Poco tiempo después de asumir, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció su voluntad de que la represa de Casupá se construyera junto a un área protegida como mecanismo para mejorar la calidad del río Santa Lucía.
El planteo pasó recientemente de las palabras a la acción ya que el ministerio inició los diálogos para su creación e incluyó la zona en el plan estratégico de áreas protegidas, un documento que proyecta los sitios que el Poder Ejecutivo busca priorizar de cara al 2035, aunque no es definitivo dado que está en consulta pública hasta el 20 de noviembre.
Allí, dentro de los objetivos de conservación, se propone como meta incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) “al menos un sitio de especial relevancia para el servicio de provisión de agua en cantidad y calidad para consumo en la cuenca del río Santa Lucía”.
Si bien no menciona a Casupá, a comienzos de noviembre el director de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), Alejandro Nario, señaló a Subrayado que el área estimada era de 67 mil hectáreas.
El diagnóstico de Ambiente es que hay un “vacío crítico” en la protección de áreas estratégicas para el suministro de agua dulce frente a presiones como la contaminación difusa, el uso de agroquímicos y las sequías.
Por eso, la intención es integrar esta zona con el objetivo de dotar de garantías adicionales de conservación a la cuenca que abastece a la mayor concentración poblacional del país, articulando el diseño de las áreas protegidas con planes de manejo del suelo, directrices departamentales de ordenamiento territorial y salvaguardas ambientales frente a desarrollos residenciales y productivos.
Nario señaló que la declaración no implicará expulsar a productores de la zona y aseguró que sus principales fuentes de ingreso —vinculadas a la ganadería— no van a ser afectadas. “No le vamos a prohibir que el ganado beba, vamos a trabajar con ellos buscando otras alternativas para que eso no suceda”, subrayó.
El jerarca enfatizó en que no se expulsará a la ciudadanía y puso como ejemplo lo que sucede con los humedales de Santa Lucía, que tiene poblaciones importantes dentro de ella como Ciudad del Plata con sus industrias, curtiembres químicas, junqueros y pescadores.
Pese a esto, la construcción de la represa y la designación del área protegida enfrenta críticas de la población afectada, pero también de productores y actores políticos.
Esta semana, los nacionalistas Sebastián da Silva, Federico Casaretto y Martín Lema volvieron a cuestionar las intenciones del gobierno y anunciaron acciones para intentar detenerlas. Tiempo atrás la Federación Rural fue la que marchó a la Torre Ejecutiva para pedir que se dejen sin efecto los planes, algo apoyado también por jerarcas de la Asociación Rural.
El incremento general de áreas protegidas
De acuerdo con Ambiente, el plan surge en un “momento de inflexión” para el SNAP y responde a la necesidad de “ordenar y acompañar una nueva etapa de expansión y madurez del sistema”.
“Superada su fase fundacional y ante un escenario que ha cambiado sustancialmente, resulta imperativo reafirmar la ambición de la política de áreas protegidas para dar respuesta a los compromisos internacionales y abordar con éxito nuevas oportunidades y desafíos”, señala.
En este sentido, se menciona que desde la incorporación de las primeras áreas en 2008 hasta marzo de 2026, el SNAP ha integrado un total de 22 áreas protegidas.
En conjunto, estas áreas abarcan una extensión de 267.750 hectáreas terrestres y 105.074 hectáreas marinas y del Río de la Plata, lo que representa el 1,17% del territorio nacional. Si a este total se suman las zonas adyacentes, la superficie vinculada al sistema se eleva a 415.605 hectáreas (310.531 terrestres y 105.074 marinas), alcanzando así una cobertura equivalente al 1,31% de la superficie del país.
Frente a este punto de partida, el nuevo plan fija como meta para 2035 alcanzar una cobertura del 6,8% del territorio nacional bajo el SNAP.
A nivel terrestre, el sistema proyecta prácticamente duplicar su presencia, pasando del 1,53% actual al 3%.
El vector más disruptivo de esta planificación reside en el espacio marítimo. Tras la declaración del Parque Nacional Isla e Islote de Lobos y su entorno sumergido en 2024 —el primer sitio enteramente oceánico e insular del sistema—, la superficie marina protegida apenas alcanza el 0,75%.
Para 2035, el documento define como meta alcanzar el 10% del espacio marino bajo el SNAP e incorporar dos nuevas ecorregiones marinas, superando el vacío de representación más allá de la costa inmediata.
Entre los sitios priorizados en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) para su estudio o ingreso formal figuran zonas de alta relevancia biológica y pesquera como las Restingas del Pez Limón y el sector del Margen continental, talud, cabeceras de cañones y corales de profundidad, zonas que —a su vez— coinciden con áreas delimitadas por Ancap para la exploración y búsqueda de petróleo offshore.