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Control obrero: gobierno dice que no puede actuar y espera por la Justicia

El ministro de Trabajo se comunicó con la Suprema Corte y aseguró que coincidieron en que es la Justicia la que debe tomar la decisión

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25 de abril de 2019 a las 08:34

Los trabajadores de Montevideo Gas realizan control obrero de la empresa desde las 6 de la mañana de este jueves, como anunciaron hace algunas semanas, pese a que la Justicia este miércoles dio lugar al recurso de amparo interpuesto por el Grupo Montevideo Gas Petrobras S.A. contra la medida.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo a El Observador que el Ministerio no intervendrá en una primera instancia y esperará lo que resuelva la Justicia en este caso. "Entendemos que la resolución de la Justicia prima sobre la emitida por el ministerio, aunque ya habíamos dicho que no era procedente el control obrero". 

El ministro dijo que al haber una sentencia judicial, el gobierno no puede pedir el desalojo. "Si esto hubiera pasado hace 15 días, cuando no había sentencia, el ministerio sí podía pedir el desalojo. De hecho nosotros anunciamos que lo íbamos a pedir en ese caso, porque no correspondía (el control obrero)", dijo Murro a El Observador

La postura fue tomada luego de que el Ministerio de Trabajo consultara al poder Judicial al respecto. Según manifestó, para proceder al desalojo la empresa tiene que pedirlo a la Justicia; y la Justicia, al Ministerio del Interior.

En marzo, Murro declaró que el gobierno no permitiría el control obrero, y para ello se buscaría una solución que “incluya la continuidad y la mejora de los servicios, así como también que los trabajadores que están en seguro de paro puedan ir reintegrándose a sus puestos de trabajo”.

El fallo del juez Hugo Rundie establecía que la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas debía “abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”. El magistrado expresó que tomar el control obrero de la empresa vulnera varios derechos reconocidos en la Constitución como el de la libertad en su sentido genérico; propiedad; derechos a ejercer la industria y comercio, y libertad de empresa o de iniciativa económica, según informó Subrayado.

El sindicato había expresado en un comunicado que la decisión de tomar control de la planta respondía a la reestructura que Petrobras —propietaria de MontevideoGas y Conecta— presentó en el ámbito tripartito: una reducción de 37 puestos de trabajo, "inicialmente", lo que representa el 25% de la plantilla laboral actual de Montevideo Gas, incluyendo la exigencia de que 10 puestos sean eliminados antes del 30 de abril o los 20 trabajadores que están en el seguro de paro no serían reintegrados. 

 

 

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