FA presentó su plan económico alternativo, que implicaría unos US$ 1.000 millones

El partido de oposición, que retornó hace pocos días a ese rol tras 15 años en el poder, reclama desde hace días que la administración de Luis Lacalle Pou convoque a una mesa de "acuerdo nacional" o "concertación", donde estén representados todos los partidos políticos y actores sociales. Mientras el oficialismo sigue adelante con su programa, señalando que "el diálogo con los demás es absoluto y transparente", el Frente lanzó un paquete de contrapropuestas en una actitud que Miranda calificó como "propositiva y responsable".

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Tras enviarle al Poder Ejecutivo un documento de ocho carillas con una treintena de medidas, y a la espera de una audiencia con Lacalle que tendrá lugar el próximo viernes, Miranda encabezó una conferencia de prensa con Mario Bergara, Pablo Ferreri, Daniel Olesker, tres de los articuladores del "Plan de contingencia" elaborado por la izquierda ante la emergencia sanitaria. 

En la izquierda resaltan que se trata de una propuesta "integral", que abarca también la reactivación posterior a la crisis sanitaria, y que "no va con piedras en las manos". Las propuestas no incluyen, como varios frenteamplistas han reclamado públicamente, la cuarentena general y el no aumento de tarifas, pero sí reclaman un "mayor aislamiento social", una postergación de los vencimientos del pago de tarifas para aquellos sectores más afectados por la crisis y la suspensión del incremento del IVA en tarjetas de débito y crédito.

Si bien no se incluyó un cálculo oficial del costo total, Ferreri afirmó que el valor aproximado –y sujeto a variaciones– rondaba los US$ 1.000 millones (equivalente a 1,7% del Producto Interno Bruto). El Frente Amplio entregó el gobierno a Lacalle Pou con un déficit fiscal de 5% del PIB.

Consultado al respecto en conferencia de prensa, el exsubsecretario de Economía explicó que "muchas de las medidas varían el costo dependiendo del universo de personas a las cuales lleguen", pero destacó que "el país tiene acceso a líneas de contingencias de organismos multilaterales, con créditos preaprobados que alcanzan al menos los US$ 2.200 millones de dólares" y que "el costo de este plan es bastante menor a eso".

"Uruguay tiene espalda financiera para enfrentar la situación con respaldo", añadió Ferreri.

Las medidas previstas hasta el momento por el Poder Ejecutivo, según informó Lacalle el jueves pasado, suponen unos US$ 400 millones, aunque el monto podría aumentar en tanto se dispongan nuevas políticas públicas para hacer frente a la parálisis económicas.

Una de las principales medidas sugeridas por el Frente, y por la cual podría variar el costo estimado, es la creación de un "subsidio equivalente a un salario mínimo nacional" durante el tiempo que dure la cuarentena para aquellos trabajadores no registrados en el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. "Este subsidio debiera incluir a toda/os la/os trabajadoras y trabajadores no subordinada/os (cuentapropistas) y a quienes se encuentran en la informalidad (feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etc.)", dice el documento al que accedió El Observador. 

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A enero de 2020, el salario mínimo nacional era de $ 16.300 pesos nominales. Si se resta el 15% de aportes a la seguridad social y un máximo de 6% de Fonasa, el mínimo del subsidio sería unos $ 12.800 líquidos. 

El senador socialista Daniel Olesker explicó que "la idea" es que el subsidio tenga "tres escalones". "Un primer escalón es los hogares que reciben tarjeta Uruguay Social, que son 81.627 hogares aproximadamente; segundo los hogares que reciben asignación familiar Plan Equidad, que son 130 mil y ya sumarían 210 mil; y tercero un conjunto de hogares que están desvinculados de la seguridad social y no tienen esa cobertura".

El exministro de Desarrollo Social dijo que la dimensión de ese tercer escalón es desconocida  y que "la única manera de que eso suceda es que se presente una propuesta de otorgar el subsidio y la gente se presente". De todos modos, dijo que de acuerdo a datos de la Encuesta Continua de Hogares se podría pasar de los 210 mil a "unos 250 mil hogares o un poco más".

La última medición del INE en 2019 estimó que el 24,9% de los trabajadores ocupados son informales, una cifra equivalente a unas 400.000 personas.

Las medidas

El documento difundido este viernes señala que el Frente "entiende y comparte la dirección" de las medidas adoptadas por el gobierno hasta el momento, pero que "son insuficientes en términos de impacto y alcance, dado que no cubren a parte de los trabajadores informales y, principalmente, a la población que requiere más apoyo de la red de protección social".

A su vez, la oposición expresó su preocupación por "no solo sortear esta difícil situación", sino además hacer "énfasis en la construcción de condiciones óptimas para el crecimiento sólido de la economía el día después de la tormenta".

Según los frenteamplistas, "la historia reciente del país ha enseñado que los costosos esfuerzos fiscales y financieros transitorios, que son necesarios afrontar en momentos de crisis, de no realizarse a tiempo pueden ocasionar costos aún mayores".

Entre las medidas propuestas se incluyen exoneraciones impositivas, extensiones a los incentivos fiscales para empresas e inversiones. En el documento no se menciona ningún aumento tributario, pese a que en conferencia de prensa Miranda planteó que debía gravarse "la riqueza" de "aquellos que efectivamente tienen gran capacidad contributiva", un planteo en línea con la mayoría de las intervenciones de dirigentes frenteamplistas en estos días.

Estos son algunos de los planteos oficiales de la oposición:

• Flexibilizar las condiciones de acceso al seguro de desempleo (plazo y reducción horaria) en particular en sectores fuertemente afectados como turismo, comercio y servicios.
• Priorizar y condicionar algunos beneficios fiscales a empresas que no envíen personal al seguro de paro.
• Exoneración de aportes patronales durante la emergencia a los sectores directamente afectados por la pandemia.
• Diferir vencimientos de DGI y BPS de micro, pequeñas y medianas empresas de sectores directamente afectados por la pandemia por 60 días.
• En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, suspender los pagos durante la emergencia sanitaria y luego habilitar el pago en seis cuotas sin recargo.
• Diferir el vencimiento de tarifas de UTE y OSE en cuanto a volumen de consumo básico a familias de bajos ingresos y a trabajadores que sean enviados a seguro de paro a causa de la pandemia, así como también a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la pandemia. El pago se podrá realizar luego de superada la pandemia, en seis cuotas sin recargo. - Suspender los cortes de los servicios a familias de bajos ingresos y a trabajadores que sean enviados a seguro de paro a causa de la pandemia.
• Suspender aumento del IVA a compras con tarjetas de crédito y débito. Volver a los 9 puntos de devolución de IVA al sector gastronómico que vive una crisis sin precedentes resulta imprescindible.
• Dejar sin efecto el decreto de abatimiento del gasto e inversión pública, manteniendo el porcentaje de ejecución y pago de las obligaciones del Gobierno.
• Período de gracia a intereses de los créditos sociales a jubilados que concede el BROU y de cuotas hipotecarias, así como la suspensión por 90 días de los desalojos.
• Acuerdo de precios de productos alimentarios de la canasta básica.
• Garantizar los derechos mutuales a través del FONASA de las personas, aún ante la pérdida del trabajo formal.
• Reasignar gastos que estuvieran previstos en determinadas áreas, que debido a las circunstancias sanitarias no fueron ejecutados. Dirigirlos a aliviar la situación de micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores en cuestión. 
• Favorecer la inversión privada directa con incentivos mayores en general mediante decreto reglamentario transitorio de la Ley de Inversiones y en particular para proyectos de construcción nuevos mediante estímulos mayores.