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Gobierno enviará a legisladores proyecto de ley de urgencia, que ingresará al Parlamento "en unos días"
El presidente de la República Luis Lacalle Pou remitirá el proyecyo de ley de urgente consideración a los legisladores de todos los partidos. El mandatario tuiteó que se lo hará llegar a través de la vicepresidenta Beatriz Argimón para que "tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes que empiecen a correr los plazos constitucionales". Lacalle anunció también que será presentado "en unos días formalmente".
Argimón se comunicó con los coordinadores de todas las bancadas y también con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, para comunicarles la decisión del presidente antes de que la hiciera pública.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le había pedido a Lacalle que remitiera el proyecto de ley de urgencia luego de Semana Santa porque consideraba que el capítulo de seguridad no se podía seguir postergando en su aprobación.
Una de las posibilidades que se manejaba era remitir solamente el capítulo de seguridad. Sin embargo, según supo El Observador, Lacalle había tomado la decisión de no desglosar el documento y enviarlo tal cual está redactado.
En los partidos de la coalición no había una postura unánime sobre cuándo remitir el proyecto y si era apropiado o no hacerlo en plena emergencia sanitaria. El abanico de posturas ibadesde Cabildo Abierto, que ya había planteado en el seno de la alianza la necesidad de cumplir con este compromiso de campaña, hasta el Partido Independiente, cuyo único legislador, Iván Posada, entendía que el actual escenario es "inapropiado" para analizarla.
Apenas enterada de la decisión del presidente, la senadora frenteamplista Carolina Cosse consideró que se trata de una "pésima señal". "Lo urgente es transitar esta crisis en democracia, colaborando y preparándonos para el día después. Que ya es, todos los días. Más de 100.000 personas al seguro de paro. No es momento", escribió en su cuenta de Twitter.
Está definido que el proyecto ingrese por el Senado y la idea es que se habilite una comisión especial para analizarlo. Una vez que ingrese, al Parlamento debe ser aprobado en un plazo máximo de 90 días. El Senado -la cámara que recibirá el proyecto- tendrá 45 días para tratarla y votarla. En Diputados, en tanto,el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara alta. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses.
Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para su promulgación, que significa que la ley entra en vigencia en un máximo de 100 días.
A fines de enero, Lacalle y su equipo dieron a conocer el documento que contenía 457 artículos y era un anteproyecto. A partir de ese momento, en plena transición, recibieron a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que quisieran hacer aportes, sugerencias o críticas. También le dieron tres semanas a los socios de la coalición para acercar sus propuestas, que fueron centralizadas en Argimón.
Los principales cuestionamientos al proyecto tal cual estaba planteado por el Partido Nacional se centraron en algunas reformas al Código del Proceso Penal, por ejemplo en la eliminación de los procesos abreviados, así como también la disposición sobre la desmonopolización del combustible.
En tanto, para el Frente Amplio el documento admitía "serias objeciones de índole constitucional” y suponía "un enorme retroceso para el país”.
