La Fenapes advirtió sobre "amiguismo" y "acomodo" en el nuevo sistema de elección de horas y reclamó su revisión
El sindicato de profesores (Fenapes) resolvió la realización de un paro nacional en los liceos públicos el próximo 28 de octubre. La medida incluye movilizaciones en distintos departamentos.
La decisión fue tomada por la Asamblea General de Delegados, en el marco de un encuentro destinado a analizar la coyuntura educativa del país, en particular en lo que refiere a la elección de cargos y horas docentes en Secundaria para el próximo año.
Fenapes le adjudicó la responsabilidad a la coalición de gobierno y a las autoridades de la educación pública del "mayor recorte presupuestal" desde el retorno a la democracia. La gremial estimó ese recorte en unos US$ 56 millones, lo que afectará la condiciones de estudio.
Entre ellos, la Federación aventuró una reducción en la cantidad de grupos, que pasarán a estar superpoblados. También la eliminación de orientaciones en varios centros, lo que terminará afectando el derecho a la continuidad educativa de los estudiantes. Fenapes apuntó además a eventuales perjuicios en las condiciones de trabajo de docentes y funcionarios.
Por ejemplo, a través de la eliminación de cargos de docencia directa, funcionarios de servicio, técnicos y administrativos, además de una pérdida salarial y de fuentes laborales en el conjunto de los trabajadores.
La Asamblea de Fenapes cargó a su vez contra los efectos de la ley de Urgente Consideración (LUC), que a su juicio le permite a la Dirección General de Enseñanza Secundaria realizar el proceso de elección y adjudicación de horas de manera virtual. "A la concentración del poder y la gestión vertical se le suma un accionar de mucha desidia y poco apego hacia el Estado de Derecho vigente, generando situaciones de gran opacidad que crean condiciones propicias para el acomodo y el amiguismo".
Prácticas, sostuvo la gremial, que "formaron parte de la realidad educativa en Secundaria en los 90 y que creíamos superadas".
En ese marco, la Federación rechazó el mecanismo elegido por las autoridades y les exigió su revisión, bajo el argumento de que todo cambio de este tipo debe ser discutido en el marco de la Negociación Colectiva.