Opinión > EDITORIAL

Fueros que no se justifican

Las opiniones de figuras de primer nivel en los partidos y en la Fiscalía marcan claramente el camino a seguir para asegurar que todo legislador responda de sus actos, sin escudarse en la protección de un instrumento legal que ha perdido en gran parte la justificación conceptual que tuvo en sus orígenes.

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26 de abril de 2018 a las 05:00

Ha llegado el momento en que los fueros parlamentarios sean eliminados o al menos modificados para facilitar su levantamiento, como esencial contribución a la golpeada transparencia en el sector público. Se los instituyó originalmente para asegurar la independencia de acción de los legisladores, protegiéndolos de presiones políticas indebidas. Sus defensores esgrimen dos argumentos de consistencia cuestionable. Uno es que sacar los fueros o simplificar su retiro tiende a judicializar la política al allanarle el camino a la intervención de la Justicia. Pero el sistema judicial uruguayo, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, se caracteriza por su independencia, excepto por alguna claudicación ocasional de un magistrado. Esto contribuye a garantizar que si un parlamentario comparece ante un fiscal o un juez será tratado con ecuanimidad. Es, por otra parte, una forma idónea de mantener el sistema de controles y equilibrios entre los poderes del Estado, fundamento del estado de derecho.

El otro argumento esgrimido por los partidarios de mantener los fueros es que modificar el sistema facilitaría desacreditar a legisladores a través de denuncias de corrupción u otras irregularidades. Pero el desprestigio se produce igualmente cuando se hacen públicos cargos fundados de comportamiento irregular, como sucede con varios casos desde hace tiempo a partir del caso Sendic, al margen de que haya fueros o no. Otra razón abona a favor de que no existan o al menos se reduzcan requisitos. Actualmente la Constitución establece que los fueros solo pueden quitarse con el voto de dos tercios de los integrantes de cada cámara, mayoría que raramente se logra, en general por un malentendido sentido de solidaria protección mutua entre legisladores de diferentes partidos.
Las acusaciones recientes en torno a anteriores administraciones de ANCAP, los negocios oficiales con la Venezuela chavista y el uso de tarjetas corporativas para compras personales han puesto en el primer plano de la opinión pública el tema de la corrupción. Estuvo durmiente durante mucho tiempo por la percepción popular de que Uruguay era una isla de relativa rectitud en medio de vecinos asolados por gigantescos trasiegos ilícitos de recursos. Es cierto que la corrupción en Uruguay está a años luz de lo que ha ocurrido u ocurre en países cercanos. Pero un acto corrupto es siempre un delito, independientemente de su volumen.

Así se entiende ahora en el sistema político. La oposición se unió en sus denuncias contra ANCAP. Y no solo dirigentes blancos y colorados reclaman contra los fueros. Igual posición han asumido el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y hasta el expresidente José Mujica, el político de más peso actual en el Frente Amplio. Estas coincidencias reflejan la preocupación de la estructura institucional por el descrédito que campea en vastos sectores de la población, ante indicaciones sólidas de que no es tan impoluta como antes se creía. Las opiniones de figuras de primer nivel en los partidos y en la Fiscalía marcan claramente el camino a seguir para asegurar que todo legislador responda de sus actos, sin escudarse en la protección de un instrumento legal que ha perdido en gran parte la justificación conceptual que tuvo en sus orígenes.
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