La decisión del flamante fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias de pedir la prisión domiciliaria para los tres imputados por la violación en el Cordón, junto al archivo 300 casos en los que a su juicio no había pruebas para avanzar y sus críticas a la gestión oficialista de la Fiscalía, trajeron una serie de repercusiones políticas e institucionales.
A nivel de la Fiscalía, el Departamento de Políticas Públicas comenzó una investigación para saber más sobre los casos archivados y su director Sebastián Pereyra señaló que lo ocurrido sale de lo común.
Ahora a Iglesias se le abrió un nuevo frente luego de que la Asociación de Fiscales pasara al Tribunal de Conducta Gremial sus declaraciones.
Iglesias, sin embargo, dijo a El Observador que "de esa acción" se enteró "por la prensa".
El pase al tribunal de conducta de Iglesias –que había liderado una corriente opositora dentro del gremio– se hizo a instancias de la fiscal de Homicidios Mirta Morales, integrante y expresidenta del sindicato, quien dijo sentirse "seriamente afectada" por los dichos de su colega, según consta del acta votada por unanimidad este miércoles.
Morales solicitó la "intervención del gremio" al entender que Iglesias "habla de forma negativa" sobre el "desempeño laboral" de los fiscales y "el trabajo de la Asociación, utilizando afirmaciones genéricas, ofensivas y sin fundamentos".
William Rosa, presidente de la asociación, se limitó a decir entonces a El Observador que son "situaciones que tienen que ver con reivindicaciones" del gremio. Y que "debe resolverse a través de los mecanismos que prevé el estatuto".
