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Ilegalidad a la vista de todos: el negocio turbio de autos y terrenos en Aceguá
En Aceguá, el poblado que está en la frontera de Uruguay y Brasil en el departamento de Cerro Largo, nunca se sabe cuando se está del lado brasileño y cuando del uruguayo porque no hay una línea divisoria que indique la llegada a territorio brasileño. El poblado es tranquilo y todos los vecinos se conocen. Incluso, el alcalde municipal Ruben Almeida es uno más de ellos que atraviesa el lugar mientras lo saludan en español y en “portuñol”.
Como es una zona fronteriza muchos melenses cruzan la frontera, llamada integrada, para hacer compras y contrabandear, o como se dice en el ámbito popular “bagayear”. Y ya que recorren los 60 kilómetros que separan la capital de Cerro Largo de Aceguá, muchos aprovechan para realizar el trámite y tener el documento brasileño que se entrega para facilitar la circulación de la personas que viven en la frontera, pero no debería entregarse a quien vive en Melo. El término correcto para este papel es Catastro de Persona Física o CPF.
“Yo me lo hice para poder comprar algunos whiskies en el free shop sin que me compliquen cuando voy a pagar y después me hago unas changuitas en el pueblo”, admitió una de las personas que estaba en el Correio (correo), el lugar en donde se solicita el CPF. Alrededor de cinco personas por día llegan a Aceguá buscando hacerse del documento, la gran mayoría son de Melo, dijo uno de los funcionarios del correo que prefirió no dar su nombre.
Los requisitos para llegar a tener el CPF son presentar la cédula de identidad uruguaya, una partida de nacimiento y una dirección brasileña, la cual se consigue con alguien del lugar que cobra una pequeña comisión. El costo del mismo son unos 7 reales, alrededor de $70. Luego de esto, hay una persona a la que le llaman "el transportista" que se encarga de llevar el comprobante que se obtiene en el Correo hasta Bagé. Allí, se confecciona el documento. El hombre, que se traslada en moto, regresa más tarde con varios CPF prontos.
Los beneficios de tener el papel no sólo sirven para comprar mercadería en los free shops sino también para comprar autos, y también terrenos o ganado.
Los autos y las ventas
Si bien es un fenómeno que se repite en todas las ciudades fronterizas, la compra de autos brasileños preocupa a las autoridades departamentales. Según cifras de la Intendencia de Cerro Largo, alrededor de 2 mil autos circulan con chapa del vecino país. Se pueden ver desde autos de alta gama hasta vehículos viejos de los años 80.
Frente a esta situación como medida de control, las autoridades municipales decidieron comenzar a cobrar una tasa de circulación, que se fija con los mismos criterios de la patente de rodados. Quienes adquieren un auto brasileño tienen un plazo máximo de 15 días para registrarse ante la intendencia y pagar la tasa. Si no lo hacen, se exponen a que se les retire el vehículo.
El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo a El Observador que luego de que se aplicó esa medida se comenzó a identificar a los responsables de los vehículos. El jerarca municipal aclaró que también se solicita que el dueño del auto contrate un seguro para que, en caso de un accidente, los damnificados puedan tener cobertura.
Aclaró que la tasa de circulación es solamente para controlar e intentar reducir el número de automóviles, no obstante, no sirve de nada en caso de que se haga un control o un accidente y el responsable no tenga todos los documentos que se le solicitan. Para Botana el acceso al documento brasileño “influye” para que se dé esta situación. “Hay gente que vende el auto uruguayo para comprar uno brasileño”, dijo.
De todos modos, el intendente reconoció que aún están por debajo en los registros. La Intendencia de Cerro Largo sólo tiene anotados a 600 vehículos con chapa brasileña pagan la tasa de circulación.
Ventas ilegales en las redes
Los autos que se compran en Bagé o Aceguá se comercializan básicamente a través de grupos de ventas de Facebook. A modo de ejemplo, un auto del año 2000 en adelante puede llegar a costar hasta $ 70 mil y uno de la década de 1990 oscila entre $30 mil y $40 mil. No obstante, esos vehículos no pueden circular fuera del territorio departamental por el hecho de que si Policía Caminera los detiene, debe retirarlos por la falta de documentación, además de que los conductores no poseen permiso de conducir brasileño sino uruguayo.
