Nacional

Extorsión a familiares de presos: una realidad que crece y preocupa a autoridades

Un grupo de mujeres lidia con los llamados de sus hijos, quienes les piden que depositen dinero en cuentas para salvar sus vidas

Tiempo de lectura: -'

18 de febrero de 2019 a las 05:00

En las esperas de entre tres y cinco horas, bajo el sol de verano o las lluvias de invierno, que hacen los familiares que visitan a los presos en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), un grupo de mujeres –que todavía no se conocían entre sí– comenzaron a notarlo: había otras visitantes que cada vez iban mejor vestidas. Usaban ropa de marca que antes no se ponían, al igual que los reclusos que visitaban, sus hijos y parejas. 

Las mujeres, que tiempo después formarían el colectivo Estrella de Mar para reclamar juntas mejores condiciones de reclusión para sus hijos, observaban esa situación con susto e impotencia porque algunas sufrían la otra cara de la moneda: sus familiares las llamaban desesperados para decirles que estaban amenazados, que debían pagar o morir, que habían consumido droga y debían plata. Y entonces imploraban que depositaran dinero en determinadas cuentas en casas de cambio, con el número de cédula de un pariente del recluso que lo tenía contra las cuerdas.

“Es difícil de detectar, e incluso de cuantificar, pero entiendo que han aumentado los chantajes a las familias de los propios presos para que pongan plata en Abitabs o les lleven comida”, dijo a El Observador Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles.

“Y es fruto de lo mismo –agregó–. El agujero negro de la falta de actividad. Estamos tratando de tener los datos, pero a nivel de percepción nos llega que es un problema que ha crecido”, agregó Petit.

Emma –que al igual que las otras mujeres del colectivo prefirieron no difundir sus apellidos por temor– es una de las coordinadoras de Estrella de Mar, que se fundó en junio de 2016 en la misma fila de ingreso al Comcar. El objetivo era unificar esfuerzos y pedir citas con las autoridades para logra cambios, aunque fueran puntuales y escasos. "Aspirinas para un cáncer", dicen ellas, imitando una frase de Petit.

“Cuando a mi hijo lo cambiaron del módulo 11 al tres, se suponía que era un premio, porque antes se pasaba las 24 horas del día encerrado. Pero no”, cuenta Emma. “Lo empezaron a amenazar todo tiempo, que bajara al patio a pelear, que entregara las cosas que yo le daba en las visitas, como la comida, porque la que les dan en el Comcar es un horror”. La comida del centro, además, es repartido por una figura que le llaman el ranchero: un recluso que se encarga de esa tarea y que, por ende, le confiere poder. Él resuelve qué cantidad darle a los internos en función de negociaciones, contaron las mujeres. 

Abandonos

El hijo de Elena, que salió en libertad hace pocos días, le pedía plata a menudo. “Le ponía dos por tres $ 500, porque si me negaba, decía: ‘Mamá, poneme porque si no tengo que pelear”, cuenta. Lo hacía casi siempre, pero a veces no tenía nada. Y no le daba.

Petit sostuvo que hay familias que incluso “han dejado de hacer visitas” como último recurso. “Simplemente ir a visitar al preso y mostrar apoyo familiar hace que él se transforme en un blanco de extorsiones, porque ellos no tienen nada: no tienen elementos de higiene básica, ropa, viven en una total deshumanización”, sostuvo.

Eso Emma lo conoce de primera mano. “Viven en una situación de total desamparo, de a nueve en celdas en donde entran seis. A mi hijo tenía que llevarle jabón, aguajane y papel higiénico, porque no tienen nada. Y cuando no me dejaban entrar con las cosas, por cualquier razón arbitraria, él se quedaba sin papel para limpiarse y tenía que usar el polifón del colchón”, dice.

A veces el problema es más complejo, porque las mujeres cuentan que no en todos los casos las amenazas eran reales: la adicción a las drogas es un problema común, y algunos simulan estas situaciones que no son tales para conmover a sus familias.

