La fiscal a cargo del caso, Alicia Ghione, explicó a El Observador que una de las denuncias fue por violación y otra denunció que el hombre la obligó a practicarle sexo oral, pero que no pudieron ser probadas a través de pericias médicas porque no se constataron lesiones (en el caso de la violación). Por otra parte, la fiscal dijo que "las víctimas habían accedido a encontrarse con su agresor".
El imputado las contactó a través de un chat y luego acordó reunirse con ellas, dónde cometió el abuso sexual.
La evidencia en torno al caso fueron la lesión en la rodilla de una de las mujeres, la filmación de una estación de servicio que concordaba con el relato de las víctimas y el sistema de rastreo de celular del Ministerio del Interior.
El caso se resolvió proceso abreviado, una innovación del nuevo Código del Proceso Penal que permite al fiscal negociar una pena más baja con la defensa del acusado a cambio de que acepte su culpabilidad. La pena a negociar será de hasta un tercio de la pena mínima dispuesta por el Código Penal.
En los casos de abuso sexual, las penas van desde dos años de prisión hasta 12 de penitenciaría. Originalmente la fiscal había pedido una pena de seis años de penitenciaría, que fue reduciéndose al negociar con los abogados de la defensa.
