparición con fuerza de acuerdos bilaterales de protección y promoción de inversiones. De las 18 inversiones que contempla el estudio, por lo menos ocho están amparadas en este tipo de acuerdos. A la hora de nombrar cuáles son las áreas a fortalecer a nivel de las políticas públicas, se mencionan las cláusulas de confidencialidad en los contratos entre empresas y el Estado, porque "parecen contemplar demasiado las preocupaciones de inversiores privados y descuidar relativamente las de la ciudadanía". En este sentido, en una charla con periodistas esta semana, dos de los autores del informe (Andrés Rius y Carlos Bianchi) sostuvieron que si bien hoy existe más "control ciudadano" sobre estos proyectos, aún resta definir formas de diálogo organizadas previas a la explosión de un conflicto ante la posible concreción de una inversión de este tipo.
También se apunta que la política ambiental tiene todavía espacio para desarrollarse "y requiere una inserción institucional que le permita cumplir su rol". Los autores consideran que es fundamental, para que estas inversiones ayuden al desarrollo humano sustentable, la cautela y la difusión de información y promoción de la participación de diferentes actores.
