La educación no es un servicio esencial, pero hay caminos para limitar la huelga, según juristas
El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) evalúa declarar a la educación en estado de “emergencia social”, señaló a El Observador el consejero opositor del Codicen, Daniel Corbo.
“La extensión del conflicto y de pérdidas de clase coloca al país cada vez más una emergencia social porque una cosa es que se trastoquen las clases una semana, pero esto ya lleva más de un mes. Además de los días de paro de principio de año por otras razones. Es una cuestión que realmente afecta muchísimo y –a mi modo de ver– puede llegar a colocar en situación de emergencia a la educación”, afirmó Corbo.
La declaración de emergencia social no prohíbe la huelga pero la restringe, según explicó el catedrático de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho, Jorge Rosenbaum. El profesor señaló que la educación no es un servicio esencial pero el Comité de Libertad Sindical (OIT) establece que en caso de servicios públicos de importancia trascendental se puede obligar a establecer servicios mínimos que aseguren su atención.
El grado 4 de Derecho Laboral, Santiago Pérez del Castillo explicó que “se trata de una figura nueva, pero fácil de argumentar”, aseveró y citó el artículo 4 de la ley 13.720. Este señala que en casos de afectación de los servicios públicos “se podrá indicar, por resolución fundada dentro del plazo de cinco días a contar de la recepción de la comunicación los servicios esenciales, que deberán ser mantenidos por turnos de emergencia, cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga o el “lock out” en su caso”.
Pérez del Castillo agregó que la esencialidad solo se aplica en casos en que esté en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. No obstante, manifestó que el Codicen podría sacar una declaración de emergencia e impedir que la situación se prolongue. Explicó que es cuestión de establecer una “comparación” entre el derecho de huelga y el de educación y priorizar el más importante.
Van a seguir perdiendo clases
En el Codicen la continuación de los paros zonales en las escuelas de Montevideo y el cuarto intermedio en la huelga de profesores de la capital causa “preocupación porque esto quiere decir que se van a seguir perdiendo clases y los alumnos y familias más afectadas son las más humildes, las que no pueden pagar un instituto privado”, manifestó.
El jerarca sostuvo que “todavía no se han empezado a evaluar” las medidas para afrontar esta situación, pero adelantó que se está “cerca de eso”. “En los próximos días cuando veamos cómo sigue el panorama, podremos considerar que otras medidas hay que a lo mejor se puedan tomar”, explicó.
El conflicto docente comenzó el 20 de junio con una huelga en los liceos de Montevideo y San José, a lo que las escuelas de Montevideo se unieron con paros zonales. Durante las vacaciones de julio, los profesores dieron lugar a una tregua. El lunes 15 retomaron la huelga y el viernes 19 resolvieron suspender la medida a través de un cuarto intermedio que durará hasta el 10 de agosto, de no haber una solución previa. Además, adelantaron que a partir del 1º de agosto realizaran paros zonales en los liceos de Montevideo. Los maestros por su parte continúan con su plan de paros zonales hasta el jueves 25.
Aunque el conflicto ya lleva más de un mes, las partes no están todavía ni cerca de iniciar una negociación. El viernes pasado el Codicen citó a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) para hallar una salida al conflicto, pero algunos de sus delegados se levantaron antes de que culminara la reunión porque consideraron que la reunión era “una provocación”, ya que lo que se les planteó fue la forma de descontar los paros, según dijo Nelson Jaurena, dirigente de Afutu.
Sin embargo, Corbo –quien no participó de la reunión– dijo que sus colegas también plantearon a los sindicatos la necesidad de entablar una negociación para salir del conflicto, pero estos prefirieron continuarlo. Ante esta situación, el Codicen maneja la posibilidad de recurrir al Ministerio de Trabajo para que medie entre las partes.
