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Fitch sugiere ajuste fiscal de 2,5% del PIB para que la deuda pública sea sostenible
La calificadora Fitch Ratings, que ratificó en junio pasado el grado inversor de Uruguay con la mínima calificación del grado inversor en BBB- con perspectiva negativa, emitió un informe este lunes en el que consideró que el país necesita un ajuste fiscal superior a 2,5% del Producto Interno Bruto (unos US$ 1.500 millones) para lograr estabilizar la deuda pública.
La firma calificadora destacó cómo las presiones del gasto estructural han impulsado el deterioro fiscal y superado las proyecciones presupuestarias cada año, incluido 2019.
“Aunque el nuevo gobierno se ha comprometido a contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos, esto podría ser difícil”, se expresó.
Se agregó que los recortes de gastos por US$ 900 millones (que representan 1,6% del PIB) que propuso el Partido Nacional, presentan “cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación”.
En este sentido, se señaló que el próximo gobierno “enfrenta el desafío de reducir un gran déficit fiscal ante el bajo crecimiento” y que esto implicará “poner a prueba la capacidad de la administración para tomar medidas políticas decisivas y creíbles”.
“La reforma de la seguridad social, aunque se entiende ampliamente en todo el espectro político como necesaria, podría tomar tiempo para negociar y mucho más tiempo para generar ahorros. Incluso entonces, estos ahorros solo pueden estabilizar el gasto en lugar de reducirlo y contribuir a la reducción del déficit”, argumentó la calificadora.
Fitch expresó que Uruguay necesitará de un esfuerzo fiscal superior a 2,5% del PIB para lograr un superávit primario (resultado sin intereses) y estabilizar la deuda pública, con el fin de que la misma tenga una trayectoria sostenible.
En ese sentido, mencionó que si bien el Partido Nacional ha formado una coalición que le otorgará una mayoría legislativa, “su composición ideológica diversa podría obstaculizar reformas ambiciosas”.
Sobre este punto, se cita el documento compartido por los cinco partidos de coalición y como se abandonaron “los planes para liberalizar las importaciones de combustible para incorporar las opiniones de más facciones de izquierda”. Incluso, se marcó la inclusión de Cabildo Abierto como un partido “socialmente conservador que podría crear fricciones dentro de la colación”.
La agencia calificadora proyecta que la deuda del gobierno general alcanzará el 66% del PIB en 2019 (incluidos los bonos emitidos para recapitalizar el banco central), habiendo subido 17 puntos porcentuales en los últimos cinco años, el mayor aumento en la categoría 'BBB'.
Por otro lado, Fitch indicó que un crecimiento más fuerte respaldaría la consolidación fiscal, pero su impacto “podría ser menor” de los estimado por el gobierno saliente, que señala que la desaceleración económica “explica el 1% del PIB del déficit fiscal”.
En esta línea, también se destaca que el recorte en los precios de las tarifas públicas podría entrar en conflicto con la consolidación fiscal. “Los objetivos fiscales de cinco años de la administración, que se publicarán en el ejercicio presupuestario del próximo año, indicarán como se espera equilibrar estas compensaciones”, se señaló.
Crecimiento modesto desde 2015
El crecimiento real del PIB ha promediado solo 1,3% desde 2015, e incluso este lento ritmo ha sido impulsado en gran medida por solo unos pocos sectores que no requieren mucha mano de obra, principalmente las telecomunicaciones, dice el informe de la calificadora.
Fitch espera que el crecimiento aumente hasta 1,5% en 2020 desde el 0,3% de este año a medida que avance la construcción de la planta de celulosa UPM y otros proyectos de infraestructura. Más allá de esto, también se señaló una contracción del 32% en la inversión fija desde 2014 (incluso mayor que en Brasil).
En tanto, especialistas económicos señalaron su preocupación ante los afirmado por Fitch. El director de Vixion Consultores, Aldo Lema, dijo a El Observador que aunque no hay plazos explícitos en el documento, "el tono parece apuntar a la necesidad de una mejora rápida en el resultado primario" y dicha velocidad dependerá de los avances de la institucionalidad fiscal, previsional y de empresas públicas.
Por su parte, el economista Javier de Haedo indicó en su cuenta de Twitter que lo que la calificadora hace "es darle tiempo al nuevo gobierno para que arregle el problema y en definitiva al país en honor a su trayectoria e institucionalidad tradicionales".
"Si no fuera por eso, ya habría caído el grado de inversión. El gobierno electo debe denunciar la herencia porque deberá pagar la cuenta. Y debe caer en la realidad, que es más compleja de lo que las medidas anunciadas para enfrentarla, parecen reflejar", afirmó.
Por su parte, el presidente electo Luis Lacalle Pou dijo este domingo en entrevista con el diario El País previó a que se conociera el último informe de Fitch, que después de leer el anterior documento de la calificadora, el rumbo era claro e “iba a ser tangible enseguida” hacia donde se iba.
“Nuestras acciones no están guiadas hacia las calificadoras de riesgo; nuestras acciones están guiadas al bien del país y a cumplir un plan que es el que entendemos que el país necesita. Después, las calificadoras de riesgo darán su opinión, que obviamente es importante desde el momento en que una opinión negativa genera efectos negativos. Estamos convencidos de que nuestro plan va a ser visto con buenos ojos porque va a incidir en los equilibrios fiscales”, expresó.
