Gobierno deja pandemia atrás y mide aspectos jurídicos para levantar emergencia sanitaria

Uruguay ya no está en pandemia. No es una sensación térmica, ni una afirmación temeraria de esas que bien se pueden escuchar en un asado o una red social. Es la palabra del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. 

"Estamos en una etapa de endemia", dijo el jerarca este martes a la prensa horas antes de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou para hablar, entre otras cosas, de los próximos pasos para avanzar en el camino a algo más parecido a la normalidad.

El coronavirus sigue entre nosotros y en el gobierno saben que tampoco es que haya que bajar la guardia. Pero la baja cantidad de casos –más allá de la leve tendencia al alza de los últimos días, que no ha repercutido en los números de hospitalizaciones y muertes– y el reconocimiento de que habrá que convivir con el virus junto con tantos otros ha llevado a las autoridades a ver cada vez más cerca el momento de levantar la emergencia sanitaria y despojarse de varias atribuciones excepcionales que mantiene desde el 13 de marzo de 2020. 

En la mira está el decreto n° 93/020, que en su momento definió una larga serie de medidas restrictivas, algunas de las cuales ya no se encuentran activos –como la suspensión de espectáculos, el cierre de espacios públicos y complejos termales–, y otras que se creen innecesarias en momentos en los que los contagios están bajo control y la población está masivamente vacunada.

Como ese decreto, que estableció la emergencia sanitaria, es además la referencia central de muchas otras medidas que se tomaron, el gobierno analiza ahora las consecuencias que tendría su derogación, y las formas alternativas de continuar con algunos controles sin necesidad de mantener el estado de excepción.

Así se estableció este martes en el acuerdo ministerial que mantuvieron autoridades de Presidencia junto al ministro de Salud, Daniel Salinas, y el subsecretario José Luis Satdjian. Tal como adelantó El Observador, allí se conversó sobre el posible cierre de la emergencia sanitaria. Las autoridades del MSP llevaron como de costumbre un informe epidemiológico para contextualizar la situación sanitaria. Tras los dichos de Salinas pidiendo cambiar la palabra "pandemia por "endemia", y luego de la reunión en Torre Ejecutiva, desde el MSP señalaron que la decisión sobre el fin de la emergencia sanitaria está ahora en manos de Presidencia.

Las fuentes consultadas dijeron que el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, está a cargo de realizar el análisis jurídico de los instrumentos legales a los que apelará el gobierno en esta nueva etapa. 

Por ejemplo, las autoridades pretenden continuar con el testeo, aislamiento y rastreo de contactos para mantener a raya los contagios, y eso exige una fundamentación legal.

"El virus está circulando, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes, con los recaudos que correspondan, con los cuidados y cuarentenas cuando hay contactos, seguir en la etapa de testeo y rastreo pero de a poco ir hacia una convivencia con el virus porque esto no va cambiar de un día para el otro", dijo Salinas en conferencia de prensa.

Asimismo, en el gobierno analizan cómo sostener el requisito del test de PCR negativo a los extranjeros que ingresan al país sin tener decretada la emergencia sanitaria, según confirmaron las fuentes de Presidencia. 

Más allá de la apertura gradual de fronteras, que se extenderá el 1° de noviembre a toda persona con esquema de vacunación completa, el gobierno pretende mantener la exigencia del test negativo con máximo de 72 horas de anterioridad. 

El decreto n° 104/020, que establece esa exigencia, señala que la medida sanitaria se engloba dentro de las potestades que tiene el gobierno nacional debido al decreto de emergencia sanitaria, ya que se justifica en sus "limitaciones generales de ingreso al país de pasajeros y tripulantes, así como la suspensión de vuelos privados internacionales cualquiera sea su modalidad, provenientes de zonas afectadas". Además, el decreto se ampara en la necesidad de "ampliar las limitaciones a todo extranjero que no posea residencia en nuestro país" por "el contexto de la situación excepcional que atraviesa el país y la región en materia sanitaria" y "la extensión global de la pandemia".

Mientras que los extranjeros deben costear por su cuenta el PCR, distinto es el caso de los contactos de casos positivos en Uruguay, que son financiados por el Estado. El MSP pretende seguir financiando esos tests, informó El Observador a principios de octubre. 

Por su parte, la ministra de Economía Azucena Arbeleche dijo este martes a Telenoche que varias medidas económicas –como la extensión de los seguros de paro parcial o los apoyos al turismo– se mantendrán más allá del fin de la emergencia sanitaria. 

"Al terminar la emergencia sanitaria, tenemos un plazo para que finalice el Fondo Coronavirus. pero no significa que las medidas no sigan estando", afirmó. 

El artículo 12 de la ley que creó el Fondo Covid señala que “el Poder Ejecutivo determinará el momento de finalización de lo preceptuado” de acuerdo al artículo 19 de la ley 18.621, que creó el Sistema Nacional de Emergencias. Allí se establece que "el Poder Ejecutivo decretará que ha cesado la situación de desastre y que ha retornado la normalidad, en el marco de la normativa vigente”.