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30 de octubre 2023 - 18:25hs

Las potestades de los fiscales en su relación con las víctimas y el rol de estas en el proceso penal han quedado en el centro del debate tras la emisión del programa Santo y Seña de este domingo, en el que el periodista Ignacio Álvarez divulgó chats entre la fiscal Alicia Ghione y una de las víctimas del caso Penadés, Jonathan Mastropierro.

En el programa, Álvarez dijo que la fiscal tenía que renunciar o ser sancionada por haber revelado datos de la investigación a sus víctimas, como, por ejemplo, decir que en la trama de Penadés “hay un lío de la logia” (en relación a la Masonería) o advertirle a una de las víctimas que su teléfono podía estar “pinchado ilegalmente”. También emitió un audio de Mastropierro en que le transmitía un mensaje de la fiscal al periodista por el que le pedía que no buscara a las víctimas ni informara sus nombres y le recordaba que ella lo tenía como imputado por haber divulgado los audios del caso de la violación del Cordón.

Este lunes el fiscal de Corte, Juan Gómez, decidió iniciar una investigación administrativa a Ghione para determinar si incurrió en alguna falta. Por medio de un comunicado, la Fiscalía afirmó que se ordenó investigar “a los efectos de a esclarecer los hechos vinculados a presuntos mensajes de chat entre la titular de esa sede y víctimas y/o terceros del denominado caso Penades y la eventual individualización de responsabilidades”.

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Mastropierro es una de las 11 víctimas que denunció al exsenador Gustavo Penadés, al igual que de Romina Celeste Papasso. En ambos casos, trascendieron sus nombres públicamente. En el caso de Papasso, ella decidió salir a contar públicamente que cuando era varón, Penadés la levantó en Parque Batlle y lo llevó a un hotel. A su vez, el propio Penadés fue quien puso arriba de la mesa el nombre de Mastropierro al referirse a la trama que se estaba montando en su contra en Radio Universal.

En el caso de Mastropierro al comienzo de su participación en la causa no estaba claro si era víctima pero la fiscal Ghione lo consideró de esa manera desde el principio y como él no tiene abogado que lo represente, la Fiscalía tiene que darle asesoramiento, según establece el Código del Proceso Penal de 2017 que le dio a las víctimas un rol preponderante en los procesos.

A la luz de lo que establece el Código del Proceso Penal, que da a las víctimas nuevas potestades, y derecho a estar informado de lo que pasa en la causa, ¿a qué información pueden acceder las víctimas? ¿qué derecho tienen? Y, ¿qué límites tienen los fiscales?

El artículo 48.2 del Código del Proceso Penal establece que “los fiscales están obligados a realizar entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima: entregarle información acerca del curso y del resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos; ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y de su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones; e informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de ejercerlo”.

Por su parte, el código consagra derecho de la víctima que podrá “tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones cumplidas desde el inicio de la indagatoria preliminar”. No obstante, determina que el fiscal podrá disponer que las actuaciones se mantengan en reserva cuando ello sea necesario para asegurar la eficacia de la investigación.

También puede “coadyuvar con la actividad indagatoria y probatoria del fiscal” aportando pruebas en la causa. 

En ese sentido, Mastropierro tenía derecho a estar informado sobre lo que estaba pasando en la causa, incluso a conocer quiénes son las personas indagadas por Ghione y al no tener abogado la fiscal tiene que informarle. Cuando existen abogados de por medio es probable que los fiscales le informen a los abogados para que estos informen a las víctimas pero cuando no hay representantes legales cumplen con esa tarea los propios fiscales.

En ese sentido el hecho de que le informara sobre que su teléfono podía estar pinchado ilegalmente puede considerarse un derecho de la víctima a estar informado. Según supo El Observador esa advertencia surge de que en las escuchas entre Taroco y el otro policía indagado que era mano derecha de Taroco, Federico Rodríguez, mencionan: “Tendríamos que pinchar”. En otro momento Taroco le dice: "Inflame bien el informe así dejamos contentos a estos políticos”.

Fuentes de Fiscalía consultadas señalaron que puede haber aspectos de la comunicación entre la fiscal y la víctima que entran dentro de la independencia técnica, si ella lo quiere hacer por Whatsapp o lo convoca personalmente a la fiscalía, o si hace comentarios personales, pueden considerarse dentro de la discrecionalidad que tiene los fiscales para llevar adelante la indagatoria. Otras fuentes afirmaron que se puede entender que la fiscal se extralimitó en comentar futuras líneas de investigación o estrategias que no tiene por qué compartir con la víctima o enviarle un mensaje a un periodista amenazante por medio de una víctima.

Todos esos elementos formarán parte de la investigación administrativa que inició el fiscal de Corte este lunes.

Por otra parte, el fiscal Leonardo Morales tiene a su cargo dos denuncias, la de extorsión que la fiscal Ghione presentó el viernes contra el conductor de Santo y Seña, y otra que presentó Álvarez contra Romina Celeste por la amenaza de ella de publicar contenido íntimo del periodista.

A su vez se tramita otra denuncia contra el periodista por violencia psicológica tras difundir audios en su programa de Azul FM. Por esta denuncia, ambos comparecerán este martes a la 14 horas ante un juzgado de Familia especializada de 5o turno.

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