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Fachada de la Fundación A Ganar

Nacional > Acciones legislativas y judiciales

FA pone en la mira tres contratos casi simultáneos firmados por intendencias blancas con Fundación A Ganar

Ministros de la oposición en el TCR llaman la atención sobre similares procesos de selección en  Durazno, Paysandú y Rocha "y con un solo oferente"

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19 de noviembre de 2021 a las 05:00

El Frente Amplio analiza a nivel nacional emprender acciones de investigación a nivel parlamentario y, eventualmente, derivar a la Justicia todo lo relacionado con una serie de contratos de características similares celebrados por varias intendencias gobernadas por el Partido Nacional y que, en todos los casos, terminaron con el mismo beneficiario: la Fundación A Ganar. 

El detonante fue una respuesta considerada incompleta, parcial e insuficiente a un pedido de informes efectuado por el diputado Martín Tierno (MPP), que además motivó una disputa entre ministros del Tribunal de Cuentas (TCR), en torno a un convenio entre la Intendencia de Durazno y esa fundación.

Tierno había pedido información sobre el proceso de licitación abreviada que permitió, el año pasado, la contratación de esa organización por parte de la administración de Carmelo Vidalín, para realizar "gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales y deportivas". 

La respuesta avalada por la mayoría aparece firmada por la secretaria general del organismo, Olga Saltinelli Taubner y fechada el 6 de octubre. Allí se señala que el Tribunal había observado el contrato el 21 de enero de este año, al reparar que se había incumplido con lo previsto en el artículo del Texto Ordenado de Administración y Contabilidad Financiera (Tocaf), en cuanto que la intendencia carecía de disponibilidad presupuestal. El gasto fue reiterado un día después por Vidalín, e intervenido en abril por el TCR. 

El informe en mayoría eludió responderle a Tierno si las condiciones de contratación fueron adecuadas, al "no corresponderle" expresarse sobre ese punto. 

Sin embargo, los ministros frenteamplistas Miguel Aumento, Diana Marcos y Enrique Cabrera votaron en forma discorde la respuesta, al considerarla absolutamente insuficiente, y porque se evitó además incluir en el informe las consideraciones que los tres habían efectuado en la sesión que analizó el dictamen sobre el contrato. 

En su fundamentación, a la que accedió El Observador, Aumento señaló que los servicios jurídicos del TCR pudieron comprobar que el vínculo entre Durazno y A Ganar hubo un claro apartamiento del Tocaf, ya el acto de apertura de las ofertas presentadas a la licitación se efectuó apenas cinco días después de realizado el llamado. La norma prevé un plazo mínimo de diez días. El ministro subrayó que el llamado no hacía mención alguna a una eventual urgencia como excepción. 

Según Aumento el llamado tampoco cumplió con tener criterios objetivos de evaluación para la adjudicación del contrato. 

Cabrera, en tanto, reparó en que el llamado efectuado por la intendencia lo acota a "organizaciones no gubernamentales y fundaciones", con la particularidad que las prestaciones a desarrollar se limitan a los objetivos para los que fueron creadas, con exoneraciones patronales directamente vinculadas al cumplimiento de los objetivos. 

El ministro cuestionó a su vez la generalidad del llamado, dirigido a "gerenciamiento de recursos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, de desarrollo y servicios generales". 

"La amplitud de las áreas a tender restringe mucho la competencia y la concurrencia de oferentes", señaló Cabrera. 

Pese a que la Fundación a Ganar se define como una "organización sin fines de lucro" destinada a "el mejoramiento de las condiciones de educación y empleabilidad de los jóvenes uruguayos", a juicio del ministro no se ve en la licitación una preferencia por los jóvenes en situación de problemas críticos de empleo. 

El llamado habla sustancialmente de personal técnico y docente con experiencia. "No es de recibo que en ese perfil laboral se encuentren las personas de mayor vulnerabilidad", objetó Cabrera. 

Otro punto objetado es que, al limitar el llamado a Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, se vulneró nuevamente el Tocaf en lo que hace a publicidad, igualdad de oferentes y concurrencia en procedimientos competitivos. 

Cabrera reparó asimismo en un detalle puntual: la mayoría del tribunal eludió informar a Tierno que la Intendencia de Durazno fundamentó la reiteración del gasto en un "compromiso" de gestión entre la comuna y el Poder Ejecutivo. 

"Esto podría tener relación con similares procesos de selección", observó el ministro, realizados en las intendencias de Paysandú y Rocha, adjudicados también a la misma fundación, "con similares pliegos y observaciones, durante el mismo tiempo y con un solo oferente". 

Así, en Durazno el llamado se aprobó el 16 de diciembre de 2020, el plazo para presentar ofertas era hasta el día 18 y y la adjudicación fue el 23 de diciembre. En Paysandú, el llamado se publicó el 23 de diciembre, el día 28 se hacen modificaciones al pliego, la apertura del ofertas fue el 30 y la adjudicación el 11 de enero siguiente. 

En Rocha, en tanto, el llamado se aprobó el 29 de diciembre de 2020, se publicó el 6 de enero de 2021, la apertura de ofertas fue el día 8 y el mismo día se produjo la adjudicación. 

"En un plazo de menos de un mes se hicieron compras similares, con un único oferente, con limitaciones a la concurrencia similares ya que no se cumplieron con los plazos de publicidad y se limitó a otros posibles oferentes de acuerdo al objeto de compra", subrayó Cabrera. 

Otras de las dudas que debió haber subrayado el TCR en su informe a Tierno están relacionadas, a su juicio, en cuál es la relación laboral de los funcionarios contratados por esta vía, ya que supervisión queda directamente en manos de la intendencia. 

Señalamientos previos

En el caso de Paysandú, el Frente Amplio local adelantó hace pocos días que presentará una denuncia penal en torno al contrato entre esa comuna y la fundación. Una comisión investigadora de la Junta Departamental concluyó, con votos de nacionalistas y colorados, que no hubo irregularidades en el proceso. 

En la oposición apuntan a que la fundadora de A Ganar es Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, que fue ministro de Economía durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Además destacaron que el director ejecutivo es Alejandro Rico, exjerarca nacionalista y que la subdirectora es Verónica Martínez, hermana del secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou.

Los ministros frenteamplistas del TCR habían cuestionado por incompleto un pronunciamiento de la mayoría en torno a la fundación A Ganar. El pasado 9 de junio el tribunal había observado un contrato de esa organización con la Intendencia de Paysandú. 

Pero Aumento, Cabrera y Marcos dejaron sentada su posición discorde al señalar en ese momento que el informe votado pro la mayoría había omitido incluir algunos señalamientos graves y otro tipo de irregularidades en el procedimiento. 

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