El jefe de gabinete de Argentina, Marcos Peña, reconoció que el país va a tardar "varios años" en tener un sistema de precios del
gas "justo" y "equilibrado", en una entrevista publicada ayer domingo, cuatro días después de que un fallo de la Corte Suprema del país frenara parcialmente el "tarifazo".
"Estamos en los comienzos de un proceso para poder encarar una mejora de todo el sistema energético. Va a tardar varios años hasta que Argentina importe menos gas y pueda tener un sistema tarifario justo, equilibrado, y que se pueda cuidar a los sectores más vulnerables. Esto demora un poco ese proceso claramente", dijo Peña durante la entrevista.
No obstante, Peña apuntó que el gobierno valoró "mucho la independencia de la Corte" porque "una mejor calidad democrática tiene que ver con respetar las decisiones independientemente de las opiniones". Peña consideró que igualmente el cuadro tarifario vigente, tras la revocación de los aumentos por parte de la Justicia, "es injusto", "desigual a nivel territorial" y que al no promover "la inversión" va a "hacer que cada día"
Argentina esté "un poco peor".
Por ello, el funcionario hizo un llamamiento a las fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales para participar en el proceso de audiencia pública que comenzará en setiembre y que la Corte Suprema consideró "obligatorio" antes de realizar cualquier modificación en las condiciones de los servicios básicos.
La Corte Suprema falló la semana pasada a favor de anular los aumentos del precio del gas dispuestos por el gobierno para los usuarios residenciales debido a que la decisión no fue sometida a audiencia pública previa.
La actualización de los precios había supuesto inicialmente aumentos de hasta el 800% aunque posteriormente el gobierno fijó un tope de incremento del 400% para los particulares ante al fuerte descontento social. La anulación no abarcó a otros tipos de usuarios, como industriales o comerciales a los que también se aplicaron subas con un tope máximo de 500%, ya que la Corte solo se declaró competente para juzgar sobre los intereses de los usuarios residenciales al considerar que solo estos son un colectivo homogéneo.
La suba del gas se produjo junto a incrementos en el precio de otros servicios básicos, como la luz, que también están bajo la lupa de la Justicia.