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Femicidio cero: cómo reparte US$ 100 millones la propuesta contra la violencia de género

El proyecto fue presentado al candidato Daniel Martínez con el objetivo de "hacer cumplir" la ley contra la violencia de género

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06 de septiembre de 2019 a las 14:47

El sector del Frente Amplio Casa Grande presentó al candidato Daniel Martínez un "plan de emergencia" para abordar el problema de la violencia de género hacia las mujeres.

Este plan nacional, Femicidio Cero, hace énfasis en la necesidad de aumentar los recursos para cumplir con la ley integral de violencia de género. El programa está pensado para que se ejecute entre 2020 y 2025, y se estima un presupuesto de US$ 100 millones anuales. Actualmente se invierten aproximadamente US$ 20 millones del presupuesto nacional.

Según los datos del Ministerio del Interior, en el primer semestre del año se realizaron 20.100 denuncias por violencia doméstica, lo que representa un promedio de 111 denuncias por día. En el primer semestre de 2018 se registraron 82 denuncias en las que finalmente hubo al menos un imputado por la Justicia, mientras que en el primer semestre de este año la cifra aumentó a 153.

Femicidio Cero incluye formas de fortalecer a todo el sistema interinstitucional, con políticas que comprenden al INAU, ASSE, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación y otros organismos públicos.

En diálogo con El Observador, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo e integrante de Casa Grande, Fabiana Goyeneche, explicó que desde el sector parecía "importante" darle un contenido más específico a la ley y "bajar a tierra las propuestas". 

De los US$ 100 millones, US$ 35 se destinarían a la Justicia con la "creación de más juzgados especializados en violencia de género, otorgar competencia a los juzgados de paz de pequeñas localidades, fortalecer los equipos técnicos departamentales de asesoramiento de jueces y crear defensorías de la infancia, adolescencia y género", indica el programa.

Uno de los cambios que se busca incorporar a nivel judicial es que si el agresor rompe la tobillera o incumple las medidas de restricción dispuestas por la Justicia, vaya a la cárcel. "Violar las órdenes judiciales es delito de desacato, reclamamos que se cumpla con la ley porque hay casos de mujeres asesinadas por sus parejas y estos tenían muchas denuncias y violaciones de las medidas restrictivas", dijo Goyeneche a El Observador.  Para la ampliación del uso de tobilleras, el proyecto prevé destinar US$ 4,5 millones hasta alcanzar las 1.200 unidades en el período.

El plan establece la coordinación de Inmujeres con intendencias y municipios para la atención y protección a mujeres víctimas de violencia y trata, en el que se prevé destinar unos US$ 15 millones. A su vez, se destinarían US$ 10 millones para el acceso a vivienda dentro de las "rutas de salida a la violencia".

En concreto, el presupuesto planeado se desglosa de la siguiente manera:

  • Prevención y promoción: US$ 5 millones
  • INAU: US$ 4,475 millones
  • Mutualistas y ASSE: US$ 10 millones
  • Ministerio del Interior: US$ 10 millones
  • Acceso a la Justicia: US$ 35 millones (US$ 20 millones al Poder Judicial y US$ 15 millones a la Fiscalía General de la Nación
  • Rutas de salida a la violencia doméstica: US$ 15 millones
  • Reparación: US$ 10 millones

Por otra parte, el plan busca el "trabajo transversal" y de diálogo, con participación de la sociedad civil y "todos los actores involucrados". Se incluye el fortalecimiento del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Sipiav), con la creación de 17 centros de respuesta a niños y adolescentes víctimas de maltrato y explotación sexual, entre otros mecanismos. 

En cuanto a la prevención de la violencia de género, Femicidio Cero pretende generar campañas de sensibilización e información a nivel comunitario. También se tendrá en cuenta la formación y capacitación de operadores vinculados con el tema.

Para Goyeneche, esta cifra es "la suma necesaria" para hacer cumplir la ley, y destacó que Martínez hace énfasis en los presupuestos por política y no por áreas, ya que aunque el plan se presentó con inversiones por organismos, eso podría variar. 

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