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FA cuestiona fideicomiso por asentamientos: "enfrenta a pobres del campo con los de la ciudad"
El gobierno decidió reasignar fondos del Instituto Nacional de Colonización hacia un fideicomiso para programas que trabajan en la erradicación de los asentamientos y esto generó críticas en el Frente Amplio (FA). La oposición comparte el espíritu de atacar el problema de vivienda de las poblaciones más vulnerables pero entiende que el dinero no debe salir del organismo mencionado.
Tal como informó El Observador este martes, el presidente Luis Lacalle reunió el jueves 24 a los líderes de la coalición para informarles de esta decisión. En una reunión reservada en la residencia de Suárez el mandatario les anunció que crearía un fideicomiso y que los fondos saldrían del dinero que Colonización utiliza para comprar tierras. Dos días después lo hizo público a través de su cuenta de Twitter.
“Me parece muy bien que se busquen recursos para resolver el tema de los asentamientos. Pero no es por la vía de sacarle el último recurso que tenía el instituto para comprar tierras”, dijo a El Observador Andrés Berterreche (MPP), director en representación del FA en Colonización.
Para Berterreche, que dirigió el organismo durante el gobierno de José Mujica, esta decisión es darle un “tiro de gracia” en la faceta de “herramienta para el desarrollo”.
Además, aseguró que no es la primera decisión de este gobierno que perjudica al organismo que administra las tierras y recordó algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En el Presupuesto, además, el Instituto también tuvo un recorte ya que se topeó la cantidad de dinero que puede recibir mediante uno de los mecanismos que se financia para comprar tierras (el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales).
En el mismo sentido se expresó el diputado frenteamplista Daniel Caggiani. El legislador aseguró que el “acceso a la tierra y la vivienda” es un “problema serio y estructural” que no se “soluciona con curitas ni vistiendo un santo para desvestir a otro”.
El acceso a la tierra y la vivienda es un problema serio y estructural de nuestro país que no se soluciona con curitas ni vistiendo un santo para desvestir a otro. Menos enfrentando a pobres del campo con la ciudad. ¿Cuándo y con cuánto aportan los ricos del Uruguay para esto? pic.twitter.com/GOsecyUD5t
— Daniel Caggiani (@DCaggiani) June 29, 2021
Caggiani aseguró que con esta decisión se enfrenta a los “pobres del campo” con los de la ciudad, según escribió en su cuenta de Twitter.
El que defendió la medida tomada por el gobierno fue el senador blanco Sebastián Da Silva que la calificó de “inteligente”. “Es inteligente tomar esos fondos provenientes de un impuesto inocuo y destinarlo a gente con mayores necesidades”, aseguró en diálogo con El Observador.
El dinero que se va a redirigir sale del impuesto a la renta por la venta de inmuebles rurales.
Ese impuesto se cobra por el sobreprecio por el que se venden los campos. Es decir, si se compró a 100 y se vende a 1.000, lo que se grava es la diferencia.
El adicional del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, que también financia a Colonización para la compra de nuevas tierras, se va a redirigir aunque son menos recursos que el anterior. En total, se estima que serán unos US$ 20 millones anuales.
El detalle se conocerá este miércoles cuando el Ministerio de Economía presente el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento. El dinero que se recaudó por estos impuestos en 2020 (también unos US$ 20 millones) está en Rentas Generales y también irá destinado al fideicomiso.
Para el senador blanco, además, es necesario realizar una auditoría en Colonización sobre compra de tierras en períodos anteriores. “Tiene en su cartera tierras muy valiosas que puede vender para comprar campos que sean productivos”, aseguró.
Funcionarios en contra
La Asociación de Funcionarios del organismo emitió un comunicado en el que cuestionó la decisión del gobierno de redirigir los recursos.
“Quitar estos recursos de la órbita del INC, anula las posibilidades de aumentar la cartera de tierras y, por lo tanto, extirpa al Estado la principal herramienta para generar desarrollo real y sustentable, aumentando el proceso de éxodo rural”, dice el comunicado difundido este martes.
Los funcionarios agregan que es necesario atender la situación de los asentamientos pero entiende que “hacerlo a costa de la política de tierra es atacar las consecuencias del problema agravando las causas”.
