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Coalición define apoyos a proyecto de Cabildo para dar prisión domiciliaria a mayores de 65 años
Cuando restan poco más de siete semanas para que comience el receso que pondrá fin al actual período parlamentario, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado definió en su última sesión el orden en el que abordará los 32 proyectos de ley que tiene a estudio. A instancias del oficialismo, el primer lugar en la lista de prioridades fue otorgado a la iniciativa presentada por Cabildo Abierto para otorgarle prisión domiciliaria en forma preceptiva a los presos mayores de 65 años.
Se trata de un proyecto polémico. Pese a que en el texto no se hace una referencia explícita, de aprobarse beneficiará en forma directa a un grupo en particular: los condenados por delitos vinculados a su accionar durante la represión y la última dictadura cívico-militar.
El argumento de los dirigidos por Guido Manini Ríos es que es necesario proteger del covid-19 a este grupo etario, considerado el de máximo riesgo. "Acá no es solo el preso, sino la familia que lo va a visitar, que tiene que estar haciendo cola y en aglomeraciones de gente", argumentó Manini la semana pasada en Radio Universal. "Generalmente la señora de un preso de 65 o 70 años es de la misma edad y es gente mayor que tiene que estar penando para la visita, afirmó, y agregó que la propuesta "incluye a los presos de Domingo Arena, porque es para todo el sistema carcelario”.
En el Partido Nacional hay disposición a acompañar la iniciativa. "Tenemos prioridad en el tratamiento del tema", dijo en la comisión la senadora Graciela Bianchi, que en diálogo con El Observador consideró vigente la necesidad de proteger a esta población de la pandemia.
Bianchi dijo que la propuesta está alineada con los objetivos del gobierno de reservar las prisiones para "reincidentes y delincuentes peligrosos" y adelantó que, en principio, el Partido Nacional "no tendría problema" en acompañarla "aunque con los blancos, nunca se sabe".
En relación a los presos que se verían beneficiados por el proyecto, la senadora se remitió a la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue ratificada dos veces por la ciudadanía en sendas consultas populares, y dijo que el país debería decir "ya está" y enfocarse en terminar de saber qué sucedió con los detenidos-desaparecidos.
La primera semana de noviembre comenzará el desfile de delegaciones que opinarán sobre el proyecto, desde las cátedras de Derecho Procesal y Derecho Penal de la Universidad de la República hasta organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
En Cabildo Abierto se insistió en la necesidad de darle al proyecto la mayor celeridad. Marcos Methol, que suplantó en estos días en el Senado a Guillermo Domenech, advirtió ante la comisión que la iniciativa está directamente vinculada a la emergencia sanitaria. "Ojalá se pueda disipar lo antes posible pero vemos cómo lamentablemente en el mundo aparecen nuevas variantes".
"Por más que esto pueda amainar, permanece y seguramente lo va a hacer durante un tiempo más", insistió.
En mayo de este año, en pleno pico de la epidemia, José Lemos, recluido en Domingo Arena con condena por delitos de lesa humanidad, falleció por covid-19. Desde entonces, la situación sanitaria ha cambiado drásticamente y tanto las hospitalizaciones como las muertes por la enfermedad se redujeron a un mínimo. Días atrás, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, integrante de Cabildo Abierto, dijo que se ingresó en una etapa de "endemia" y que habrá que "aprender a convivir" con el virus en ciertos niveles de circulación.
La bancada del Partido Colorado analizará el tema este lunes, según confirmó a El Observador el senador Pablo Lanz.
En el Frente Amplio también hay interés en discutir el proyecto, aunque con una postura claramente alineada, en principio, a su rechazo. El senador Charles Carrera (MPP) ratificó su opinión contraria, pese que espera conocer el resultado de un informe jurídico que pidió al respecto.
En su visión, algunas de las circunstancias incluidas en el texto ya están previstas en el ordenamiento jurídico actual. Como ejemplo, Carrera apuntó que el Código del Proceso Penal (CPP) prevé la posibilidad de prisión domiciliaria para los mayores de 70 años.
"Esto tiene nombre y apellido" dijo Carrera a El Observador. "Esto es para darle prisión domiciliaria preceptiva a los violadores a los derechos humanos que están en Domingo Arena, bajo el argumento del covid".
El senador recordó que iniciativas similares presentadas en países como Argentina o Chile fueron rechazadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). al entender que incumplen las obligaciones internacionales que en esa materia asumieron dichas naciones. "No está bien que se conceda este tipo de beneficios a violadores a los derechos humanos y a torturadores", concluyó.
Su correligionaria Liliam Kechichian, en tanto, apuntó que el proyecto está desactualizado. "Tenía que ver con el momento más duro de la pandemia, pero esto hoy no está", recordó. "Si es por eso, no le encuentro mucho sentido", dijo.
Principio de humanidad
El proyecto aparece firmado por los tres senadores de Cabildo Abierto –Manini Ríos, Domenech y Raúl Lozano–, que justifican su iniciativa en el "principio de humanidad en la ejecución penal, ante la situación de superpoblación del sistema carcelario, a lo que se adiciona el agravamiento generado por la emergencia sanitaria".
"No se trata de suspender o dejar sin efecto la privación de libertad dispuesta, sino de un régimen alternativo al cumplimiento de la prisión, que tiene como finalidad la protección de la salud, la integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo por organismos nacionales e internacionales", señala la exposición de motivos.
De aprobarse, todos los mayores a 65 años de edad que estuvieran recluidos al momento de la entrada en vigencia de la ley serían enviados a su domicilio. El nuevo régimen, además, sería preceptivo para los futuros condenados.
Según diversas estimaciones, el beneficio previsto en el proyecto alcanzaría hoy a un centenar de personas. De ese total, 18 estaban recluidas al cierre del año pasado en la Unidad de Internación N°8 Domingo Arena.
Según el último informe del comisionario parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, se trata de una prisión que ofrece reales oportunidades de integración social.
A nivel general, el sistema penitenciario uruguayo presenta un hacinamiento promedio de 133%. En Domingo Arena, la ocupación actual llega al 65% de las plazas disponibles.
