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FA promueve consagrar el “derecho a la ciudadanía en igualdad” para más de 35.000 extranjeros
La bancada del Frente Amplio presentará este viernes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley interpretativo de la Constitución para otorgarle el “derecho a la ciudadanía en igualdad” a más de 35 mil personas de origen extranjero y que viven en Uruguay.
La propuesta, a la que accedió El Observador, apela al artículo 77 de la Carta Magna para disponer que todo ciudadano, sea natural o legal, “es miembro de la Soberanía de la Nación y, por tanto, nacional de la República Oriental del Uruguay.
El diputado Enzo Malán (Partido Socialista) dijo que, a los efectos prácticos, esto se traduce en que cualquier ciudadano legal, sea cual sea su origen, podrá contar con la nacionalidad uruguaya.
El proyecto estipula que la confección de los pasaportes deberá contemplar esta situación, indicando la nacionalidad como “uruguaya” de los ciudadanos, tanto legales como naturales. Se procura solucionar así una serie de inconvenientes que tienen que enfrentar estas personas, ya que en la documentación de viaje Uruguay distingue entre nacional y ciudadano. Eso deriva en que sean rechazados en los países a los que viajan, al figurar como ciudadano de un lugar y nacional de otro.
Uruguay es único en el mundo en emitir pasaportes de esta forma, al punto de que muchos países interpretan que puede tratarse de un pasaporte falso.
La iniciativa plantea además que los hijos menores de edad, de padre o madre naturalizados, puedan adquirir también la ciudadanía legal. Hoy estos niños no pueden acceder a la ciudadanía hasta cumplir los 18 años. A juicio del Frente Amplio, se trata de un hecho discriminatorio.
“Estos menores se sienten uruguayos, pero el Estado hoy no les permite articular ese derecho”, afirma la exposición de motivos del proyecto. "Las familias quedan divididas entre padres ciudadanos legales, hermanos uruguayos y esos menores extranjeros”, agrega la iniciativa de la oposición.
El Frente Amplio menciona en el proyecto “relatos desgarradores” de madres naturalizadas en Uruguay “que han tenido que dejar solos a sus hijos en las oficinas de migraciones de otros países” al momento del ingreso por viaje, al tener ciudadanías distintas.
Otro de los problemas que se busca solucionar es la falta de protección ante un posible caso de extradición o de protección consular. Algunos países, como España, explícitamente usan solo la nacionalidad como determinante de derechos, no la ciudadanía.
“Podemos aseverar que, en la actualidad, ninguna nación niega el derecho a obtener la nacionalidad como la postura actual del Estado uruguayo”, afirma la bancada del Frente Amplio al fundamentar la necesidad de aprobar el proyecto.
