Desde que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que el gobierno había acatado 24,5 de las 27 sugerencias propuestas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) –que, en realidad, fueron menos, según constató El Observador–, la oposición enseguida salió a la carga y se hizo eco de ese envión para reclamarle al mandatario que no había tomado buena parte de las recomendaciones científicas ni tampoco otra gran porción de medidas económicas reclamadas desde el Frente Amplio.
Este viernes, a través de un documento de 11 páginas, del que informó Subrayado, el gobierno respondió a esas críticas, enumeró una serie de disposiciones que sí adoptó con el fin de contrarrestar el crecimiento del coronavirus en Uruguay y aclaró que otras solicitudes aún están a estudio.
Amparado en la difusión de campañas publicitarias, el gobierno afirmó que, "con el respaldo" del GACH, decidió elaborar una serie de mensajes de concientización sobre el avance de la pandemia y sostuvo que, además de fomentar una campaña de vacunación masiva, impulsó, en paralelo, medidas para restringir la movilidad.
Entre ellas, citó el decreto por el que se suspendieron los espectáculos públicos (vigente hasta el 27 de junio), el cierre de bares a las 00, las limitaciones al derecho de reunión, el cierre de las fronteras y otras restricciones para ingresar al país. No mencionó que descartó tomar algunas medidas sugeridas por los científicos como el cierre de bares y restaurantes al público y que pasaran a la modalidad de entrega a domicilio, ante un contexto de transmisión comunitaria intensa.
Dentro de los mensajes difundidos, el gobierno, que descartó adoptar la recomendación del GACH de quedarse resguardado de forma extensiva, evitar circular a otros departamentos de mayor transmisión o instalar una restricción de la circulación por la vía pública en horarios determinados (por ejemplo, de 0 a 6 horas), salvo para trabajadores esenciales, destacó la suspensión de la presencialidad en las clases (ya regresó Primaria a la actividad), el cierre de las termas (durante Semana Santa) y la exhortación al teletrabajo en oficinas (aún vigente).
En el documento de 11 páginas, Presidencia respondió a los apoyos económicos reclamados, que para el Frente Amplio no son "suficientes", y señaló que en lugar del ingreso básico de emergencia planteado por la fuerza opositora adoptará otras ayudas, como subsidios adicionales para los hogares que reciben la Tarjeta Uruguay Social, asignaciones familiares, bonos canasta o quienes se encuentran en seguro de paro con bajos ingresos y puedan compensar el monto hasta un salario mínimo nacional ($ 17.930). "El costo adicional de esta medida rondaría 0,6% del PBi", explayó el texto.
Desde el Frente Amplio habían recomendado aumentar el monto mínimo del seguro de desempleo a medio salario mínimo nacional y el gobierno anunció que está trabajando en un decreto para incrementar ese importe.
"Se otorgará a jubilados, pensionistas y beneficiarios del Plan de Asistencia a la Vejez, cuyos ingresos promedio per cápita del hogar no superen las 3,05 BPC ($14.583), una canasta por única vez de $2.565. Asimismo, se está evaluando la posibilidad de aumentar la jubilación mínima", agregó.
El gobierno también contestó al pedido de fortalecer el primer nivel de atención, presentado en la Cámara de Senadores, y argumentó que las consultas presenciales en los centros médicos, así como también los estudios de diagnóstico invasivos y las cirugías de coordinación, volvieron a permitirse de forma gradual desde el pasado 17 de mayo.
A su vez, sostuvo que las personas con comorbilidades fueron tenidas en cuenta a la hora de priorizar el plan de vacunación. "El 16 de marzo 2021 comenzó la vacunación a domicilio de personas que viven y trabajan en residenciales (..). Se realizaron diversas recomendaciones para vacunación de personas embarazadas", con vacunatorios sin agenda en el Hospital Pereira Rossell, Hospital de Clínicas, Hospital Militar y en el Ecógrafo Móvil del Mides, y también "se priorizó a personas con diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías severas, oncológicas, en tratamiento de hemodiálisis, trasplantados, agendadas para trasplantes, síndrome de Down, con stents, con recambios valvulares".
"Se puede afirmar que la totalidad de ellos ya se encuentran vacunados (siempre y cuando se hayan agendado)", destacó el documento y afirmó que la campaña "Pueblo a pueblo" si bien no está pensada exclusivamente para estos grupos, atendió a más de 65 mil personas en 290 localidades del interior.
La suspensión de los desalojos a los trabajadores en seguro de paro y en hogares con el “Ingreso Básico de Emergencia" por 120 días, citadas entre las indicaciones que pidió la oposición, "no está prevista", respondió el gobierno. Es el caso, además, del acceso a un subsidio de alquiler durante cuatro meses para estas personas, que tampoco está "previsto", aseguraron las autoridades.
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