6 de septiembre 2014 - 20:19hs

La campaña electoral está en su auge y las denuncias contra adversarios como forma de buscar votos son una herramienta usada cada vez con más frecuencia. En el ámbito municipal es donde las denuncias penales cobraron más vida en las últimas semanas. Ningún partido político ha quedado a salvo. A los blancos le cayeron acusaciones en Colonia (donde el intendente Walter Zimmer fue procesado con prisión por abuso de funciones), en Florida, en Durazno y en Cerro Largo. A los colorados los acusan en Salto. El Frente Amplio (FA), por su parte, también tiene un exintendente procesado en Treinta y Tres (ver recuadro) y ahora exjerarcas frenteamplistas de Salto son indagados por la compra de terrenos a un familiar del exjefe comunal suplente de Ramón Fonticiella (ver página 3).

El actual intendente sobre el que pesan más denuncias es el nacionalista Sergio Botana (Cerro Largo). En ese caso el denunciante es la Junta Departamental, que con votos de ediles del FA e incluso de algunos blancos, lo acusa de actos de presunta corrupción.

Por los empadronamientos irregulares de vehículos a raíz de la ley del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) hay varias denuncias en trámite o a punto de presentarse. En Colonia, aunque Zimmer está libre, la indagatoria sigue adelante. En Florida, la semana pasada, el diputado del MPP, Carlos Rodríguez, denunció al intendente nacionalista Carlos Enciso y en Durazno el Partido Socialista anunció que denunciará a Benjamín Irrazábal. En ambos casos las denuncias sostienen que se empadronaron autos violando la ley.

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Máquinas rotas
La Junta Departamental de Cerro Largo envió a la Justicia días atrás un informe sobre presuntas irregularidades en la compra de maquinaria por parte del intendente Botana. En el documento se denuncia, además, la presunta “existencia de una comunidad de intereses” entre la intendencia y la empresa Ramón C. Álvarez, dedicada a la construcción vial. Esa firma ejecutó, entre 2010 y 2013, el 51,66% del total de las inversiones departamentales.

Este es el tercer informe elaborado en el año por la comisión investigadora de la Junta Departamental en relación con la gestión del intendente. Los otros dos guardaban relación con el uso de un fondo proporcionado a la intendencia por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) para la construcción de 67 viviendas, la compra de luminarias, sobre la contratación de personal, y sobre la contratación de ONG por un monto de más de $ 80 millones. A esto se sumó esta semana el de compras irregulares.

Las investigaciones surgieron luego de que dichas acciones fueran observadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Según el informe, al que accedió El Observador, en 2011, Botana viajó a Estados Unidos junto con el representante de la empresa Ramón C. Álvarez, donde adquirió 29 máquinas por un monto de
U$S 1.409.000, en un remate público.

Según el informe, Botana alegó ante el TCR que se trataba de un “buen negocio”, ya que la maquinaria se encontraban en buen estado, “con relativo poco uso, a precios sensiblemente menores que el costo de las máquinas nuevas” y la compra se encontraba en consonancia con las disposiciones legales establecidas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

Sin embargo, según resolvió el TCR, la compra mediante remate público solo corresponde cuando el mismo se realiza en el país, “no resultando extensible a hipótesis similares celebradas en el extranjero”. La ley aplicable en ese caso sería la estadounidense.

El TCR señaló que “se constataron pagos efectuados mediante transferencias bancarias con anterioridad a la recepción de la maquinaria adquirida en el exterior”, cuando el pago debería hacerse una vez obtenida la maquinaria.

Pero además, la maquinaria traída desde Estados Unidos llegó, según el informe, con “rotura de vidrios, chapas y faroles” así como con residuos de cal o resina. Por este motivo, una vez en Uruguay, las máquinas debieron repararse, lo que se habría efectuado en un taller de la compañía Álvarez en Montevideo.

Esto fue informado a la comisión por un mecánico que trabaja para la Intendencia de Cerro Largo. El trabajador se refirió además a diferentes ocasiones en que la intendencia intercambió maquinaria o parte de ellas con la empresa Ramón C. Álvarez, recibiendo equipos inutilizables, deteriorados, o que debían ser reparados en el exterior, por otros en buen estado y casi sin uso.

Según el informe, el intendente y otros funcionarios departamentales fueron llamados a prestar declaraciones ante la comisión pero no concurrieron.

Favoritismo
“Mientras Ramón C. Álvarez S.A. estaba comprando para sí, por error, una máquina que interesaba a la Administración fue adquirida por dicha persona jurídica privada, pero cuyo pago fue efectuado por la Intendencia a la firma Iron Planet, no habiéndose permitido por la firma rematadora la cesión de los derechos de mejor postor”, dice el informe del TCR de febrero de 2012. Pero, a pesar de que se alegara el error, la adquisición fue efectuada por la intendencia y la empresa.

Según el documento, posteriormente Ramón C. Álvarez SA cedió los derechos de la maquinaria a la intendencia.

Para el edil por el FA y secretario de la comisión investigadora, Ademar Silvera, existe un “favoritismo” desde la intendencia hacia la empresa Ramón C. Álvarez. Según lo expuesto por la comisión, Botana autorizó “graciosamente y de hecho” la instalación de una planta de la empresa en el predio de la intendencia, además de realizar una adjudicación directa de más de US$ 1 millón. La normativa establece que deben realizarse licitaciones cuando las obras o adquisiciones superen los $35.000.

Por otra parte, la investigación alude al hecho de que el asesor legal en la compra de la maquinaria es también abogado de la empresa mencionada. (Producción: Lorena Maya)

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Decisión 2014

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