Los diputados se reunirán con senadores para acordar modificaciones de consenso
El gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou evalúa enviar un mensaje complementario al Presupuesto una vez que sea aprobado en la Cámara de Diputados.
El presidente dijo este martes durante una recorrida por Rocha que el Poder Ejecutivo estaba “trabajando” en este sentido aunque evitó pronunciarse acerca de si efectivamente el gobierno lo enviará.
“Puede haber, todo es perfectible y si lo hay –no lo quiero confirmar– va a ser en varias áreas porque todo es perfectible y mejorable, por lo que hay algunas cosas que si se tiene una segunda chance quizás se agreguen o modifiquen”, expresó.
La posibilidad de que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario cuando el texto llegue a la Cámara de Senadores había sido comentada informalmente el lunes en la reunión de coordinación de los diputados de la coalición, en la que los legisladores acordaron reunirse en los próximos días para acordar modificaciones de consenso.
Leonardo Carreño
“Hay tres o cuatro ámbitos que pueden tener algún tipo de modificación, no son mayores las modificaciones, sino simplemente mejorar algunas cosas”, agregó Lacalle Pou. La evaluación y el articulado del mensaje recaerá en el Ministerio de Economía y Finanzas. Son varias las áreas y sectores que han manifestado su interés por tener más recursos: el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Codicen, entre otros.
El artículo 219 de la Constitución señala que el Ejecutivo puede enviar mensajes “complementarios o sustitutivos” únicamente en el proyecto de Presupuesto y solamente dentro de los “veinte días a partir de la primera entrada del proyecto a cada cámara”.
El texto ingresó a Diputados el 1° de setiembre, por lo que los legisladores consideran que irá directo al Senado, dados los plazos que ya están corriendo. La proyección es que comience a ser votado en el plenario el 11 de octubre ya que la fecha máxima para pasar a la Cámara Alta es el 16 de octubre.
Mientras esperan la definición del Ejecutivo acerca de este mensaje, los diputados de la coalición que conforman la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda resolvieron que se reunirán posiblemente el jueves para plantear todas las diferencias que han surgido estos días y trabajar en modificaciones de consenso.
Este martes, el coordinador de la bancada colorada, Ope Pasquet, dijo en Desayunos Informales que podía haber “discrepancias puntuales” en la coalición, pero que se reunirían a la brevedad “para dirimir las diferencias que podamos tener para tener una definición consensuada entre todos”.
Los diputados luego se reunirán con los senadores –posiblemente los primeros días de la próxima semana– para terminar de acordar las modificaciones y evitar que el texto sufra tantos cambios entre una cámara y otra.
En los últimos días surgieron diferencias en la coalición por las certificaciones médicas, los despidos por inasistencia a instancias de capacitación, el aumento de salario de los presidentes de las empresas públicas, el pasaje de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de la Intendencia de Montevideo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y la derogación de las instrucciones generales para los fiscales.
En las licencias por enfermedad, algunos legisladores entienden que es “injusto” equiparar el régimen público al privado, mientras que otros pretenden extenderlo a todo el sistema político, incluidos los cargos de confianza.
Diego Battiste
El proyecto establece que “todos los funcionarios presupuestados o contratados” con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales dejarán de percibir retribución alguna en los primeros tres días de licencia por enfermedad. Actualmente reciben todo el salario cuando se certifican.
A partir del cuarto día de inasistencia y hasta su reintegro a la actividad, la remuneración será equivalente al 70% del salario, sin contar beneficios sociales y antigüedad. “El salario, a los efectos de esta norma, es el que corresponde a su cargo, con exclusión de las partidas por locomoción, viáticos y horas extras”, dice el texto.
La otra diferencia que hay en la interna de la coalición sobre los empleados públicos está vinculada a las garantías para los funcionarios en casos de eventuales despidos. Los legisladores entienden que, tal como está redactado, hay un pasaje del proyecto de Presupuesto que expondría al Estado a una ola de juicios.
Es que el gobierno pretende despedir a aquellos funcionarios que, siendo categorizados como para redistribuir dentro del Estado, pasen un año sin cargo (porque no se les haya encontrado uno nuevo) y no asistan a la capacitación ofrecida para ubicarlo en otro lugar.
“Ese bolsón de excedentes no puede quedar como un despido indirecto. Necesitamos establecer todas las garantías para los funcionarios”, dijo a El Observador el diputado blanco Sebastián Andújar.
El proyecto plantea un aumento salarial para los presidentes de las empresas públicas que pasarían de cobrar alrededor de $180 mil nominales al mes a $235 mil (lo mismo que un subsecretario).
La ministra Arbeleche justificó esta decisión en ahorros que se generan, según explicó, con otras medidas del Presupuesto, pero el diputado blanco Gonzalo Mujica aseguró este lunes en rueda de prensa que el tema genera ruido por “la oportunidad”. “La discusión que vamos a tener es sobre la oportunidad y no sobre la justicia de la medida. Igual el monto es ínfimo”, aseguró.
En el caso de las instrucciones generales de la Fiscalía, los colorados están divididos, los blancos tienen reparos y el Partido Independiente la rechaza. Uno de los principales argumentos manejados por los legisladores de la coalición contrarios a este cambio es que este tipo de normas generales no se deben discutir dentro de una ley presupuestal. Pasquet dijo que era partidario de desglosarlo y analizarlo por fuera de los tiempos.