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Guerra interna: director de ASSE pidió intervenir sindicato de funcionarios de la salud; gremio lo sancionará por 5 años
Con la participación de más de 200 delegados de todo el país comenzó este martes el congreso de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), un evento que se extenderá hasta este miércoles y está marcado por la discusión de una dura sanción a Pablo Cabrera, expresidente del gremio y actual director de ASSE en representación de los trabajadores.
La sanción, que supondrá la suspensión por cinco años de sus derechos como afiliado, será el corolario de un proceso que comenzó en diciembre de 2018 cuando ASSE firmó un convenio con la Fundación Manantial de España para avanzar en el cambio del modelo de atención en salud mental dispuesto por la ley 19.529 votada un año antes.
La votación por parte de Cabrera de ese convenio en el directorio que encabezaba el frenteamplista Marcos Carámbula le valió una denuncia en el sindicato por ir en contra de una resolución que rechazaba el cierre del Hospital Vilardebó y las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi (hoy llamadas Ceremos).
Ese procedimiento provocó una fractura entre Cabrera y la línea mayoritaria del gremio encabezada por Martín Pereira y Gustavo Gianre, y llevará a que este miércoles la FFSP discuta si también aprueba una moción en la que le quita el respaldo como director de ASSE y le sugiere al Poder Ejecutivo un nombre para reemplazarlo.
Aunque el motivo formal de las diferencias es la votación del convenio con Manantial, en el gremio también cuestionan que Cabrera haya firmado “sumarios a compañeros” y realizado negociaciones con los directores políticos de ASSE sin el apoyo de la federación.
Cabrera, en tanto, rechaza todas las acusaciones, señala que la sanción es desproporcionada, dice que para tomarla se violaron los estatutos del gremio y que no se le permitió defenderse.
En los últimos días, el director pidió la intervención de la FFSP por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y presentó un recurso de amparo ante la Justicia con el objetivo de invalidar la sanción. A su vez, denunciará el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
Desde el MEC confirmaron a El Observador que recibieron una denuncia y dijeron que dieron vista a las autoridades del gremio. A su vez, señalaron que las intervenciones no se resuelven a pedido de parte por lo que la decisión se tomará si se detectan irregularidades graves.
A su vez, el jueves a las 17.30 se realizará la audiencia de amparo luego que la jueza de Civil de 3° turno Claudia Muguiro accediera –parcialmente– al recurso que presentó el director.
Cabrera también había pedido suspender el congreso de martes y miércoles, pero la magistrada rechazó el planteo porque consideró que no se configuraban los requisitos previstos en la ley.
“Flagrante violación”
Antes de presentar el amparo y pedir la intervención del MEC, Cabrera interpuso un recurso de revocación y anulación ante la FFSP por las sanciones.
En el escrito, el director pidió la “nulidad por indefensión” debido a que no le comunicaron las conclusiones de la comisión de disciplina gremial, por lo que no tuvo la “oportunidad de articular su defensa, encontrándose en absoluta e insubsanable indefensión”.
“Corresponde anularse la resolución”, señaló y agregó que presentaba “vicios insanables en flagrante violación no solo del estatuto de la FFSP sino de además y principalmente a normas de derecho positivo”.
A su vez, expresó que la sanción fue dictada con una “errónea motivación” y una “evidente desproporción” entre la falta imputada y la sanción impuesta, con “desviación, exceso y abuso de poder, que causan agravios y graves perjuicios al compareciente, menoscabando sus derechos, exponiéndolo además infundadamente al escarnio público”.
Respecto a la falta, argumentó que nunca le comunicaron la resolución del congreso de oponerse al cierre del Vilardebó y las colonias, y mencionó que esa decisión había sido tomada por el Parlamento. “No puede responsabilizarse al compareciente de haber acompañado la resolución de cierre cuando no integra el Parlamento Nacional y una vez que se tuvo conocimiento de la resolución del congreso se comenzó a actuar en consecuencia”, subrayó.
Por último, dijo que no tenía antecedentes negativos en sus más de 20 años de afiliado y que además de las irregularidades en la investigación también se habían registrado “apartamientos” a la normativa en la “convocatoria a los delegados para el consejo directivo nacional” tanto en relación a la “forma en que se realizó la misma, como así también a quienes se convocó”.
