16 de marzo de 2015 21:19 hs

La difusión de un sistema de denuncia online habilitado por el Ministerio del Interior en diciembre de 2013, pero que hasta ahora apenas se conocía, planteó la interrogante sobre una de las especificaciones que requiere el sistema para que realmente todo el proceso pueda completarse vía internet, sin concurrir a una seccional. Se trata de la firma digital o electrónica, un modelo que si bien existe desde hace décadas con diferentes formatos, en Uruguay comenzó a impulsarse en los últimos años a la luz de la intención generalizada del gobierno de ampliar la cantidad de trámites públicos que se pueden hacer en línea.

En ese sentido, apenas asumido el 1º de marzo, el presidente Tabaré Vázquez reafirmó una promesa que ya había planteado en campaña: para el año 2016 “el 100% de los trámites podrán ser iniciados y seguidos mediante internet, e incluso desde los propios teléfonos celulares desde los cuales podrán hasta efectuarse los pagos correspondientes”.

Muchos de estos trámites requieren o requerirán de un sistema que se denomina firma electrónica y que en Uruguay se autorizó por la ley 18.600 de 2009 que regula su funcionamiento, así como el de los documentos electrónicos.

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Santiago Paz, director de seguridad de la información de Agesic (Agencia para el Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento), explicó a El Observador que este modelo existe desde hace tiempo, aunque adoptó diversas formas. Una de ellas es la de un simple PIN como el que se usa para retirar dinero de una cuenta bancaria, por ejemplo.

Con la firma electrónica se apunta a conseguir una equivalencia a la firma autógrafa, para evitar la presencia física del involucrado (persona o empresa) en instancias que se pueden tramitar enteramente a través de internet. La firma electrónica logra, a través de un proceso técnico criptográfico, acreditar la identidad de una persona en el mundo virtual.

En Uruguay se distingue entre firma electrónica y firma electrónica avanzada. La primera es la “común”, explicó Paz, la que –por ejemplo– sirve para acreditar ante un banco que el uso de un determinado usuario y contraseña permitirá a un cliente manejar su cuenta.

La firma electrónica avanzada, en cambio, no requiere de ningún tipo de acuerdo entre partes, y jurídicamente tiene el mismo valor que la firma autógrafa. Incluye requerimientos tecnológicos específicos, como utilizar criptografía asimétrica (lo cual involucra certificados digitales), además de requerir el uso de un dispositivo de creación de firma seguro llamado token, que es similar a un pendrive.

Adicionalmente, el proceso de emisión de un certificado para ser usado en firma electrónica avanzada está regulado y todos los emisores deberán seguir los mismos procedimientos de acreditación de identidad.

Vendrá con la nueva cédula

En mayo, cuando comiencen a emitirse las nuevas cédulas de identidad, todos los ciudadanos que cuenten con este tipo de documento tendrán por defecto una firma electrónica avanzada que les permitirá hacer diversos trámites, entre ellos, por ejemplo, una denuncia policial sin necesidad de presentarse en la seccional. La nueva cédula incluye dos chips y uno de ellos incluye la firma.

Pero ya existen procedimientos y dispositivos que permiten a cualquier persona generar una firma electrónica. Para ello se debe adquirir el token. Una vez que se cuenta con el aparato, este debe ser conectado a la computadora desde la cual se comenzará el proceso en la página web, ya sea de Abitab o del Correo uruguayo. Las dos instituciones hasta ahora están acreditadas para realizar este procedimiento.

Luego es necesario presentarse físicamente en las sucursales de algunas de estas dos instituciones, con la cédula. Una vez verificada la identidad se emite un certificado. Programada en el token quedará la clave particular asignada a la persona o empresa que solicitó la firma digital, así como el certificado.

El sistema ya se está usando en diversas áreas, aunque no a nivel masivo aún, explicó Paz, quien considera que esa etapa se alcanzará con la emisión de las nuevas cédulas. Algunas áreas en las que se utiliza involucran al Banco Central, transacciones que requieren de la intervención de escribanos o para expedientes electrónicos. Los 300 millones de facturas electrónicas que se emitieron en 2014, por ejemplo, tenían la firma electrónica de una persona jurídica.

Más seguro

Entre las ventajas de esta tecnología, además de la evidente de evitar que una persona deba estar presencialmente en un lugar físico para firmar y terminar una transacción, también hay temas de seguridad. “La firma electrónica da garantías de integridad. Toma el contenido del documento, hace una operación matemática sobre ese contenido, la une con la clave y una vez firmado no puede ser alterado, a diferencia de un documento papel que puede ser falsificado”, explicó Paz.

La tecnología de criptografía asimétrica agrega más seguridad, ya que involucra dos claves, una pública y otra privada. Todo lo que se hace con una clave se verifica con la otra. Cuando se firma un documento electrónico se utiliza la clave privada y todos los que tengan la pública (por ejemplo, el Banco Central o el Ministerio del Interior) podrán confirmar que la persona en cuestión lo firmó.

La clave privada se genera en el dispositivo y no hay forma de extraerla. En caso de que el token o la cédula sean robados o extraviados, quien tenga estos elementos tampoco podrá utilizarlos para firmar electrónicamente, ya que también se necesita un PIN (un número secreto) para culminar cada transacción.

Cuando las nuevas cédulas de identidad comiencen a emitirse las personas podrán utilizarlas como un token, para lo cual deberán comprar lectores de tarjetas inteligentes que se conectan a una computadora vía un cable USB (igual que un mouse o cualquier otro dispositivo periférico).

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