A casi un año y medio del anuncio de la intendenta Carolina Cosse, el Frente Amplio en Montevideo se prepara para votar en la Junta Departamental la semana que viene para aprobar la creación de un "precio" a cobrar a las grandes empresas como "contrapartida" del levante que por la vía de los hechos recae en la comuna y que por ley debiera corresponder a las mismas compañías o a sus importadores.
El texto, que desde diciembre del año pasado está en la Junta, pasará este viernes desde la comisión de Medio Ambiente al plenario y allí quedará sancionado con los votos de la izquierda. El Partido Nacional, mientras tanto, acusa un mero "afán recaudador" por parte del gobierno departamental, al tiempo que la Cámara de Industrias advierte que deberá trasladarlo a precios.
Una de las grandes novedades del discutido proyecto consiste en cuánto será el ingreso para la Intendencia de Montevideo (IM) una vez que cobre la nueva tasa. El director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, respondió días atrás en comisión que estiman un costo "no menor a US$ 5 millones pero con un techo que podría ser de diez o doce millones de dólares, dependiendo de la cantidad de toneladas que se recuperen".
"Eso sería en las condiciones de recuperación actuales", aclaró. "Si hubiera una mayor recuperación de las empresas, esos números inmediatamente bajarían, porque habría menos costo para la Intendencia".
La comuna maneja –en base a "datos primarios" que comparan a registros previos a la pandemia– que el costo anual de gestionar residuos está "en el orden" de los US$ 78 millones. Al mismo tiempo, una auditoría presentada por el BID antes de la emergencia sanitaria indicaba que un 38% de los descartes que van de la basura de las casas a los contenedores podrían ser reciclados, pero los niveles de recuperación en la capital hoy solo llegan al 5%, lo que para las autoridades "es muy bajo".
"No se va a llegar al objetivo del 30% de recuperación que está previsto en el decreto del Ministerio de Ambiente (para este año)", aclaró Moncecchi el 6 de octubre ante los ediles.
"La idea es crear un precio que permita trasladar los costos de la gestión de los residuos de envases de los productos ―hoy asumidos por la IM― a las empresas, así como a los fabricantes e importadores de bandejas, cajas, films y demás materiales de envasado que integran la distribución o comercialización", fundamentó el jerarca, exministro de Industria en el último gobierno de Tabaré Vázquez y hombre de confianza de Cosse.
"Los residuos de envases que deberían gestionarse en forma segregada, bajo la responsabilidad del sector fabricante-importador, hoy tiene como destino los sistemas de recolección gestionados por la IM, cuando no van a destinos inadecuados como arroyos, playas o espacios públicos. Esto hace que la IM incurra en inversiones y gastos adicionales", defendió.
Camilo dos Santos
Guillermo Moncecchi, director de Desarrollo Ambiental
Moncecchi insistió en que "solo se va a cobrar aquello que la Intendencia hoy efectivamente lleva gastado" y que el costo para las compañías "no compite con el Plan Vale" con el que la Cámara de Industrias está reformulando con las intendencias el sistema de plantas de clasificación.
"Todos los datos suministrados van a ser públicos y completamente transparentes, tanto los análisis que hace la IM para determinar los costos como las declaraciones juradas que realicen las empresas (sobre cuánto vierten en el mercado). Esto es como forma de asegurarles a todas las partes la absoluta proporcionalidad entre lo que cuesta y lo que se está pagando", garantizó el jerarca.
Ante una consulta del edil blanco Rafael Seijas, Moncecchi aclaró que "no hay un doble pago" en los casos en que hay un importador y otra empresa que pone la etiqueta y la saca a las góndolas del mercado. "Paga el que importa el producto, no el que importa la botella", dijo ante el ejemplo de la venta de sidra.
"Nos oponemos firmemente al proyecto por entender que el único afán que tiene es recaudador, con Carolina Cosse nuevamente generando impuestos", acusó el nacionalista Seijas. "No se impone para cambiar nada en el sistema de reciclaje sino que es exclusivamente para recaudar. Al final del camino la termina siempre pagando el vecino", dijo a El Observador.
Moncecchi ha insistido en el pasado que "el traslado a precios no debería ser muy grande, pero si lo hay, es como funciona la economía". "Yo también traslado a tarifas lo que me cuesta la recolección, y acá habría una nueva recaudación para eso", había declarado a El Observador.