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Golpiza en Punta del Este: condenaron a los cuatro agresores y deberán ir a un curso para el control de la ira
Los cuatro hombres que agredieron al joven Juan Ignacio Romero en Punta del Este en febrero de este año fueron condenados a través de un proceso abreviado por violencia privada agravada y lesiones personales. La pena consta de 12 meses –en el caso del joven que efectivamente lo atropelló con un cuatriciclo– y 10 meses –en los otros tres casos– de libertad vigilada.
Los condenados deberán realizar tareas comunitarias dos veces por semana dos horas cada vez y se someterán a un tratamiento psicológico orientado al manejo de la ira. Deberán acreditar su concurrencia cada tres meses.
Según manifestó la fiscal Ana Laura Rosés en la audiencia de formalización de los cuatro imputados, Juan Ignacio Romero (18) salió el 5 de febrero pasada la hora 20 de la casa que su familia alquiló en el barrio Pinares de Punta del Este. A causa de su vestimenta –un buzo con capucha, gorro con visera y un pantalón de estilo cargo–, los cuatro imputados lo confundieron con un ladrón que estaba robando a sus vecinos. El joven, que había salido a dar una vuelta escuchando música, no pudo escuchar los gritos de los agresores que lo acusaban de “chorro” y le decían que parara.
La víctima fue derribado por una patada que vino de atrás. Miró y había tres hombres más con cachiporras que venían tras él. Corrió todo lo que pudo hasta que no los vio más. Pero los ahora imputados no habían abandonado su intención de herirlo: habían vuelto a su casa –contigua a la de Romero– a armarse.
Allí, uno de ellos –el que fue imputado por la autoría del ataque— se subió a un cuatriciclo; y los otros tres a un auto. No tardaron mucho en encontrarlo. Romero había reanudado su caminata, hasta que lo embistieron con el cuatriciclo, de tal forma que “quedó sentado en el vehículo” (en palabras de Rosés) y recién varios metros más adelante cayó al suelo. Se levantó y corrió para esconderse en unos arbustos, pero volvieron a alcanzarlo.
Les gritó y repitió varias veces que “no era ningún chorro, que era el vecino”. Les dijo que les iba a mostrar que no estaba mintiendo si lo acompañaban hasta su casa. En ese momento, según la fiscal, intentaron meterlo contra su voluntad adentro del auto mientras le gritaban que si no era su casa lo iban a matar. Al final, lo escoltaron caminando y lo cachearon para ver si llevaba armas.
El 90% de lo sucedido fue grabado por cámaras del Ministerio del Interior y de un vecino que aportó la filmación al Ministerio Público, dijo Rosés.
La pareja del padre del joven abrió la puerta y les confirmó que vivía allí, y les pidió que lo dejaran en paz. Los imputados, conscientes del error, le devolvieron el buzo y le dieron dinero para comprar otro gorro.
Después volvieron a intentar subsanar lo sucedido a través de regalos económicos. La fiscal aseguró que lo quisieron invitar a pasear en el cuatriciclo con el que lo habían embestido, a la piscina e incluso le ofrecieron al padre pagarle el resto del alquiler con tal de que dejaran la propiedad.
Abogado de los imputados responsabilizó solo a uno de ellos
El abogado de los cuatro imputados, Sebastián Serrón Bon, aseguró en audiencia que lo sucedido se reduce a una situación “moralmente reprochable”, pero no es una inconducta penal. Esto salvo en el caso del imputado en calidad de autor, de quien reconoció una “conducta desajustada, no acorde a la norma penal establecida”. “No existió la pluriparticipación”, opinó.
Entre los argumentos, resaltó que la víctima aceptó el dinero cuando se le ofreció y expuso que la noche de la persecución los imputados llamaron al 911 para alertar a las autoridades. “La funcionaria policial relata que cuando llega no había ningún tipo de problema. Estaba todo tranquilo e incluso se abrazaron entre el denunciante y los denunciados. Se intentó reparar el error”, indicó.
Destacó también que el informe del médico forense señala únicamente lesiones leves y que estando seis días en libertad los jóvenes nunca intentaron entorpecer la investigación. Criticando a Pablo Romero —que por su calidad de asesor de la ANEP tuvo una rápida llegada a los medios, donde contó la historia de su hijo—, indicó que los padres de los imputados –los cuatro tienen entre 23 y 25 años– “no tienen vinculación política ni ningún cargo”. Según dijo Serrón Bon, Romero los amenazó por el cargo que tiene.
