Gobierno reclama a intendencias que expropien casas abandonadas

Ante el desafío de otorgar una vivienda formal a los uruguayos que aún no la tienen, cada poco tiempo surge la propuesta de hacer uso de los miles de inmuebles que están abandonados en las ciudades, a la vista de todos.

La iniciativa suena ideal para aumentar la oferta en un país que tiene, de acuerdo a los datos del Ministerio de Vivienda, un déficit habitacional de 51.889 unidades. A su vez, si las autoridades logran devolver al mercado esas construcciones tapiadas le harían un gran favor a las ciudades desde el punto de vista estético.

Sin embargo, lograr que una de esas viviendas desocupadas pase a ser utilizada por una familia no resulta para nada sencillo, dado que conlleva un sinfín de trámites y papeles. El proceso suele llevar años.

Luego de anuncios varios y todo tipo de intentos, el gobierno retomará el impulso en ese asunto. Es así que las autoridades nacionales tienen previsto plantear el tema a las intendencias y reclamarles que se "pongan las pilas" al respecto.

"Gran parte de las acciones sobre ese stock de viviendas subutilizadas o abandonadas está en manos de los gobiernos departamentales, que tienen herramientas para intervenir. No solo lo pueden hacer con más facilidad porque tienen un conocimiento más detallado del territorio, sino porque tienen las herramientas de expropiación, la ejecución por deudas, la contribución por edificación inapropiada o el impuesto al baldío", dijo a El Observador el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto. El jerarca agregó que algunas comunas usan esas herramientas "de forma limitada", aunque al mismo tiempo reconoció que el asunto "da mucho trabajo" porque hay que ir caso a caso.

El Ministerio de Vivienda tiene este tema en un lugar destacado de su agenda. Schelotto informó que convocarán a todas las comunas a un diálogo –llamado Construcción de una Estrategia Nacional de Acceso al Suelo– que buscará alinear criterios en varios temas. Los caminos a seguir para lograr dar una utilización a las viviendas desocupadas será uno de los insumos, adelantó el jerarca. "Tenemos pensado largar esta propuesta en abril. Hay un tema de hasta qué punto cada gobierno departamental se pone las pilas. Es mucha gestión, pocos resultados visibles, procesos largos, pero hay que transitarlo", sostuvo.

Aunque no cuenta con datos fidedignos acerca de cuántas viviendas abandonadas a las que echar mano hay en el país, la visión del Poder Ejecutivo es que el aporte cuantitativo de esas edificaciones sería "importante".

Schelotto dijo que es clave realizar una verificación caso a caso, ya que hay situaciones variadas. Aún pasado ese filtro, la cifra de posibles casas a las que recurrir "sigue siendo significativa y puede dar lugar a un alto número de viviendas", dijo.

Algunos actores privados no tienen la misma visión que el gobierno. El consultor inmobiliario Julio Villamide tiene serias dudas acerca de la cifra. "Un número importante están en refacción, alquiler o venta. Y las que están fuera del mercado son pocas. Desde el punto de vista cuantitativo el efecto sería bajo", sostuvo.

Aún así, Villamide defendió la búsqueda de soluciones sobre el tema por cuestiones estéticas. "Las viviendas tapeadas son caries en una trama urbana. En cualquier país desarrollado, no solo que no se permiten, sino que se penalizan fuertemente", dijo el experto a El Observador.

Sobre este punto sí hay un punto de acuerdo entre Villamide y el gobierno. Es que al Poder Ejecutivo le interesa particularmente dejar de lado esas tristes imágenes de aberturas bloqueadas.

Además, darle un uso a todas esas edificaciones inutilizadas implica un atractivo atajo para el gobierno. Además de los costos que tiene la construcción de viviendas, es tan caro como difícil dotar a lugares fuera de la trama urbana de servicios como saneamiento, transporte, entretenimiento, etc.

Sin embargo, la gran mayoría de estas casas suelen estar en zonas ya habitadas. "La ciudad ya está ahí", comentó al respecto el director de Vivienda. Además de inmuebles vacíos, las autoridades del gobierno quieren analizar situaciones de terrenos, edificios industriales y galpones que tengan valor de mercado.