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Gestión Kechichian: para la fiscalía hubo irregularidades administrativas pero no delitos
El fiscal de Delitos Complejos Gilberto Rodríguez decidió archivar las actuaciones de la causa contra la gestión de Liliam Kechichian frente al Ministerio de Turismo. En la solicitud de archivo, Rodríguez advirtió que identificó "irregularidades de naturaleza administrativa" vinculadas a incumplimientos de las normas del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
"La primera conclusión a la que se ha podido arribar, luego de su pormenorizado análisis y ponderación, es que las mismas no constituyen per se conductas penalmente reprochables", concluyó el fiscal.
A lo que agregó: "Es por ello que el presunto delito que se atribuye a los imputados debe ser distinguido de cuestiones bien distintas como el orden administrativo, jurisdiccional administrativo o de responsabilidad política. Esto implica que, aunque pudiere existir responsabilidad de los gobernantes por los actos cometidos o decisiones que se adopten en la vía administrativa (...) (lo penal y lo administrativo) no solo son vías independientes que conllevan posibles decisiones adversas, las unas a las otras".
No hubo, como lo prevé la tipificación del delito, "conciencia y voluntad de realizar la conducta antijurídica". Además, analizaba las presuntas irregularidades en la compraventa de un inmueble a la Unión General Armenia (UGAB) que nunca se terminó concretando. Ello era vinculado con el denunciante con el convenio que establecieron para que Turismo y Deporte utilice el complejo deportivo de la UGAB por US$ 1.100.000 por el período entre octubre de 2015 y febrero de 2020.
La Fiscalía investigaba una sucesión de compras directas. Varias de ellas, cuando el Tribunal de Cuentas observó el gasto, fueron reiteradas.
Las denuncias cruzadas que involucran a Kechichian, al exsubsecretario Benjamín Liberoff y al exministro de Turismo Germán Cardoso, tomaron estado judicial el año pasado, a partir de las conclusiones de la comisión investigadora parlamentaria que funcionó en la Cámara de Diputados, en torno a una serie de compras de publicidad que habían derivado en la salida del jerarca colorado.
El abogado del exministro colorado, Jorge Barrera, pidió el archivo de su causa pero el fiscal aún no se pronunció al respecto.
