Para eso es clave que los nonis (jóvenes que no estudian ni trabajan) pueden desarrollar sus capacidades básicas. Esto incluye aspectos cómo saber relacionarse con sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, al jefe no se puede contestarle mal. Si hay que estar en las 9 en el trabajo es esa la hora y no las 9.30. Son cosas que son obvias, pero hay gente que no lo hizo nunca y no lo sabe. No lo tiene interiorizado. También hay cuestiones que ya no tienen que ver con habilidades básicas sino con aspectos concretos como el desempeño de estos nonis en el mercado laboral. Esto tiene que ver directamente con capacitación. Estas son tareas complicadas porque presenta una mezcla de conflictos. En primer lugar, encontrar quién enseñe y después que lo que se capacita tenga una demanda asegurada por el mercado. Es muy común que en varios puntos del país haya cursos de computación, de cocina. En algunos casos son útiles, pero también después encontramos casos que no tienen ningún correlato con el mercado de trabajo. Por ejemplo, acá lo que hace falta es un tornero pero preparamos gente en Excel. Por más que el curso sea bueno, es inútil con el objetivo final que es vincular al joven con el mercado de trabajo. Este tipo de desafíos requiere mucho trabajo territorial. El desafío es tener a alguien que cubra 20 manzanas de Montevideo o en el Chuy pensando quiénes pueden trabajar ahí.
¿Es posible reducir 50% los más de 100.000 jóvenes nonis en un período corto de tiempo?
Es alcanzable transitar un camino de reducción sostenida. ¿Cuál es la meta o el número? Es complicado de proyectar. A nosotros nos preocupa más que haya un objetivo político claro para atacar esta problemática. Y en eso es claro que hay un consenso con el gobierno, la oposición, analistas independientes y académicos. Casi nadie dice “esta es gente (por los nonis) que no quiere trabajar”. Algunas políticas están funcionando bien, pero lo que estamos viendo es que aún hay programas que están a nivel de piloto. En uno de los análisis, encontramos que hay entre 20 y 25 programas destinados a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Sin embargo, cuando miramos a cuántos jóvenes cubre cada uno de estos, encontramos que hay casos que no cubren a más de 300 chicos. Hay muchas ideas, innovaciones interesantes, pero falta consolidar los planes con objetivos y metas. Lo importante es asegurase que el camino es el de implementar programas que estén bien financiados y con capacidad de implementación para sostenerse en el tiempo. Es muy difícil que de un año para el otro se reduzca a la mitad el número de nonis. Lo que uno puede hacer es cada año estar mejor que el anterior. Pero lo central es enfocarse en no producir una nueva generación de nonis. Las transferencias del Estado han estado en el tapete político en los últimos meses, sobre todo a la hora de exigir contraprestaciones a esa ayuda del gobierno a los hogares más pobres.
¿Qué posición tiene al respecto?
Las políticas de transferencias de Uruguay en los últimos años son las que explican que la pobreza y la indigencia sean muchísimo más bajas de lo que podrían ser. En ese contexto, no hay ningún espacio para discutir que esas no fueron políticas sumamente exitosas. La baja del indicador indigencia no es para mirarlo fríamente. Es gente que antes no tenía para comer y ahora come. Nosotros trabajamos detrás de un escritorio mirando numeritos. Que la indigencia baje del 5% al 0,5%, es un montón de gente que antes no comía y ahora come. Y eso lo hizo esta política. Dicho esto, cuando se lanzó la política de transferencias para el ingreso ciudadano en 2005 y las asignaciones familiares con el Plan de Equidad se combinaron dos objetivos. Uno era una transferencia para que los hogares tengan recursos básicos para su subsistencia y el segundo apuntaba a trabajar sobre la deserción escolar. Uno mira los números de Uruguay y ve que en la escolaridad primaria no hay prácticamente problemas. En los liceos el problema es más serio porque hay mucha deserción. Esos son los números que vemos todo el tiempo y donde ha sido difícil progresar. Nos parece que la solución no debería ser dejar de pagarles a los responsables de los adolescentes que no van al liceo. No nos preocupa ahorrar dinero. Preocupa que el adolescente vaya a secundaria. Y en ese sentido parece que habría que realizar un esfuerzo mayor para entender por qué ese adolescente no concurre al liceo. Entonces es claro que existe una clara falla del sistema, porque ese joven sí fue a la escuela.