Hilvanando la coalición

En este caso, y en particular en lo que refiere a uno de los artículos vetados, hay relativo consenso incluso intrapartidario, de que el presidente hizo bien en ejercerlo. Lacalle Pou pidió evaluar el alcance de la norma que establece que el fiscal de Corte y el fiscal adjunto de Corte estarían inhibidos como abogados por tres años, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, Además, los fiscales penales iban a ser inhibidos por un año de ejercer la abogacía penal.

El proyecto presentado por el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, tuvo sus discusiones constitucionales por varias puntas, pero la que más preocupó y tiene asidero, es el hecho de que el cambio propuesto implica una modificación en el estatuto de los funcionarios fiscales, disposiciones que exceden al un mandato de gobierno y su ejecución, lo que viola el 216 de la Constitución.

Además de que se ha vuelto mala costumbre que las rendiciones de cuentas se hayan transformado en bolsones de artículos ignotos que no tienen que ver con el objetivo original de este tipo de norma, casi siempre esos “pequeños” cambios tienen que ver con temas muy particulares de grupos de interés que aprovechan a meter cuchara.

Esta vez Lacalle Pou vetó cinco artículos, pero este en particular tiene también que ver con el hilado de una coalición por la que muchos daban dos pesos, pero que ya lleva cuatro años relativamente eficientes, en los que a pesar de que la llave general ha saltado más de una vez, se ha logrado continuar con un acuerdo que hace posible, incluso con chisporroteos, la gobernabilidad.

En los hechos, Presidencia argumentó jurídicamente la decisión de este veto -que dejó por fuera al fiscal de Corte- que la inhibición debía analizarse “atendiendo a las competencias funcionales atribuidas por el ordenamiento jurídico a los cargos mencionados”. Según Lacalle Pou, las competencias y funciones administrativas atribuidas al fiscal de Corte y su adjunto difieren “sustantivamente de las encomendadas a las Fiscalías con competencias en materia penal”.

“Contemplando las diferentes competencias señaladas, no se aprecian elementos que fundamenten la misma limitación de un derecho a todos los cargos comprendidos en los incisos primero y segundo del artículo 636 del proyecto de ley en análisis. Así, se sostiene que dicha limitación es de excepción, por lo que solo está permitida para conciliar su ejercicio con otros derechos igualmente fundamentales”, dice el texto de argumentación del veto.

A su vez, subraya que en el caso de los fiscales penales no se visualizan “cuáles serían las razones de interés general que justifiquen una limitación a un derecho constitucionalmente protegido, como lo es el derecho al trabajo” por lo que “no resulta conveniente ni amerita que se disponga la misma restricción de derechos protegidos constitucionalmente a quienes se encuentran en situaciones diferentes”. 

En los hechos, ha sido el mandatario el que ha manejado con más estrategia el hilado de la coalición. Eso no lo ha librado de crisis que, analizadas a la distancia, no fueron determinantes. El pedido de renuncia a la entonces ministra de Vivienda, Irene Moreira, dirigente de Cabildo Abierto y esposa de su líder, Guido Manini Ríos, fue uno de los momentos más tenso de una relación que sobre todo ha sido tirante con este partido. Manini Ríos y Moreira siempre negaron las acusaciones de que la ministra había privilegiado a personas cercanas y de su partido a la hora de asignarles viviendas. Pusieron el grito en el cielo, el presidente se mantuvo en sus trece y los compañeros cabildantes prefirieron quedarse en la coalición que salir ya a la intemperie de un sistema político en el que el Frente Amplio solo se puede vencer si hay segunda vuelta y algún tipo de acuerdo. 

Luego vino el lío de Salto Grande, que terminó siendo un maremoto que involucró al partido de gobierno y generó la renuncia obligada del jerarca político designado al frente de la Comisión Técnica Mixta por el Partido Nacional, luego de haber colocado a varios correligionarios en puestos con altos sueldos, entre otras renuncias. ¿Quién tocó la campaña de este lío? Cabildo Abierto.

El presidente juega con cierta delicadeza a la hora de tirar de los hilos, con la certeza de que todos necesitan de todos para el fin electoral común. La peor crisis, que se dio durante la discusión por la reforma previsional, tuvo sus réplicas con movidas de ida y vuelta que denotan vendettas en base a hechos reales (Vivivenda y Salto Grande).

Esta vez el veto también es una patadita, constitucional, a Cabildo Abierto. Lacalle Pou dijo en Anchorena que no hay que pasar los límites que destruyan del todo este acuerdois tan artificial como conveniente y necesario. Falta un año.