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Fiscalía apelará decisión de la Justicia de negar la extradición de Maya Cikurel
El fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner decidió que apelará la decisión de la jueza María Elena Mainard de negar la extradición a Panamá de la uruguaya Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación, Pablo da Silveira, e indagada en una causa de lavado internacional de activos en ese país, según informó La Diaria y confirmó El Observador con fuentes de la fiscalía.
El principal argumento de la jueza Mainard para negarse a la solicitud de la Fiscalía del país centroamericano fue un presunto error de "legitimidad", ya que a su entender quien debió haber tramitado la solicitud de extradición de la contadora –indagada por una causa de lavado de activos vinculada a las coimas de la constructora Odebrecht– era la Justicia de Panamá, y no el Ministerio Público.
En una rueda de prensa el 8 de junio, luego de la audiencia en la que la magistrada negó el pedido de Panamá, el fiscal Lackner dijo que discrepaba con la resolución judicial, pero que todavía no podía tomara una decisión porque esta debía ser en consulta con la fiscal panameña Tania Iskra Sterling Bernal.
Las fiscalías debían evaluar si correspondía volver a tramitar el pedido, esta vez de parte del Poder Judicial de Panamá, o si apelar la resolución de Mainard, que fue lo que terminó ocurriendo.
Ante los periodistas, Lackner sostuvo que era una "mala señal" que la jueza hubiera hecho una estricta interpretación del tratado de extradición de 2008 que rige entre ambos países en vez de realizar una lectura "en sentido amplio". Ese tratado fue firmado en 2008, entre otros, por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, el penalista que en este caso asumió la defensa de Cikurel.
"Siempre la negativa de cooperación cuando no está fundada en razones, como que detrás haya una grave violación a derechos humanos o falta de garantías... Sí, es una mala señal", resumió el fiscal.
Cikurel había sido detenida el 19 de febrero, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires junto con Da Silveira. Ese día saltó la orden de captura internacional –una alerta roja de Interpol– porque precisamente estaba requerida en Panamá para ser indagada por este caso. La Justicia dispuso entonces prisión domiciliaria como medida cautelar mientras se esperaba por la resolución final respecto a la extradición, pero pasado 26 de mayo se resolvió dejarla sin efecto. Quedó como única acción de control que se presentara en la seccional de su barrio de manera regular.
De acuerdo a la fiscal Sterling, los hechos de corrupción que presuntamente involucran Cikurel se cometieron entre el 1º de enero de 2009 y el 1º de mayo de 2012, y la orden de detención contra la indagada fue emitida el 17 de abril de 2019. Sin embargo, por un error en la inscripción de su nombre, recién el 30 de ese mes Interpol elevó una alerta roja.
“Se la vincula con una conexión Suiza-Panamá, dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht”, informaron a El Observador fuentes panameñas, el 20 de febrero. La “caja” mencionada refiere al dinero de coimas acumulado por la constructora brasileña. Los pagos ilícitos en cuya ingeniería financiera habría participado la indagada fueron recibidos por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, también indagó durante un tiempo a esta mujer, pero en marzo de este año solicitó el archivo de una investigación que había iniciado en 2018.
Pacheco comenzó a investigarla hace dos años luego de que llegara un pedido de “cooperación penal internacional” procedente de Suiza en el que se solicitaba “indagar a la mujer y tomarle testimonios a otras personas por vínculos con Odebrecht”, la constructora brasileña investigada por corrupción –por realizar pagos y sobornos a gobernantes para ganar licitaciones y obtener contratos millonarios– por la Justicia de Estados Unidos y una decena de países de la región entre los que se encuentra Panamá.
La Fiscalía Federal de Suiza también investigó a Cikurel durante 2018 por “una diversidad de delitos, entre ellos blanqueo de capitales”, pero, no obstante, la solicitud de cooperación había sido denegada por la Justicia uruguaya. De todos modos, Pacheco comenzó a investigar su presunta “participación en sociedades vinculadas a las coimas de Odebrecht”, según dijo el fiscal a El Observador meses atrás.
Este expediente casi no había tenido movimiento en el último tiempo, porque Pacheco esperaba un informe de la Unidad de Información Análisis Financiero del Banco Central, que finalmente llegó y no arrojó elementos que indicaran responsabilidad penal de Cikurel.
