13 de agosto de 2013 20:37 hs

Los gerentes de UTE que declararon en la investigación llevada adelante debido a presuntas irregularidades en dos licitaciones –y por el cual ya fueron sumariados tres ingenieros del organismo– apuntaron a los integrantes del directorio del ente. Los mandos medios coincidieron en señalar en que una licitación millonaria no pudo realizarse “sin el control de la superioridad”.

Según los testimionios de más de una decena de funcionarios y gerentes de UTE, a los que accedió El Observador, la adjudicación de licitaciones millonarias y el control de su ejecución debió contar con la autorización de las autoridades.

En abril de 2012, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, presentó una denuncia en el juzgado de Crimen Organizado para que investigara los procedimientos de compra y licitaciones de UTE. La investigación policial culminó y apunta a que los tres ingenieros de UTE (un subgerente y dos subordinados) que ya fueron separados de sus cargos por el directorio cometieron delitos. La jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos y la fiscal Mónica Ferrero citarán en las próximas semanas a los indagados pero también a los directores de UTE.

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Las licitaciones investigadas por la Justicia son dos: la 35.052, efecutada durante el anterior directorio, y la 41.568, aprobada por el actual directorio. Mientras que la primera licitación, abierta en 2006, adjudicó la recuperación de dos unidades de la Central Batlle y Ordóñez; la segunda se abrió en julio del 2011 para realizar el mantenimiento de las cuatro centrales térmicas: Batlle, La Tablada, Punta del Tigre y la turbina de Maldonado. Fue asignada por el actual directorio de UTE a la firma Ciemsa-CSI Ingenieros por unos US$ 7 millones.

Beno Ruchansky, expresidente de UTE, y Gerardo Rey, exdirector del organismo,admitieron en el sumario que era imposible que un negocio del porte económico de los investigados pudiese ser instruido por los tres sumariados “a espaldas” de todo el organismo.

De hecho, Rey afirmó que ambas licitaciones “fueron informadas oportunamente en Directorio”. Consultado sobre si desde la superioridad se sugirieron actuaciones disciplinarias por haber salteado la intervención del directorio, respondió que no.

Los tres ingenieros participaron en la redacción de los pliegos de las licitaciones en los que se establecían los requerimientos para que las empresas concursaran. La investigación, a cargo de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol del Ministerio del Interior, probó que existían vínculos e intereses comunes entre la empresa que ganó la licitación y los ingenieros que diseñaron los requerimientos.

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No obstante, los gerentes, mandos medios que declararon en el sumario administrativo, aseguraron que no era posible que los ingenieros tomaran las decisiones sólos porque debido a los montos debían contar con la autorización de la superioridad.

Así lo expresó el gerente de la Dirección Operativa, Héctor González Bruno, quien afirmó que “no se puede tramitar una compra de ese tamaño sin la intervención de las autoridades y jerarquías que corresponden al proceso licitatorio”.

En compras millonarias, “no es posible que la solicitud o pedido de compra no pase por la jerarquía que corresponde. Una vez aprobada la solicitud de compra, el proceso sigue con Abastecimiento y luego hay un ordenador que decide la compra- dependiente del monto, puede ser el gerente de abastecimiento, la gerencia del área de recursos y negocios conexos, la gerencia general o el directorio”, indicó González Bruno.

El ingeniero Tacuabé Cabrera, gerente de Generación Térmica, coincidió en que “una licitación de estas características” debe contar con la autorización de “los distintos niveles jerárquicos”.

En el caso de la licitación 41.568 (manteniemiento de las centrales térmicas) dijo que se hizo una consulta con el Ministerio de Trabajo respecto a en qué grupo y subgrupo debería cotizar el oferente.

El gerente de Área Generación de UTE, Oscar Ferreño, también apuntó a que los ingenieros no podían “hacer contrataciones por su cuenta” y que la “línea” (él y Cabrera) debían autorizar la realización de compras. De todos modos, aclaró que ese era un control genérico: “si se hizo tal obra”, “si se paga”.

Cabrera dijo que para autorizarlo tuvo en cuenta “la realización de los trabajos”. También dijo que como se agotaron los fondos de ampliaciones, hubo de hacer una “compra directa”, que aprobó. “Había más trabajos para hacer de los previstos porque habían pasado más de dos años entre la adjudicación y la ejecución de los trabajos”.

Por su parte, Carlos Pombo, gerente general de UTE, dijo que “el perfeccionamiento del contrato es imposible que se realice sin la intevencion de la superioridad, que es mucho más que el control”. Luego en la ejecución del contrato, es la direccion de obra la que juega un papel importante.

Por último, el abogado de los ingenieros indagados, Daniel Ochs, dijo a El Observador que por los montos comprometidos “fue el Directorio quien resolvió los gastos”.

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