Luis Alberto Heber declaró este martes en Fiscalía en el marco de la investigación por la extensión hasta 2081 de la concesión a Katoen Natie en el Puerto de Montevideo.
El actual ministro del Interior, que por entonces se desempeñaba como ministro de Transporte y Obras Públicas, transparentó ante el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, cuáles fueron los "cuatro objetivos políticos" que se habían trazado con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante la negociación, según supo El Observador a partir de fuentes judiciales.
Heber mencionó que la prioridad del gobierno era “evitar el juicio”, más allá del monto de la demanda –cifrada en US$ 1.500 millones–, porque entendían que el pleito iba a provocar una “parálisis” y “congelar” la acción del puerto. Recordó que a Katoen Natie le quedaban 11 años de concesión (hasta 2031) y que mientras estuviera en juicio no iba a hacer inversiones, algo que lo “desesperaba”. “Era un panorama negro”, describió.
Para sustentar el argumento, mencionó que Miguel Ángel Toma –el exsecretario de la Presidencia y encargado de los juicios durante el gobierno de Tabaré Vázquez– les había sugerido “negociar” en base a su experiencia “exitosa” en otros litigios.
El segundo objetivo político fue lograr que se incremente la inversión en el puerto, algo que había sido impulsado desde la administración anterior, pero con un cambio de paradigma: transformarlo en un puerto hub para competir con la región.
“Queremos competir afuera”, sintetizó y aseguró que para lograrlo es necesario tener una mayor profundidad, con un dragado de hasta 14 metros, que permitirá “terminar” con la “histórica” lucha de puertos con Buenos Aires. “Lo logramos, invertirán US$ 455 millones en 5 años”, resumió.
Heber señaló que el tercer objetivo fue obtener una “rebaja de tarifas”, un tema que lo “obsesionó”. “Fui muy jeringoso, insistente, en esta necesidad” y se logró algo “muy importante”: una baja de 30% en algunos casos y 20% en promedio. “Era muy importante para nuestro sector exportador”, manifestó.
El último pedido de Lacalle Pou fue que el Estado comenzara a cobrar las ganancias por tener un 20% de las acciones en Terminal Cuenca del Plata (TCP). Estas utilidades estaban retenidas por Katoen Natie –el socio mayoritario en la empresa– debido a la mala relación que había con las autoridades del MTOP y la ANP en las administraciones del FA. “Era plata que nos corresponde”, manifestó y señaló que era “necesario tenerlas” para enfrentar dos obras importantes: el viaducto y el puerto pesquero de Capurro. “Estos US$ 20 millones nos venían como anillo al dedo”, expresó.
El ministro señaló que se cumplieron los cuatro objetivos y que la empresa solicitó como contrapartida extender 50 años la concesión y “certezas” en las inversiones que tenían. Dijo que en vez de tener el “riesgo” de “pagar” por un juicio, el país tendrá una inversión de US$ 455 millones “genuina” que generará “mucho empleo”. “Para mí es un gran acuerdo que no se logró antes y se logró ahora”, zanjó.
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