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Familiares de represores irán a tribunales internacionales y cuestionan "parálisis" de Lacalle
La novel organización "Familiares de Prisioneros Políticos - Uruguay" abrió este jueves el primer capítulo de un largo periplo que terminará en ámbitos internacionales a través de una demanda al Estado en procura de lograr un objetivo concreto: cambiar la situación de los militares, policías y civiles que han sido procesados, condenados o encarcelados por delitos vinculados a la represión antes y durante la última dictadura cívico-militar.
El primer escalón fue una entrevista que el grupo mantuvo con el fiscal general, Juan Gómez, al que se le planteó la preocupación por los "prisioneros" que se encuentran encarcelados preventivamente y que aún "no tienen juicio". Según dijo a El Observador su vocero, Diego Flores, se le pidió al jefe del Ministerio Público que "instruya" a los fiscales a cesar en sus pedidos de prisión preventiva para este tipo de casos.
"Son personas mayores, integrados plenamente en la sociedad, que no representan un peligro para nadie y sin posibilidad de que huyan de país", señaló. Flores se declaró "gratamente sorprendido" por la actitud de Gómez y su "nivel de respeto y humanidad" ante el planteo.
La base del reclamo de la organización radica en que la tipificación de "lesa humanidad" a los delitos por los que estas personas fueron procesadas o condenadas, y que los deja fuera de los beneficios que establecía la ley de Humanización del Sistema Carcelario aprobada en el primer gobierno del gobierno. Según Flores, se trata en todos los casos de "delitos comunes" que, por la fecha en que presuntamente se cometieron, ya prescribieron.
Hechos que, remarcó, sucedieron en la mayoría de los casos "durante un gobierno democrático, al amparo de medidas prontas de seguridad" previstas en la Constitución de la República. También que los tratados internacionales firmados por Uruguay establecen el principio de "irretroactividad" en la tipificación penal, lo cual inhabilita a declarar de "lesa humanidad" un delito que, cuando presuntamente se cometió, no lo era.
Flores remarcó que la organización, que dice nuclear a casi 50 personas, no apunta a beneficiar a casos particulares. Es, dijo, por los "22 prisioneros" que están hoy en la Cárcel de Domingo Arena, los cuatro que están en la Guardia de Coraceros y los tres que cumplen prisión domiciliaria.
También, aclaró, por los "18 prisioneros que murieron encarcelados". En todos los casos, se afirma, se trató de condenas "por convicción y sin pruebas".
Los contactos de "Familiares de Prisioneros Políticos" pretendía continuar con la Suprema Corte, que les negó la entrevista. Según Flores, la corporación entendió inoportuno mantener un encuentro mientras tenga pendientes de definición causas vinculadas a los derechos humanos.
El próximo paso será establecer contactos con el sistema político, con el que la organización se muestra sumamente crítica. A mediados de noviembre está previsto que visiten la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, para opinar sobre el proyecto que propone otorgar en forma preceptiva la prisión domiliciaria a procesados o condenados mayores a 65 años y que, de aprobarse, ampararía a los "prisioneros políticos" por los que lucha.
Para Flores, se trata de una iniciativa "intermedia", que "mejoraría sus condiciones de reclusión", pero "muy modesto" con lo que, dice, verdaderamente se podría haber logrado.
En su visión, la coalición de gobierno perdió una "oportunidad maravillosa" cuando Cabildo Abierto ofreció "cargar con el costo político" de presentar un proyecto para derogar los efectos de la ley interpretativa de la Caducidad. Una ley que, dijo, ha sido "lo más parecido a un golpe de Estado" al desconocer dos pronunciamientos populares.
Flores cuestionó la "parálisis" que ha exhibido el presidente Luis Lacalle Pou en este tema. También la actitud de los partidos Nacional y Colorado que, afirma, tienen "terror al relato".
El vocero relató que la organización está trabajando con dos estudios jurídicos en las ciudades de Nueva York y Ginebra a los efectos de presentar el caso ante organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en donde el Estado uruguayo deberá responder por amparar la situación de injusticia sobre estas personas.
Vigil y el presidente
Consultado por El Observador, Flores aclaró que su organización decidió no sumarse, aunque lo respeta, al planteo que un grupo de personas le presentará este lunes a Lacalle Pou a través de una carta y que, con similares argumentos,pedirá la liberación de los encarcelados en Domingo Arena.
Se trata de un grupo de ciudadanos "anhelantes de la paz y la reconciliación nacional" que, convencidos de que la plena vigencia de los derechos humanos pasa por el respeto absoluto a la Constitución y a la ley, le pedirán al mandatario que ponga fin a una "injusticia":
Lo harán a través de una carta que hasta el momento ha recogido más de 2.000 firmas, entre ellas la de gente "bastante influyente" y de "formadores de opinión", según precisó una de sus promotoras, la escritora Mercedes Vigil.
En esta caso, la iniciativa de pedir la liberación de esos presos surgió de algunos integrantes del denominado Foro de Montevideo, e intenta ser "lo más aséptica posible" sin ingresar demasiado en aspectos jurídicos. "Queremos dar vuelta la página" expresó Vigil, en el entendido de que lo que se vivió en Uruguay fue un "conflicto bélico"
El grupo dice aspirar a que Lacalle Pou sea un "Mandela" –en referencia al ex presidente de Sudáfrica– que otorgue "una solución que nos reconcilie a todos". "Hay infinitas vías posibles", sostienen.
