El gobierno dio marcha atrás y no procurará derogar la actual ley de zonas francas, que mantendrán su nombre como pretendía el sector en lugar del propuesto de Zonas Económicas Especiales. El Ejecutivo, en su lugar, tiene pronto ahora un proyecto para introducir variantes en el régimen vigente que será enviado en las próximas semanas al Parlamento.
En las semanas que siguieron al anuncio oficial, se produjo un ida y vuelta intenso entre Economía y los empresarios de las zonas francas. En una carta que la directiva de la gremial del sector envió en enero al gobierno, se insistió en que no debía cambiar el nombre y que la nueva legislación exponía a juicios a Uruguay, al generar demandas y reclamos de inversos.
El documento de la cámara del 23 de enero, firmada por el presidente de la entidad Daniel Carriquiry, señaló que la derogación era “innecesaria, inconveniente y errónea”, y que generaría “incertidumbre jurídica por la aplicación inmediata de la nueva ley a situaciones regidas por la anterior, afectando derechos adquiridos”. La cámara recalcaba que la nueva legislación podría perturbar los tratados internacionales suscriptos por Uruguay y mancillar la “credibilidad del país al sustituir un régimen con trascendencia” global.
Lo principal queda
Licio, asesor de la Cámara de Zona Francas, dijo que luego de mantener reuniones durante “bastante tiempo” con el MEF, con el vicepresidente Danilo Astori y “todo el mundo”, recibieron la noticia de que no se va a derogar la ley de zonas francas, promulgada en 1987, y que se mantiene la estructura jurídica del régimen.
“Lo principal es que no se va a derogar la ley original, la 15.921, sino que habrá modificaciones sobre la misma. Nuestro pedido fue atendido, nos lo confirmó el vicepresidente”, afirmó Licio. Esto ayuda a no generar incertidumbre al no echarse por tierra 25 años de seguridad jurídica, agregó. De todas formas, sostuvo que no conocen el alcance de los cambios. “No lo hemos visto”, dijo en referencia al nuevo proyecto.
No obstante, recalcó lo positivo de que el nombre no sea cambiado. “La zona franca es una nomenclatura internacional, reconocida a nivel global. Todo el mundo sabe de qué se habla”, aseveró. Otro de los puntos que no se modificará es la prerrogativa de alejar los proyectos de zona franca del área metropolitana, pero se dejó de lado la intención de prohibir algunas actividades en los espacios cercanos a Montevideo. “Nos parecía bueno que se potenciara el interior, pero no que fuera en perjuicio de los derechos de desarrollarse de otras industrias de la zona metropolitana”, dijo Licio. 75% de trabajadores. Porcentaje de trabajadores uruguayos que deben tener las empresas en zona francas de acuerdo a la normativa actual. Esto se flexibilizaría.