Eso le ha pasado a Margaret, otra de las integrantes del grupo –que hoy cuenta con 17 mujeres–, a quien prácticamente le dejó de hablar. E incluso de ver: este martes fue a visitarlo luego de un año para contarle que estaba embarazada.

“Me decía que precisaba plata para cualquier cosa, porque se le rompía el calentador o lo que fuera. Pero un momento le dejé de dar. ‘Me van a matar por la deuda, mamá’, me suplicaba. ‘Que te maten’, le decía. Para ese momento yo ya había hecho mucha terapia grupal, porque mi hijo es un adicto. Psicológicamente esto es espantoso”, dice.

El Observador intentó el contacto con Alberto Gadea, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero no respondió los mensajes y llamados.

Garantías

A Petit le preguntan cómo se denuncian estas situaciones. Y la respuesta es que, aunque hay que hacerlo, "es muy complicado asegurarle garantías al que denuncia".

“Muchas veces no lo hacen por miedo o por la vulnerabilidad que tienen en el barrio. Nosotros apoyamos y en la medida que podemos asistimos en esas denuncias”, dijo el comisionado y añadió que tanto el INR como el Departamento de Información Penitenciaria (DIAP) o la Fiscalía -además de su Oficina- pueden recibir las denuncias. “Hay que romper la impunidad. La cárcel no puede ser un ghetto. La institucionalidad, como el accionar de la justicia frente a delitos, debe ser intensa y sus señales claras”, dijo Petit.

Para el comisionado parlamentario, entonces, la clave descansa –igual que para casi todos los problemas carcelarios– en las mejoras estructurales del sistema penitenciario, sobre todo en la introducción de actividades para los internos, como el aprendizaje de oficios, recibir educación o realizar deportes.

"Cuanto más normal sea la vida en sociedad, la violencia será menor. Por eso es que queremos que estudien, trabajen, tengan una biblioteca, y aprendan". Las riñas, disputas por territorio o por el liderazgo de bandas criminales dentro de las prisiones, las muertes violentas en general disminuyen cuando los reclusos tienen tareas, suele repetir Petit. 

"La clave es que el clima que haya en las cárceles sea de normalidad", afirmó.

Petit recorrió el Comcar a fines de enero, luego de que se produjeran una serie de enfrentamientos entre los internos de los módulos 10 y 11. Las autoridades habían detectado que varias celdas del módulo 11 estaban rotas, y que los internos salían por las noches para enfrentarse con otros presos, en una lucha que se había recrudecido en las últimas semanas

"Se requiere de un apoyo superior, logístico, recursos", sostuvo entonces el comisionado, además de "una ingeniera de gestión" que no existe en el país pero que sí se implementa en Argentina, en donde hay un modelo de administración carcelaria que Uruguay debería imitar, opina Petit.

"El Comcar no puede funcionar con un director para 3.200 personas. Cada módulo debería ser independiente, tener un alcalde, un responsable subordinado al director general", contó días atrás.

El último asesinato en el Comcar ocurrió este viernes: Gustavo Sánchez, alojado en el módulo 10, fue atacado a puñaladas por otros reclusos en la madrugada y murió más tarde en el Hospital de Clínicas, según informó el Ministerio del Interior. Había ingresado a la cárcel el 18 de octubre, imputado de siete delitos de rapiña.

Era un ranchero.

    REPORTAR ERROR

    Comentarios

    Registrate gratis y seguí navegando.

    ¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

    Pasá de informarte a formar tu opinión.

    Suscribite desde US$ 245 / mes

    Elegí tu plan

    Estás por alcanzar el límite de notas.

    Suscribite ahora a

    Te quedan 3 notas gratuitas.

    Accedé ilimitado desde US$ 245 / mes

    Esta es tu última nota gratuita.

    Se parte de desde US$ 245 / mes

    Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

    Elegí tu plan y accedé sin límites.

    Ver planes

    Contenido exclusivo de

    Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

    Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

    Cargando...