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Haití: cuatro casos de abuso y paternidad por parte de soldados
El Ministerio de Defensa Nacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comprobaron la responsabilidad de soldados uruguayos en cuatro casos de abuso y paternidad que fueron denunciados entre 2009 y 2015 durante la Misión de Paz en Haití. Así lo señala un oficio elaborado por el general Mario Stevenazzi, director nacional del Sistema de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (Sinomapa) a pedido del ministro José Bayardi.
Este miércoles, The Conversation publicó una investigación que señaló a los soldados uruguayos como los principales protagonistas (28,3%) en 265 casos de explotación sexual y abuso denunciados por mujeres haitianas durante los 13 años (2004-2017) que duró la misión.
Los datos procesados por el Ejército señalan que desde 1992, cuando se desplegó el primer contingente en misiones de paz, hubo 36 denuncias a soldados uruguayos por abuso y explotación sexual. De esas 36 denuncias, 24 ocurrieron en Haití y 11 de ellas refieren específicamente a casos de presunta paternidad.
El gobierno uruguayo comprobó mediante la realización de exámenes de ADN, que cuatro de esas denuncias eran verdaderas. El primero de los casos ya se cerró y finalizó con un “reconocimiento voluntario”, mientras que los tres restantes aún están pendientes de resolución de Naciones Unidas, aunque para el Estado uruguayo están “cerrados”.
En estos casos, el gobierno implementó la figura del “punto focal” de asistencia a los hijos, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y, de acuerdo a fuentes de la cancillería, en julio de 2018 enviaron “toda la información” pidiendo que finalice el proceso.
El informe elaborado por Stevenazzi señala que en todos los casos comprobados los antecedentes administrativos fueron puestos a disposición de la ONU y la Justicia del país de origen para posteriores acciones.
Datos internos del Ministerio de Defensa a los que accedió El Observador señalan que en 8 de las 11 denuncias también se produjeron reclamos específicos al Estado por paternidad. Dos casos fueron en 2009, uno en 2011, uno en 2012, tres en 2013 y uno en 2015.
El informe de Stevenazzi señala que 9% de los 24 casos fueron “comprobados” y que el 99% de las denuncias están clasificadas en la categoría de explotación por el “relacionamiento entre el efectivo uruguayo y la local sin violencia, no constituyen abuso pues no implicaron violencia física”.
En los casos que se lograron comprobar, el gobierno asegura que se adoptaron las “medidas disciplinarias correspondientes” que van desde sanciones de arresto a rigor, desafectación de la fuerza o pase a la Justicia Militar.
En el informe, el general dice que los casos de abuso y explotación sexual son en gran medida una “nefasta consecuencia” de una “devastadora realidad social y coyuntural de los escenarios de despliegue”.
“Su prevención y erradicación no se limita al elemento represivo, centrado en las sanciones a los infractores sino que incluye una dimensión social”, agregó.
Durante un discurso por el aniversario del Ministerio de Defensa, Bayardi defendió la actuación del Estado en estos casos y dijo que el protocolo aprobado en 2014 había sido tomado como “ejemplo” y “modelo” por Naciones Unidas.
“La gravedad de estos actos afectan la imagen de las Fuerzas Armadas, del país, de la misión y de la ONU”, subraya el informe de Stevenazzi antes de mencionar que Uruguay se destaca por ser uno de los pocos países que tiene “procedimientos claros” de investigación, por responder en tiempo y forma cuando surge la presunción de un nuevo caso.
