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Fiscal de Operación Océano ampliará las imputaciones contra más de la mitad de los indagados

El caso se encuentra trancado por la realización de pericias que los abogados vienen pidiendo y que ha llevado a aplazar audiencias

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30 de noviembre de 2020 a las 05:01

La fiscal Darviña Viera pedirá a la Justicia ampliar las imputaciones para más de la mitad de los 32 enjuiciados que tiene actualmente la investigación de Operación Océano por presunta explotación de menores, y por la cual hay 20 víctimas de distintos delitos sexuales.

Los imputados a quienes Viera someterá a nuevas investigaciones penales si la Justicia lo permite son cerca de 20, según señalaron a El Observador fuentes de la indagatoria. Las evidencias reunidas por Viera y su equipo tras casi nueve meses de investigación fundamentan la necesidad de que la Justicia agregue más delitos para algunos imputados; que se incorpore la repetición de los mismos cargos ya asignados en otros indagados –porque cometieron el ilícito más de una vez–; y en algunos casos, como se fueron sumando más jóvenes que identificaron a los adultos con posterioridad a la primera formalización penal, se pedirá que se añadan esas nuevas víctimas en la denuncia contra ciertos investigados.

El delito imputado más común hasta el momento es la promesa de retribución o retribución a adolescentes a cambio de sexo, definido por la ley 17.815, de 2004, en cuyo artículo 4 se establece una pena de dos a 12 años de penitenciaría, aunque también ha sido frecuente el que castiga a quien mantiene un contacto virtual para mantener conversaciones de connotación sexual con adolescentes, que el artículo 277 bis del Código Penal castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con menos frecuencia, Viera logró la imputación de otros delitos sexuales, como el abuso propiamente dicho, la explotación de menores o proxenetismo.

Por el momento, Viera –que no tiene definido cuándo solicitará audiencias para ampliar las formalizaciones– está abocada a resolver uno de los reclamos más insistentes de los abogados de los imputados, quienes desde hace meses exigen tener acceso a las pericias de todos los celulares de los involucrados –víctimas y victimarios–, los equipos informáticos utilizados en los intercambios entre las jóvenes y los adultos, así como las páginas web de citas en donde se coordinaron algunos de los encuentros.

En una audiencia que tuvo lugar el lunes 23 de noviembre, en la que participaron nueve penalistas –Andrés Añasco Viera, Alejandro y Carlos Balbi, Víctor Della Valle, Enrique Díaz, Cecilia Salom, Pablo Barreiro, Alberto Rojas y Santiago Alonso–, se discutió sobre la demora de la fiscalía en entregar los análisis, un problema que Viera ha adjudicado a los tiempos de trabajo de la Policía Científica y del departamento de Delitos Informáticos de Interpol.

En esa instancia, los abogados pidieron además acceder a las redes sociales y sitios de citas que utilizaron las 20 víctimas y la jueza del caso, Adriana de los Santos, ordenó a la policía el procesamiento de esas pericias, lo que fue rechazado por Viera, quien anunció que apelaría esa decisión porque entendía que de esa manera se "revictimizaría" a las adolescentes.

Postergaciones y contradicción sobre las cédulas

La demora en la entrega de los análisis de los dispositivos ha sido una de las razones por las que fueron suspendidas algunas de las audiencias en las que el Ministerio Público pretendía que determinadas víctimas declararan en forma anticipada al juicio oral. En al menos dos oportunidades en las últimas semanas –de un total de al menos cinco postergaciones–, varios penalistas manifestaron que no estaban "dadas las garantías" para que se efectuaran las audiencias al no disponer de todas las pericias. Y el Tribunal de Apelaciones de 1º Turno sentenció que la jueza De los Santos defina un plazo a la policía para que entregue la información y se evite el daño a las víctimas con la demora, según difundió el semanario Búsqueda este jueves. 

Una de las instancias aplazadas a pedido de los abogados es el interrogatorio a la principal víctima –quien denuncia a todos los enjuiciados–, para lo cual primero debe realizarse una audiencia con los representantes de todas las partes en la que se confeccionará el interrogatorio a la joven.

Esta mujer, que era menor cuando ocurrieron los hechos pero ahora tiene 18 años, declaró en fiscalía que utilizó al menos dos cédulas falsas con las que se hacía pasar como mayor de edad, tanto para mantener relaciones con los adultos como para entrar a boliches y discotecas.

Sin embargo, en un reciente libro publicado este mes por el periodista César Bianchi –Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano, el caso de explotación sexual de menores más grande del país– la víctima declaró que simulaba ser mayor de edad para que los adultos la contrataran, pero que nadie le había pedido la cédula para corroborar su edad.

"Decía que era mayor porque capaz que si decía que era menor claramente no iban a aceptar. (...) Ninguno me pidió la cédula. Yo decía que tenía 18 o 19, no decía más", dijo ella, que en el libro es identificada como Candela G.

Y dijo también: "A veces me siento culpable por haber mentido en mi edad, pero lo que soy es sincera y no voy a dejar de serlo. Yo no presenté ninguna cédula, ese es el tema".

 

 

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