Uno de los vendedores que posee el CPF y se dedica a la venta de autos que lleva desde Aceguá hasta Melo dijo a El Observador que los vehículos “son para andar en la vueltita de Melo” debido a la falta de documentación y a que, en muchos casos, los vendedores no saben la procedencia. “Pueden ser robados y no se sabe, mirá si te hacen un control y salta que la chapa está requerida en Brasil”. El vendedor contó que hace más de un año solicitó el documento y luego encontró una “oportunidad” en la venta de autos y se contactó con alguien de Bagé para luego comenzar a pasar los autos a Melo.
Según su relato, la mayoría de los compradores los utilizan para trabajar o como medio de transporte alternativo a la moto dado que se consiguen por precios muy accesibles. “Vas a comprar un auto uruguayo y con suerte te termina costando US$ 7 mil”.
Sobre el tema de la comercialización de autos en el departamento, fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El Observador que la cifra de autos ilegales ronda los 4.000 -lo que duplica la cifra manejada por la Intendencia de Cerro Largo- y que por semana se incautan dos o tres vehículos ilegales.
A pesar de que las fuentes señalaron que existe “la intención de perseguirlos” sobre todo porque la mayor parte de estos autos tienen deuda en Brasil, poseen chapas clonadas o incluso son robados, admitieron que no lo hacen. “No nos podemos dedicar porque tenemos una agenda complicada con el tema de los delitos”, dijo el informante.
Desde la Dirección Nacional de Aduana, dijeron a El Observador que en 2018 se incautaron 309 autos ilegales. “Una importante cantidad de estos vehículos son robados y comprados a bajos precios en Brasil y luego ofrecidos en redes sociales”, dijeron. En esta misma línea afirmaron que están trabajando con el Grupo de Gestión de Información de la Gerencia de Operativa Aduanera, Administradores de Aduana de todo el país, y en Gestión Coordinada en Fronteras para intercambiar datos con autoridades brasileñas y así poder tener mayor control de la situación.
Además, explicaron que es muy difícil poder detectar las compras ilegales en Brasil porque lo hacen con el CPF y eso hace imposible saber si quien compra es de Uruguay o no.
La fuente del Ministerio del Interior dijo además que el problema va más allá de la frontera puesto que se han dado casos de autos brasileños en Canelones o Montevideo que son desarmados y utilizados para vender repuestos. “Tenemos nuestras dudas que esos vehículos no anden en territorio nacional”, señalaron.
Venta del alcohol y ropa
El CPF también permite contrabandear alcohol y ropa. Uno de los vendedores dijo a El Observador que generalmente compra cajas que traen 6 o 12 botellas de whisky o cerveza y lego las vende cada botella de whisky a $ 600 y las cajas de cervezas entre $ 1.000 y $ 1.200, según la marca.
Marta, una melense que esa mañana estaba solicitando el CPF dijo a El Observador que luego de tener el documento irá comprar ropa a las “lojas” (tiendas de ropa) para revender en la feria de “los viernes”, ubicada en la carretera 26. La ropa comprada en Aceguá también se vende a través de los grupos de compra y venta en Facebook. “No hay control ahí, por lo menos yo nunca escuché que alguien tuviera problema”, señaló la mujer de unos 60 años.
El alcalde de Aceguá dijo que no promueve que los uruguayos se hagan el documento brasileño pero destacó que “a muchas personas les abarata la vida y eso no está mal”, dijo Almeida.
Pero no solamente se venden artículos más baratos que compiten con los productos locales, sino que muchos uruguayos utilizan el documento para comprar terrenos y casas con el fin de alquilarlos o habitarlos y obtener un rédito económico. Cuando El Observador habló con el alcalde en las calles de Aceguá, se encontraba junto a él un empresario uruguayo de Aceguá que está instalado del lado brasileño. Si bien prefirió no dar su nombre para mantener su “bajo perfil”, contó que él accedió al documento hace más de 15 años y lo primero que hizo fue comprar un local donde instaló una barraca en la que le vende a muchos ciudadanos de Melo que llegan a comprar insumos para las reformas de sus casas.
A unos metros de allí, hay seis casas que forman parte de un complejo de viviendas. “Viste eso allá, allí viven muchos uruguayos que vienen de Melo y construyeron o compraron las casas”, dijo Almeida.
Los perjudicados
Frente a uno de los galpones de Aceguá en los que se venden comestibles al por mayor, hacen cola los kileros con sus motos. Compran la mercadería que luego venden en ferias de la capital. “Con esto de que mucha gente se hace el documento, tenemos menos trabajo porque vos te lo hacés y, si tenés un almacén, no precisa que alguien te bagayé la mercadería”, dijo uno de los que estaba atando las garrafas de 13 kilos para salir rumbo a Melo.
