Nacional > FALLO DE LA SCJ
IM cambió la tasa de inflamables declarada inconstitucional y la convirtió en impuesto
La Intendencia de Montevideo (IM) envió a la Junta Departamental el proyecto de un decreto para "reestructurar" la tasa de inflamables que la comuna cobraba hace casi 60 años por cada litro de combustible que carga y transporta Ducsa –la distribuidora de Ancap– y que días atrás, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) determinó que es inconstitucional.
La SCJ entendió que la tasa de inflamables era inconstitucional porque la IM no prestaba una contraprestación y, por lo tanto, no podía cobrarla. El decreto que enviará la IM a la Junta cambia la modalidad y pasa la tasa de inflamables a un impuesto. El director de Recursos Financieros de la IM, Mauricio Zunino, explicó que la "reestructura" de la tasa permite cumplir con el dictamen de la Justicia y seguir manteniendo la recaudación de 500 millones de pesos (unos US$ 12 millones) para las políticas ambientales.
"La idea es que con la nueva propuesta se pueda continuar con el esquema de financiación de los proyectos de 'Montevideo más verde' para darle un marco ambiental a lo que implica tener camiones circulando con cargas inflamables, desgaste de vías de circulación, excepciones para vía de circulación, porque algunas excepciones para circular son para los que trasladan combustibles", señaló Zunino.
La tasa de inflamables se convertirá en un impuesto. "La tasa fue eliminada porque esto generaba inequidades", dijo Zunino, sobre que el dictamen solo aplicaba a la demandante que es Ducsa, parte de Ancap, y no para el resto de las empresas de combustibles.
Eso había generado una baja del precio del combustible de $ 0,22 por litro desde fines de junio.
"Lo reestructuramos a un cambio de instrumento tributario. Vamos a cambiar de tasa a impuesto", explicó el jerarca. La IM seguirá recaudando el mismo monto (500 millones de pesos) y se aplicará a todas las empresas del rubro.
"Un órgano departamental no puede crear un impuesto", dijo a El Observador el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, días atrás. Consultado al respecto, el director de Recursos Financieros de la IM dijo que el impuesto está amparado por el artículo 297 de la Constitución de la República, que define la fuente de recursos de los gobiernos departamentales.
El fallo de la Justicia
En un fallo unánime, la Corte indicó que la tasa que cobraba la Intendencia por cada litro de combustible que salía en los camiones de Ducsa desde la planta de La Tablada es inconstitucional, debido a que como tasa no presentaba una "contraprestación" por parte de la comuna, y por lo tanto era un impuesto.
Según el decreto municipal 12.354 de la Intendencia capitalina, publicado en agosto de 1962, a cambio de la tasa la comuna realizaría un "régimen de inspecciones periódicas" a los vehículos de transporte de combustibles. Sin embargo, este control "nunca existió", según Durand, hecho que también vio la Suprema Corte para declarar inconstitucional la tasa.
En 2013 Ancap y la Intendencia acordaron reducir gradualmente el impuesto hasta su desaparición en un plazo de 10 años, algo que comenzó a aplicarse en 2017. Luego de un 2016 en el que la tasa costó a Ancap US$ 22 millones, en 2022 el costo fue de US$ 15 millones, y para 2023 se preveía un gasto de US$ 12 millones para pagar el gravamen.
