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Gobierno promueve aumentar los impuestos a productos que contaminan

El proyecto de gestión de residuos a estudio del Senado prevé una carga de Imesi de hasta 180% para bolsas plásticas, vasos y bandejas descartables

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25 de julio de 2018 a las 05:00

Desde hace poco más de un mes el Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que pretende reformar la legislación sobre la gestión de residuos. La Comisión de Medio Ambiente del Senado analiza el proyecto que busca "la protección del ambiente, a través de un modelo de desarrollo sostenible, mediante la prevención y reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos". Llegar al texto que ahora se encuentra en el Poder Legislativo llevó más de un año y tuvo la participación de 28 organizaciones.

El texto fija nuevas tasas al Impuesto Específico Interno (Imesi) para importadores de ciertos productos que contaminan. Por ejemplo, los productos como envases no retornables tendrán una carga de ese tributo de 5%, el film plástico de embalaje, de 20% y las bolsas plásticas, vasos descartables y bandejas de materiales descartables de 180%. En aquellos productos que ya están gravados por Imesi, se considerará ese porcentaje como una alícuota incremental.

El fundamento de la iniciativa para incrementar los impuestos es que intenta prevenir la generación y promover la valorización de recursos y plantea la llamada responsabilidad extendida. "Las normas que regulen la responsabilidad extendida del fabricante o importador para residuos post consumo establecerán que los costos totales de la gestión de los residuos asociados a los productos sean de cargo al sector fabricante e importador", indica.

El proyecto incluye a todos los residuos, sin importar su origen, excepto los sanitarios, radioactivos y mineros, y los clasifica de acuerdo a sus características, de la actividad que los genera y de la responsabilidad que se les asigna por su gestión. Uno de los principales objetivos es que se minimice su generación a través de procesos productivos, sustentables y con la aplicación de mejores tecnologías, y la valorización de los residuos. Para eso, a partir de que se apruebe y promulgue la ley, las empresas públicas y privadas tendrán dos años para separar la basura en reciclable y no reciclable.


La norma redactada por el Poder Ejecutivo pretende que se regule el trabajo de los clasificadores y que pasen a estar registrados y que sean controlados por los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, así como "apoyar el desarrollo de empresas de servicios en la gestión de residuos en forma de cooperativas y otras formas de asociación autogestionadas". "La ley reconoce a los clasificadores como un actor clave en los procesos de reciclado y puesta en valor de residuos", indica la exposición de motivos.

A su vez, se faculta al Poder Ejecutivo a fijar las tasas diferenciales para los distintos productos, según el tipo de material del que está hecho, qué tan fácil es de reciclar y qué impacto genera en el ambiente la disposición final de ese residuo.

Práctica en desuso

Según Anabela Aldaz, abogada de Guyer & Regules experta en legislación ambiental, el proyecto pone foco en cómo recaudar a través de un aumento de la carga tributaria, un modelo que según explicó a El Observador no se utiliza más a nivel mundial en legislaciones de este tipo. Si bien la abogada destacó que esos aumentos son en parte para financiar programas educativos y de gestión de residuos, opinó que el camino más adecuado sería una responsabilidad extendida al consumidor final, que le pueda ser devuelto como sucede por ejemplo con los envases retornables. "No es a través de un aumento de la carga tributaria que este problema se va a resolver", dijo.

Como el proyecto incorpora reformas tributarias, deberá aprobarse antes de octubre o quedará para el siguiente período de gobierno ya que la Constitución prohíbe votar temas impositivos en año electoral.

El camino para su análisis recién comenzó en la Comisión de Medio Ambiente por lo que la discusión todavía no está instalada. Para el senador frenteamplista Leonardo de León (711), quien preside esa comisión de aprobarse sería "uno de los proyectos más importantes del quinquenio, si no el más importante", aseguró a El Observador.

Según el proyecto de ley, residuos o desechos son todas las "sustancias, materiales u objetos de los alguien se desprende o da destino final, o se propone o está obligado a darle destino final". Por destino final, entiende "aquellas acciones que buscan dar reuso al residuo, reciclarlo o incorporarlo a un proceso de reciclado u otras formas de valorización, tratarlo o proceder a su disposición final".

Tipos de residuos

En el texto se establecen ocho tipos diferentes de residuos, de acuerdo a sus características y la actividad de la que se generan, para los que tienen responsabilidad diferentes organismos. De esa manera, distingue residuos domiciliarios y de limpieza de espacios públicos, que son de responsabilidad de las intendencias una vez entregados al sistema de recolección. También define los de "actividades económico-productivas", que son los generados por empresas, así como de obras de construcción, de suelos contaminados y especiales, entre otros.

Los especiales son los que "por su composición o características han sido regulados para tener una gestión independiente de los otros tipos de residuos y se ha transferido la responsabilidad por su gestión o financiamiento a sujetos distintos del generador, como los importadores o productores de los bienes".

Fideicomiso

El proyecto propone la creación de un fideicomiso de administración llamado Fondo nacional de Gestión de Residuos (Fonagres), que tendrá como objetivo "generar las capacidades necesarias para la gestión de las fracciones de residuos de envases" y financiará los sistemas de recolección selectiva, clasificación, transporte y valorización de los residuos especiales generados por los productos a los que se les gravará Imesi.

Según indica el Poder Ejecutivo en su exposición de motivos, con el Fonagres en particular y la ley en general se espera "dotar al país de una ley que brinde el marco jurídico para lograr una gestión sostenible de los residuos, impulse un modelo de gestión integral que contemple todas las etapas del ciclo de la vida y que incorpore la dimensión social, ambiental y económica".

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